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Alimentos para la paz

21/10/2020
Por: Germán Darío Valencia Agudelo, profesor Instituto de Estudios Políticos UdeA

«... El país debe avanzar en garantizar a los más pobres, el poder disponer y tener acceso eficaz y permanente a los alimentos que cubran sus requerimientos nutricionales...»

Cada día, según estimaciones de organismos internacionales como la Unicef, el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud (OMS), mueren en el mundo 8.500 niños de hambre. Es decir, cada cinco segundos un pequeño deja de existir a causa de la no ingesta apropiada de alimentos. Lo que representa que al terminar de leer usted esta columna, labor que estimo dure cinco minutos, habrán fallecido 30 niños y niñas en el globo, a causa de esta terrible enfermedad.

Para la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) el hambre es una enfermedad crónica, que mata lentamente. Una pandemia que sufre millones de personas, aquellas que no tienen “acceso físico, social y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana” (http://www.fao.org/documents/card/es/c/ca8873es/).

En el mundo, las regiones que más crisis del hambre tienen son la África subsahariana y la Asia meridional. En estos lugares, uno de cada tres niños padece de retraso en el crecimiento a causa del hambre. Y en América Latina y el Caribe, donde también se padece este mal, de nuevo la FAO habla, para 2018, de una población en extrema de inseguridad alimentaria de 42,5 millones. Siendo Haití (49,3 %), la República Bolivariana de Venezuela (21,2%) y Nicaragua (17%) los países con mayor prevalencia de personas que sufren hambre.

Para Colombia, hace tan solo cinco años, las cifras eran desalentadoras: La Encuesta Nacional de Situación Nutricional mostró en 2015 que el 10,8 % de los niños y niñas menores de 5 años que sufrían de desnutrición. Y para principios de 2020, en época pre pandemia, la Gran Alianza por la Nutrición, que lucha contra el hambre en el país, encontró que el 54,2% de los hogares en Colombia presentan inseguridad alimentaria. Además, que, por cada 100 mil niños menores de 5 años, seis mueren en el país a causa de deficiencia y anemias nutricionales.

Números que, como se ha insistido, vienen en aumento en la actual crisis de la salud por la COVID-19. Las medidas sanitarias de aislamiento preventivo tienen y tendrán efectos directos en el nivel de producción, empleo, pobreza, desnutrición y muerte por hambre. La disminución de la actividad económica ha afectado el empleo informal y con ello las posibilidades de que la gente cuente con los ingresos diarios para adquirir los bienes y servicios necesarios para llevar una vida sana y bien alimentada.

Es una problemática que desafortunadamente se complejiza más con fenómenos de la coyuntura política actual. Una crítica situación que se amplia, en primer lugar, con los problemas de consecución de alimentos para los miles de víctimas que deja mensualmente el conflicto armado, y que ha hecho que, en lo corrido del año, se tengan 20 mil desplazados más. Y, en segundo lugar, con los miles de migrantes extranjeros que llegan a nuestros territorios, en especial, los venezolanos, que, según cifras oficiales, al primero de marzo de 2020 eran más de 1.825.000.

Población en situación de pobreza extrema, desplazada y refugiada que aumenta las cifras de hambre en el país y evidencia el deterioro de la seguridad alimentaria que tiene Colombia. De allí que sea necesario insistir en avanzar en la asignación y entrega de una renta básica a esta población. El país debe mirar a los habitantes más afectados por la guerra, como Choco, La Guajira y Putumayo, y aquellos territorios con más presencia de migrantes y desplazados.

Ponerles los ojos en estas poblaciones permitirá avanzar en el cumplimiento de los tratados internacionales firmados por Colombia. Como, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y culturales, reafirmado en 1968, a través de la Ley 74, por el Estado colombiano. Y el compromiso que ha asumido el país de aportar a los objetivos 1 y 2, se relacionan con poner fin a la pobreza y el hambre, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, al 2030.

También, avanzar en el cumplimiento de la implementación del Acuerdo Final de paz. Pues en el numeral 1.3.4 “Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral” de este tratado de paz, que también hace parte del bloque de constitucionalidad, se estableció la obligatoriedad para el Gobierno de poner en marcha un sistema especial para la garantía progresiva del derecho a la alimentación de la población rural.

Un sistema que tiene como pilar un incremento de la producción de alimentos, ampliación de ingresos y creación de una política alimentaria y nutricional con enfoque territorial y étnico. Y que quedó muy claramente establecida allí: “la obligación de garantizar de manera progresiva el derecho humano a la alimentación sana, nutritiva y culturalmente apropiada, con el propósito de erradicar el hambre y en esa medida fomentar la disponibilidad, el acceso y el consumo de alimentos de calidad nutricional en cantidad suficiente”.

En conclusión, es oportuno resaltar el deber que se tiene en Colombia de trabajar por el derecho a la alimentación. El país debe avanzar en garantizar a los más pobres, el poder disponer y tener acceso eficaz y permanente a los alimentos que cubran sus requerimientos nutricionales. Un derecho a la alimentación que, además de ser un compromiso asumido con la comunidad internacional en los tratados firmados, es una necesidad para construir la paz en los territorios y mejorar el bienestar de la población rural, logrando el cierre de brechas entre el sector urbano y rural, en un horizonte de 10 años.

Este texto fue publicado el martes 20 de octubre en la página de la Fundación Paz y Reconciliación 


Nota

Este es el espacio de opinión del Portal Universitario, destinado a columnistas que voluntariamente expresan sus posturas sobre temáticas elegidas por ellos mismos. Las opiniones aquí expresadas pertenecen exclusivamente a los autores y no reflejan una opinión o posición institucional de la Universidad de Antioquia.

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