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Periódico Alma Máter

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Sociedad

Rechazo general, explicación diferente

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05/08/2019
Por: Redacción periódico Alma Máter

Las amenazas y asesinatos de líderes sociales, sus causas e implicaciones, han motivado en el país diversas posturas y un tenso pulso político. Distintas voces ofrecen aquí su lectura sobre este fenómeno.

Fotos: cortesía archivos personales. Intervención gráfica: Andrea Henao Jaramillo.

Paloma Valencia
Senadora Centro Democrático

Sistematicidad implica que haya un plan de matar a líderes sociales y no creo que exista ese plan. Los han ido matando de manera no sistemática. Los van matando según la necesidad del grupo criminal que esté ahí. Pero no es que haya un plan de «vamos a matarlos». Es más como, orgánico, por así decirlo. La organización criminal mata a líderes sociales, mata a campesinos. No es que sea como un plan maestro, como centralmente planificado, que sugeriría la sistematicidad.

Es muy grave que maten a un líder social, porque lo que se hace es debilitar a la comunidad y, cuando se debilita a la comunidad, le queda más fácil a los violentos tomar control de ella, para evitar que el Estado pueda entrar. En la medida que usted manipula a las comunidades, las obliga a estar del lado de la ilegalidad. El líder es el representante más primario de la estructura democrática y, cuando usted lo mata, va sacando el poquito Estado que había.

Franklin Castañeda
Miembro Comisión Nacional de Garantías de Seguridad

La protección a líderes sociales debe trabajarse en la Mesa de Garantías, un espacio que no había podido reanudarse con este Gobierno. La tarea de la mesa es concertar una política pública para la protección de los líderes sociales, que vaya más allá de la UNP y que hable de las cosas necesarias para garantizar no solo su vida, sino también su labor, que incluye la protesta social, la movilización, no sufrir estigmatización, fortalecer los medios de denuncia...

Aquí hemos tenido años en los que han sido asesinadas más de mil personas vinculadas a organizaciones sociales, como en 2002 o 2003. Sin embargo, uno esperaría que el fin del conflicto armado con las Farc trajera reducción de la violencia relacionada con el ejercicio del liderazgo social y político, pero lo preocupante es que, luego de muchos años de disminución, hay un aumento de esta.

Esto no se corresponde con lo que debería darse en un escenario de posacuerdo. Debería ser un clima de mayor democracia y seguridad para ejercer derechos y, sobre todo, para la política y el liderazgo. Por eso es grave que en Colombia hayan sido asesinadas, en los últimos tres años, más de 500 personas relacionadas con el ejercicio del liderazgo. Eso sería grave en cualquier país del mundo y más en uno que acaba de firmar un acuerdo de paz.

Aida Avella
Senadora Unión Patriótica

Además de que nos victimizan, nos matan, encima ponen en duda si son líderes sociales o no. Para nosotros todos son líderes sociales, y si en el crimen se le llevaron el celular, ese no es más que el accesorio del crimen. Ahí está la gran diferencia.

Yo sí creo que a la gente que matan teniendo un cargo de dirección en cualquier junta de acción comunal o en cualquier sindicato, lo matan por eso. Y no es tan difícil saber quién los mata, porque ¿quién mata a los señores que en estos momentos están en la reclamación de tierras? Pues alguien que está en la tierra. Por ahí debe empezar la investigación.

Aparecen una serie de cosas muy graves y para mí es exactamente el mismo modelo: lo que hicieron con nosotros (los miembros de la Unión Patriótica) fue una cacería humana. Lo que están haciendo con los líderes sociales es una cacería humana. Y con listas en mano. ¿Quién está haciendo las listas? A nosotros nos mataron y sabemos quiénes lo hicieron y por eso ganamos la demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque el Estado fue declarado responsable por tres razones: por omisión, por colaboración y por acción directa.


Santiago Gómez Ortiz
Integrante Consejo Estudiantil de la Facultad de Ciencias

Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia Lo que sufren líderes sociales y defensores de derechos humanos obedece a una persecución por su pensamiento diferente y las herramientas que construyen con las comunidades para cuidar sus proyectos colectivos. Esto no es nuevo en el país, de hecho es uno de los factores de surgimiento del conflicto social y armado, es un factor persistente. Se les denomina líderes sociales porque defienden proyectos colectivos y también como una estrategia para visibilizarlos dentro de sus grupos. Por eso son objetos de este actuar que busca desarticular ese pensar un país diferente.

Quienes estamos en el movimiento estudiantil, a pesar de los señalamientos, somos unos privilegiados frente a lo que afrontan otros líderes. Cada vez que nos pasa algo, que nos señalan, nos amenazan, tenemos una opinión pública que nos respalda, un rodeo institucional que nos permite hacer frente a esas situaciones. Por eso debemos ser más solidarios con quienes no tienen esta posibilidad. 

Pablo Elías González
Director Unidad Nacional de Protección

Nosotros atendemos a 19 tipos de poblaciones con riesgo mayor, como violencia por razones de cargo público, y también los que están más expuestos por el ejercicio de una actividad reconocida a nivel local, regional o nacional, como el liderazgo social, la defensa de derechos humanos, el periodismo. 

En estos momentos protegemos, más o menos, a 4.500 líderes sociales y defensores y defensoras de derechos humanos. Y tenemos una población de protegidos de 7.400 personas. 

La UNP se creó por la persecución contra los líderes sociales, la eliminación física de ellos. Pero en un programa de protección integral propiamente está la fuerza del Estado para controlar a las organizaciones criminales o a quienes estén detrás delasesinato de líderes sociales. El Estado debería tener la eficiencia necesaria para ejercer ese control y no tener organismos como la UNP. Pero como existimos, nos toca dar la protección especializada.

Cristian Delgado
Coordinador Comisión Nacional de Derechos Humanos del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica

En Colombia se está asesinando día por medio a un defensor o defensora de derechos humanos y quienes más lo padecen son los de las comunidades alejadas de centros urbanos. Hay una estigmatización de la labor de los defensores de derechos humanos, además de que en el país estamos en una fase de normalización de la violencia, en una indolencia ante lo que está ocurriendo. Hace mucha falta una pedagogía sobre la importancia de los defensores de derechos humanos, de respeto a la vida y de la noviolencia.

Hoy por hoy un líder social en Colombia pasa los días viendo cómo sobrevive: asimilando las amenazas o la posibilidad de que los maten. Es una preocupación diaria. Se hizo un compromiso por hacer presencia social, que no se ha cumplido, en territorios que anteriormente controlaban las Farc y que están siendo disputados por grupos armados y las más afectadas son las poblaciones.


Leonardo Díaz
Coordinador programa Somos defensores

Lo que pasa en Colombia, no solamente frente al asesinato de líderes sociales, sino también frente a las amenazas al movimiento social, no es nuevo. Más o menos en 1977 empieza a organizarse un paro general y el gobierno de (Julio César) Turbay crea el Estatuto de Seguridad y ahí se empieza a criminalizar la actividad de los luchadores sociales. El Programa de Protección del Ministerio del Interior surge en 1997, como una necesidad de las organizaciones de Derechos Humanos y de trabajadores organizados que exigieron una respuesta por parte del gobierno de (Ernesto) Samper, ante la escalada fuerte de violencia generada por los paramilitares.

La diferencia de la violencia ahora con la de las décadas anteriores es que mediáticamente los líderes sociales están recobrando vigencia. Periódicos de circulación nacional registran la situación y cada vez que hay un asesinato podemos enterarnos por los noticieros. Esto no se hace de manera gratuita. Esto es por los compromisos del Estado con la comunidad internacional para la protección a líderes sociales. Antes, hablar de eso era supuestamente ser aliado del comunismo, del terrorismo (…) Lo que pasa con los líderes sociales es sistemático e histórico. De acuerdo con los informes recogidos, en más del 50 % de los casos se sabe quién está detrás de los asesinatos.

Cifras en disputa

  • Las cifras sobre asesinatos de líderes sociales en el país no son claras, pues no solo dependen de las fechas en que se recopilan los datos, sino también de la definición del concepto.
  • Las entidades del Estado son apenas una muestra. Desde que se firmó el acuerdo final entre el Gobierno nacional y las Farc, en noviembre de 2016, y hasta mayo de 2019 han sido asesinadas unas 400 personas identificadas como líderes sociales, según la Fiscalía General. En el mismo periodo, la Defensoría del Pueblo contabiliza 486 homicidios.
  • Una iniciativa liderada por el Instituto de Estudios para el Desarrollo de la paz —Indepaz—, Marcha Patriótica, Cumbre Agraria y el proyecto Pacifista, estableció que, entre el 24 de noviembre de 2016 y el 20 de julio de 2019, los asesinados son 765 hombres y mujeres reconocidos como dirigentes de diferentes regiones o sectores sociales.
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