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Así aporta la mediación penal a la justicia del país
Así aporta la mediación penal a la justicia del país
La restauración del tejido social y la descongestión judicial son dos de las principales contribuciones que hace el Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UdeA, gracias a los convenios de mediación penal que se adelantan con la Fiscalía General de la Nación en Medellín y Antioquia, y recientemente en otras regiones del país.
En los casos que llegan al Centro de Mediación Penal del Consultorio Jurídico de la UdeA deben hacer presenacia el ofensor y el ofendido, así como un estudiante de Derecho y un profesor que verifica que se cumplan con las normas establecidas para estos casos. Foto Dirección de Comunicaciones / Alejandra Uribe F.
El Consultorio Jurídico de la Universidad de Antioquia se convirtió en referente nacional de los procesos judiciales que se resuelven con la mediación penal, debido al alto número de casos con cierre exitoso y porque la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas capacita en esta modalidad a estudiantes y a profesionales de esta disciplina, a la vez que contribuye a la descongestión judicial.
Este es el resultado de un proceso que empezaron profesores del área penal en 2013, quienes crearon el primer protocolo de mediación en el país, algo que estaba incluido en el código penal, pero que no había sido reglamentado por la Fiscalía General de la Nación. Y cuando en 2022 esta institución por fin lo hizo, la UdeA se convirtió en la primera institución de educación superior del país en firmar un convenio con el ente acusador para que estudiantes en prácticas de últimos semestres, con el acompañamiento de docentes, pusieran en ejecución ese modelo de justicia, que, aunque nuevo en Colombia, existe desde hace años en otras naciones, como España o Suecia.
«El derecho penal no es la única herramienta para resolver los conflictos entre las personas y la justicia retributiva se quedó corta para solucionar los conflictos de la sociedad. Con estas dos ideas como base, los docentes de nuestra Facultad crearon, en 2013, el protocolo que hoy sirve como guía a otras entidades, apoya la labor de jueces y fiscales, y contribuye a la descongestión de juzgados», manifestó Lina María Noreña Castrillón, coordinadora de prácticas de derecho penal en el Consultorio Jurídico de la UdeA.
Esta docente e investigadora explicó que «con estos se busca que ofendido y ofensor resuelvan su conflicto con apoyo de un tercero neutral, un mediador, que facilita el diálogo. Ni las propuestas ni las soluciones salen de él, esto lo hacen ofendido y ofensor con compromisos muy claros».
Agregó que este procedimiento «busca el origen del conflicto, mira problemas anteriores, para que las partes puedan hacer sus propuestas de solución, de modo que haya una reconstrucción del tejido social. Se parte de preguntas como ¿por qué pasó eso?, ¿cómo se llegó a eso?».
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Para ser mediadores penales, los interesados deben ser abogados o estudiantes de últimos semestres y capacitarse en este aspecto y, por eso, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas creó un curso autogestionable, en modalidad virtual, donde los participantes adquieren formación en justicia restaurativa para aplicar la mediación en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes —SRPA— y personas adultas.
«Estamos tratando de darles a nuestros estudiantes una formación muy detallada y específica en todo lo que tiene que ver con la mediación. Ellos no solo reciben formación en derecho penal sobre el sistema acusatorio de adultos y el SRPA, sino que también adquieren otro tipo de habilidades, porque contamos con profesoras del área sicosocial —profesional en salud, trabajadora social y psicóloga— que intervienen en la formación de los estudiantes para aprender a manejar las situaciones y emociones de las personas en estos diálogos de mediación», anotó la profesora Lina Noreña.
«Lo que diferencia la mediación de la conciliación es que los mediadores deben detectar si hay algún tipo de problemas diferentes al jurídico, porque lo que buscamos no es solo una solución jurídica al proceso penal, sino a la vida de las personas»: Lina María Noreña Castrillón, docente Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UdeA
Acuerdos para apoyar la descongestión
En diciembre de 2021 la Fiscalía General de la Nación y la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UdeA firmaron el convenio para la prestación del servicio de mediación, que quedó bajo la coordinación de la docente Luz Marina Monroy, quien aclaró que «este se puso en marcha luego de refinarlo, en agosto de 2022, y de esta manera nos convertimos en la primera universidad del país en prestar este servicio».
La psicóloga e investigadora precisó que «se trata de un convenio de prácticas, mediante el que nuestros estudiantes de últimos semestres empiezan a recibir casos de mediación penal y justicia restaurativa y somos la universidad que más casos de esta naturaleza ha asumido y resuelto», lo cual llevó a que, en noviembre de 2023, la Fiscalía le hiciera un reconocimiento al Consultorio Jurídico de la UdeA «por su liderazgo, compromiso y puesta en marcha de la mediación penal en la ciudad de Medellín».
Esta modalidad de justicia restaurativa aplica para todo tipo de delitos, pero las consecuencias son diferentes: en el caso de los querellables —comportamientos con castigos menores y en los que la justicia se activa solo por denuncia de una persona—, luego de que las partes se pongan de acuerdo sobre cómo se va a reparar el daño, el proceso penal se detiene antes de llegar a juicio y se puede borrar de los antecedentes del ofensor.
En el caso de oficiosos —más graves que los anteriores y en los que la justicia actúa sin necesidad de una denuncia—, no se extingue el delito ni se acaba el proceso penal, pero la Fiscalía, al ver que las partes, con la mediación de un tercero, resolvieron el conflicto a través de acuerdos de diferente naturaleza —económicos o simbólicos—, puede rebajar la pena y en la etapa de ejecución de esta puede dar beneficios, como sustitución de parte de la condena en el lugar de residencia del victimario.
«La tarea no es fácil, pues esto es relativamente nuevo y no todos los fiscales se adhieren a este tipo de protocolos, porque tienen un pensamiento que se debe depurar. Asimilan la justicia restaurativa y la mediación penal con impunidad. Pero con los casos que hemos gestionado acá, hemos encontrado que algunos fiscales ya les dicen a sus usuarios que tienen más opciones para resolver sus conflictos, porque los profesores, estudiantes y la comunidad en general ya hemos verificado las bondades de este mecanismo», resaltó Luz Marina Monroy.
Las cifras del acuerdo
Entre el 20 de octubre de 2022 y el 31 de diciembre de 2023, la Fiscalía General de la Nación remitió 40 casos a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UdeA para mediación por parte de los estudiantes de últimos semestres, que cuentan con el apoyo de profesores de esa unidad académica.
De estos, 15 casos —el 37,5 % — se cerraron con éxito, 14 —35 %— continuaban en proceso, aunque cuatro de estos estaban pendientes de entrega del informe final con el acuerdo de mediación alcanzado, y 11 —27,5 %— se devolvieron a la Fiscalía.
Entre los casos mediados hay 13 de lesiones personales, 11 de violencia intrafamiliar, siete de inasistencia alimentaria, cuatro de hurto, uno de estafa y uno de homicidio, y otros tres por amenazas.
De manera simultánea, la unidad académica de la UdeA trabajó en 2023 en una estrategia de justicia restaurativa en los municipios de Carepa, Apartadó, Turbo y Chigorodó, gracias a un convenio con la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos —Usaid—, en el marco del cual se realizaron 25 encuentros, en los cuales se analizaron cerca de 1000 procesos.
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