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AccionesEl silencio como trofeo
«... La posición dominante de un empresario y sus afanes de proteger sus intereses económicos logra hacer lo que en otros países hacen los gobiernos antidemocráticos: acallar la información crítica e independiente sobre los agentes del poder, ...»
Hace algo más de 10 años, la Casa Editorial El Tiempo compró la Revista Cambio. El equipo de periodismo investigativo, con María Elvira Samper a la cabeza, venía desarrollando una intensa agenda de trabajo alrededor, entre otros temas, de la seguridad democrática y sus dudosos éxitos que incluían el asesinato de civiles para reclamar recompensas por parte de miembros del ejército y un creciente deterioro de la seguridad urbana; se ocuparon también de la distribución de subsidios del programa de Agro Ingreso Seguro (AIS), poniendo en conocimiento de la opinión pública decisiones que tenían que ver con la asignación de grandes sumas de dinero público a través de la modalidad de subsidios a productores del campo.
El primero de estos temas molestó al exministro y precandidato presidencial Juan Manuel Santos; el segundo, terminó enredándole las aspiraciones políticas a Andrés Felipe Arias, quien por obvias razones también expresó su molestia con este tipo de periodismo.
Se hizo evidente que Cambio era, en aquel momento, la única revista influyente y de gran circulación que había logrado indagar y poner ante la opinión pública información relevante para cuestionar la gestión gubernamental del segundo periodo de Álvaro Uribe, es decir, de un mandatario que se había esforzado por mantener la imagen de su gobierno más allá del alcance de los ojos y de la crítica de los medios, sobre todo de aquellos de mayor cobertura.
Para aquella clausura se adujo la decisión de la empresa editorial de reorientar sus publicaciones hacia mercados más segmentados. Y para tomarla, pesaron las presiones de algunos de los socios de la casa editorial. El objetivo era evitar, en la medida de lo posible, disgustos con el gobierno de turno.
Aunque la justificación no fuera transparente, era evidente el peso de los argumentos económicos, que no se agotaban en la inviabilidad económica de la revista, sino que perseguían conjurar los riesgos que corrían otros intereses del grupo editorial en los que estaba comprometido el gobierno como decisor.
Aquel evento, que afectó seriamente el pluralismo del periodismo y de la opinión, se reedita hoy bajo otro formato. La revista Semana, controlada por el Grupo Gilinsky, ha hecho ajustes en su equipo de columnistas desde mediados del 2019. El sentido de esos ajustes apunta a dejar sin voz a los periodistas más incómodos para el actual gobierno y, a cambio, llenar esos espacios con otras voces orientadas a cuestionar a los contradictores del mandatario y de su partido. El retiro del espacio de opinión ocupado por Daniel Coronel y la renuncia de Daniel Samper Ospina, son parte de una refacción que seguro no se detendrá.
Un año atrás se había producido una primera cancelación de la columna de Coronel por cuestionar la política editorial de la revista, que se negó a publicar un informe sobre la nueva versión de falsos positivos estructurada por agentes de las fuerzas militares.
Las preguntas incómodas de Coronel, y las investigaciones de José Guarnizo, implicaron abrir de nuevo el debate alrededor de los falsos positivos y estuvieron acompañadas, como hace diez años, de medidas contra los periodistas que se ocuparon del tema. Y todo ello con el sello característicos de nuestros grandes medios: a cambio de simpatías gubernamentales, sus propietarios ofrecen el silenciamiento.
Quienes han cultivado el periodismo investigativo, quienes han hecho un periodismo cultural menos pobre y menos complaciente, y quienes han aportado información relevante para que los ciudadanos nos hagamos una idea de la manera como están funcionando nuestras instituciones, hoy encuentran menos espacio en los medios de comunicación más poderosos y de mayor cobertura.
No creo que los propietarios hayan tomado decisiones pensado solo en sus finanzas. Creo que profesan una noción del periodismo en la cual la libertad de empresa prevalece sobre la libertad de opinión. Esto quiere decir que no solo se impone un principio económico sobre uno político, sino que se hace primar un criterio liberal sobre uno que tiene mayores visos democráticos.
La secuencia de lo que ha ocurrido con Semana y con su propietario censor, revela el problema de las posiciones dominantes en materia de prensa, del efecto que la libertad de los propietarios de los medios puede tener sobre la libertad de los periodistas y, con todo esto, la capacidad que tienen algunos intereses privados para imponerse sobre bienes públicos de gran relevancia. La concentración de los poderes político, económico e ideológico ha sido un gran problema para la construcción de las democracias.
Aunque debería decirse también claramente, la responsabilidad de esta decisión no recae en los políticos que hoy ejercen el gobierno. Su influencia directa resulta secundaria cuando cuentan con amigos acuciosos que tratan de evitar las molestias de los poderosos.
La posición dominante de un empresario y sus afanes de proteger sus intereses económicos logra hacer lo que en otros países hacen los gobiernos antidemocráticos: acallar la información crítica e independiente sobre los agentes del poder, presionar para que quienes hacen uso de la voz con determinación -para develar los secretos del gobierno- deban buscar la salida y callarse.
Los dueños de Semana son una fuente importante de restricciones a la libertad de prensa y opinión. Sus intereses hacen que las molestias del gobierno sean las suyas propias, y por esa especie de lealtad actúan contra el pluralismo indispensable y socavan las bases fundamentales para el mantenimiento de la democracia. El silencio del periodismo crítico es un trofeo que ellos comparten ahora, generosamente, con el gobernante.
Nota
Este es el espacio de opinión del Portal Universitario, destinado a columnistas que voluntariamente expresan sus posturas sobre temáticas elegidas por ellos mismos. Las opiniones aquí expresadas pertenecen exclusivamente a los autores y no reflejan una opinión o posición institucional de la Universidad de Antioquia.
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