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Tumaco: Frontera, exclusión, olvido y covid

03/07/2020
Por: Román Restrepo Villa, profesor Facultad Nacional de Salud Pública y Sofía Zapata Henao, estudiante Administración Ambiental y Sanitaria.

«... Los históricos procesos de exclusión en Colombia, principalmente hacia las poblaciones indígenas y afrodescendientes, son los que están detrás de las diferencias en las cifras de incidencia y mortalidad y de la disponibilidad de recursos físicos, financieros, materiales, humanos...»

Porque las vidas afro e indígenas también importen en Colombia

“El Virus es un espejo, muestra en qué sociedad vivimos”   Byung-Chul Han

La población afrocolombiana (los hermanos directos de Anderson Arboleda y George Floyd) constituye el 80.1% de la población de Tumaco y junto con la población indígena (4.6%), conforman la inmensa mayoría en este municipio del extremo suroccidental de Colombia[1]. Allí, Indígenas y afrocolombianos son el 84.7%, mientras que en el país, representan el 13.7% del total, según cifras oficiales del Censo de 2018[2].

En San Andrés de Tumaco, solo el 31.7% de sus hogares tienen acueducto y apenas el 5.5% tienen alcantarillado, mientras que en el país la cobertura con esos dos servicios es del 84.6% y el 76.6% respectivamente. Adicionalmente, en este puerto sobre el pacífico, el déficit de vivienda es del 38.7%; todas cifras reportadas por el DANE en el Censo del año 2018.

Como en los datos anteriores, las brechas en las condiciones de vida, entre la población general y las poblaciones étnicas en Colombia, son abrumadoras, estructurales y hoy más que nunca evidentes, producto de un histórico proceso de exclusión social de afrocolombianos e indígenas. Sus deficientes condiciones de vida, el aislamiento geográfico, el desplazamiento forzado, la ausencia del Estado y los embates del conflicto, vienen siendo los hechos más característicos de su cotidianidad, por supuesto, en convivencia hoy con la presencia de la pandemia en sus territorios.

Para muestra, según el informe de ACNUR de diciembre de 2019, desde 1985 en el país, más de 7.9 millones de personas han sido víctimas del desplazamiento forzado, de los cuales el 25,4% han sido indígenas y el 21% afrocolombianos. Solo entre enero y noviembre de 2019, “12.036 indígenas y 31.510 afrocolombianos han tenido que huir de sus hogares, según el Registro Único de Víctimas”[3].

Esa compleja realidad es el caldo de cultivo en el cual el virus se instala y la epidemia se expande a placer. Tumaco tiene más de la mitad de todos los casos de su departamento; en total 1.356 casos al 18 de junio, el 57.3% de los de Nariño. Mientras que la proporción de casos en el país por millón de habitantes es de 1.350, en este municipio es de 5.275, es decir más de cuatro veces mayor.

De la misma manera, si bien su tasa de letalidad por cien debida al COVID-19, es similar a la del resto del país, su tasa de mortalidad por la misma causa es cuatro veces mayor que la colombiaina: 160.6 por millón de habitantes en Tumaco, mientras es de solo de 41.9 por millón en Colombia.

Adicionalmente, en el 93.7% de los casos de este municipio no se conoce la procedencia del contagio  en tanto que a nivel nacional esa cifra es del 77.3% y en un departamento como Antioquia, esa cifra solo asciende al 44.8%, evidenciando las diferencias en sus recursos humanos epidemiológicos.

Con una población de 257.052 habitantes, el municipio cuenta con dos hospitales ambos públicos, las ESE Divino Niño y San Andrés. El segundo, hospital de referencia para 10 municipios del pacífico nariñense. Este último fue intervenido desde el año 2017 y justo un año antes del inicio de la pandemia en Colombia, la Supersalud, cambió el interventor (1 de marzo de 2019), ante la persistencia de los problemas que dieron origen a su intervención dos años antes.

Hoy todavía se recuerdan las imágenes de la alcaldesa de Tumaco al inicio de la pandemia, advirtiendo no estar preparados para su atención, no disponer de los equipos ni del personal necesario y clamando por ayuda al gobierno ante lo que advertía, podría ser una situación desastrosa.

El 23 de marzo, un día antes de que el nombre del municipio apareciera con su primer caso confirmado en el informe del Instituto Nacional de Salud, uno de los médicos del municipio denunció mediante un video publicado a nivel nacional, que como era su propio caso, ya se conocía de profesionales de la salud de ambos hospitales que teniendo un resultado positivo para COVID-19, eran obligados a continuar trabajando, sin guardar el debido aislamiento ante tal resultado.

Un asunto más escandaloso aún es que a pesar que la progresión de los casos durante los meses de abril y mayo en este municipio fue a todas luces llamativo, ni al Gobierno Nacional ni al Departamental pareció importar, o al menos no supieron qué hacer ante la situación. En la primera semana de positividad en el municipio, hubo 3 casos, número que en los 15 primeros días de abril se triplicó y en la segunda quincena se multiplicó por 15 veces; esta última cifra en la primera quincena de mayo se multiplicó por 4 y una cifra igual se sostuvo en la segunda quincena.

No obstante, hubo que poner una acción de tutela para exigir la obvia concertación de un plan de atención de la pandemia entre los gobiernos municipal, departamental y nacional (Acción de Tutela Nº 2020–00011–00 (114).

Efectivamente, el 27 de mayo la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pasto, falló la acción de tutela y ordenó que en un plazo de 7 días, en concurrencia de los tres niveles de gobierno, tendría que elaborarse dicho plan, amparando así “el derecho a la vida digna y la salud en cabeza de la población residente en la Costa Pacífica y Piedemonte Costero nariñense”, teniendo en cuenta que a esa fecha no contaban con los recursos necesarios para hacer frente a la pandemia.

Solo después de ese fallo, casi tres meses después de la declaratoria de emergencia sanitaria en el país (el día 2 de junio de 2020), el Gobierno Nacional en cabeza de la Vicepresidenta, instaló el Puesto de Mando Unificado en el municipio.

Claramente este caso, como muchos otros en el país, permiten concluir que, si bien en la tarea educativa y para lograr el acatamiento en la población de las medidas del manejo sanitario de la crisis, repetimos que todos estamos expuestos y que el virus puede ser contraído por cualquier persona, lo que hace el COVID-19 es ratificar que ni esta ni ninguna otra situación que afecta la salud, presenta un comportamiento democrático. Por el contrario lo que más claramente hacen es evidenciar la inequidad social. Esta y la exclusión social son puestas dramáticamente al descubierto.

Los históricos procesos de exclusión en Colombia, principalmente hacia las poblaciones indígenas y afrodescendientes, son los que están detrás de las diferencias en las cifras de incidencia y mortalidad y de la disponibilidad de recursos físicos, financieros, materiales, humanos y más aún, son los que explican la ausencia de la acción de los gobiernos, como en el caso de Tumaco, de los niveles nacional y departamental, representada en su falta de interés y compromiso en asumir responsable y solidariamente la situación y consecuentemente, en la toma de decisiones asertivas y oportunas que demostrarán que las vidas Afro e indígenas también importan en nuestro país.

__________________

Referencias

[1] Alcaldía Distrital de Tumaco. Proyecto de Acuerdo por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Distrital  “Enamórate de Tumaco 2.020 – 2.023”. Disponible en: file:///C:/Users/LENOVO/Documents/Fax/Scanned%20Documents/Documents/COVID%2019/Covid-Fronteras/Plan%20de%20desarrollo%202020-2023.pdf. Consultado el 23 de mayo de 2020.

[2] República de Colombia. DANE. Comunicado de Prensa. 25 de noviembre de 2019

[3] UNHCR- Agencia de la ONU para los Refugiados. Ficha Informativa Colombia. Bogotá Distrito Capital. Diciembre 2019


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