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Qué le espera al país en la carrera por vacunas contra el COVID

24/11/2020
Por: Jaime Alejandro Hincapié García, vicedecano Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias UdeA y Jairo Humberto Restrepo Zea, profesor Facultad Ciencias Económicas UdeA

«... El país debe apoyar decididamente los mecanismos para favorecer el acceso a la vacuna de la mayor cantidad posible de colombianos...»

Desde principios de 2020, cuando apenas avanzaba la enfermedad del COVID-19 y ésta aún no se reconocía como una pandemia, se hicieron los primeros anuncios acerca del desarrollo de una vacuna. Con la secuenciación genética y su posterior publicación en una base de datos pública, múltiples centros de investigación, universidades, estados y empresas iniciaron la carrera por la vacuna. A menos de una semana de este hito existían acuerdos de colaboración entre centros de investigación y compañías farmacéuticas como Moderna, un reconocido fabricante de vacunas en Estados Unidos.

La carrera por la vacuna se da en la investigación y en la comercialización. Como sucede con cualquier tecnología médica, las primeras fases de desarrollo se dan en computadores, en los que se simula el concepto del producto. Luego pasa al laboratorio, donde se obtienen resultados más específicos que advierten sobre el posible comportamiento del producto en humanos. Posteriormente se realizan las pruebas con unas pocas personas voluntarias —estudios fase 1 y fase 2—, y enseguida se evalúa la eficacia y la seguridad en un número mayor de individuos —estudios fase 3—. La información derivada de estos estudios se recopila y se envía a las entidades regulatorias —como la FDA en EE. UU., la EMA en Europa o el INVIMA en Colombia— para obtener la aprobación. Por último, cuando ya está en el mercado, se llevan a cabo importantes estudios post-comercialización, que estarán centrados en evaluar la seguridad en grandes poblaciones.

Aunque en estos días se han hecho anuncios positivos acerca de la eficacia en los estudios fase 3 de algunas vacunas, aún falta camino por recorrer, tanto en lo relacionado con la investigación y la comercialización, como en los debates sociales y políticos sobre la vacunación. En ese sentido, las discusiones versan sobre tres temas relevantes:

Primero, la capacidad tecnológica. En la historia de la humanidad no se había desarrollado una vacuna en un año; muchas vacunas han tardado hasta décadas y algunas aún no se han alcanzado, como sucede con la de la malaria o el VIH. Un asunto crucial es que ante esta pandemia se han desarrollado tecnologías genéticas nunca usadas, como es el caso de la vacuna de Pfizer-Biontech. No obstante, estos desarrollos conllevan una preocupación sobre el perfil de seguridad del medicamento, debido a que muchas de las reacciones adversas se observarán cuando grandes poblaciones se hayan expuesto a la tecnología.

Segundo, el acceso a la vacuna. Es esta una de las discusiones más álgidas por cuanto resulta inmoral que los mecanismos para resolver un problema de la humanidad queden condicionados por las leyes del mercado. Al respecto, se han lanzado iniciativas que buscan la repartición equitativa de las vacunas, como el mecanismo COVAX, una estrategia multilateral en la que participan la OMS, fundaciones sin ánimo de lucro, empresas, centros de investigación y gobiernos, incluido Colombia.

El objetivo de COVAX es fabricar y distribuir 2.000 millones de dosis de vacunas en 2021. Ahora bien, surgen preguntas como: ¿De qué forma se hará la distribución de la vacuna cuando esté disponible? ¿Cómo será la participación de los países aportando capital de riesgo en una aceleradora tecnológica? o ¿Qué pasará si no se consiguen los resultados positivos en los plazos esperados? Pese a todo, COVAX parece ser una forma innovadora de reducir las preocupaciones sobre la capacidad tecnológica de algunas naciones y el acceso equitativo a las vacunas.

Tercero, los precios. Algunos movimientos sociales se han volcado a pedirles a los gobiernos que la vacuna debe quedar disponible para toda la humanidad, que pueda ser producida por todo el que tenga capacidades para ello, y que los gobiernos reembolsen o asuman solo los costos asociados a su fabricación, distribución y dispensación. Esto implica que no se deriven ganancias asociadas a patentes o derechos de exclusividad para las empresas farmacéuticas.

Aunque estas solicitudes son válidas, existen elementos que hacen muy compleja su implementación. Cuando una farmacéutica desarrolla una vacuna enfrenta una cuestión política y comercial, y otra financiera. Los anuncios sobre el desarrollo de una vacuna provocan que los gobiernos se interesen por construir acuerdos con las compañías farmacéuticas, lo que adquiere un trasfondo político, y además tiene un efecto sobre el valor de las acciones —lo financiero—. Por ejemplo, entre marzo y abril de 2020 el valor de la acción de Johnson & Johnson aumentó casi 50 %, lo que estuvo relacionado con anuncios sobre su participación en el desarrollo de una posible vacuna contra el COVID-19. Más recientemente, una vez que Pfizer y Biontech anunciaron que su vacuna tendría una efectividad del 95%, las acciones de estas compañías tuvieron un repunte, pero lo más notorio fue el alza de las bolsas de valores del mundo como una muestra de optimismo en materia de inversión, de ver la luz al final del túnel.

Por lo anterior es de esperar que la industria farmacéutica no quiera renunciar a su rol como actor en la comercialización de una vacuna. Por lo tanto, resulta necesario encontrar un punto intermedio, de modo que se garantice a la población una vacuna efectiva y segura, que cumpla con todas las fases de investigación, al tiempo que sea negociada a precios justos.

En Colombia, el gobierno conformó la “Instancia de coordinación y asesoría para el acceso a vacunas seguras y eficaces contra el COVID-19″, de la que también hacen parte la academia y algunas entidades técnicas. Resulta fundamental que las discusiones de esta instancia sean transparentes para toda la sociedad, en especial en los aspectos relacionados con el precio y la negociación de la vacuna. Si bien el gobierno está en las vísperas de la mayor campaña de vacunación pública de la historia y ha planteado que la vacuna será gratis para la población, se requiere transparencia para que los procesos de compra centralizados den cuenta de esa búsqueda de un precio justo y de los mecanismos de priorización y distribución.

Aunque se desconoce el precio exacto que tendrán las vacunas, por información de prensa se ha informado que la vacuna de AstraZeneca, la que resultaría del mecanismo COVAX, cueste unos 3 dólares por dosis, la de CanSino Biologics 5 dólares, la de Johnson & Johnson 10 dólares, la de Pfizer-Biontech 20 dólares, y la de Moderna podría rondar los 30 dólares.

Así que una campaña de vacunación en Colombia se movería entre una cobertura mínima de 15 % —solo para el personal del sector salud y pacientes con más riesgo, como aquellos con enfermedades como hipertensión arterial y diabetes— y una cobertura máxima de 60 % de la población que permita alcanzar cierta inmunidad colectiva. El presupuesto necesario estaría entre 150.000 y 700.000 millones de pesos, en caso de adquirir una vacuna de menor precio, o podría ascender hasta 1,5 a 7 billones de pesos para las vacunas que rondan los 30 dólares. El gobierno ha expresado que requerirá un presupuesto de entre 575.000 millones y 2,3 billones de pesos para la vacuna, lo cual parece razonable, siempre y cuando la vacuna que resulte eficaz y segura y que esté disponible en Colombia no sea negociada por más de 10 dólares por dosis.

Teniendo en cuenta que todo el presupuesto de vacunación en Colombia ronda los $285.000 millones, resulta esencial apropiar más de $2 billones para pagar la vacuna en 2021. Tal vez se requiera apropiación de recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), crédito externo o el diseño de nuevos mecanismos de financiación de estos programas, en los que participe la empresa privada o, en últimas, con aportes de la población con mayor capacidad de pago, habida cuenta de que las pérdidas generadas por esta pandemia, cercanas al 10 % del PIB, superan con creces lo que se pudiera necesitar para la vacunación de toda la población colombiana.

Esta inversión de largo plazo es una prioridad nacional y los recursos necesarios resultan bajos comparados con lo que significa el retorno al crecimiento y la estabilidad económica y social. El país debe apoyar decididamente los mecanismos para favorecer el acceso a la vacuna de la mayor cantidad posible de colombianos. Al mismo tiempo, el gobierno debe garantizar la transparencia de las negociaciones que se den en este contexto y propiciar un debate público sobre la financiación, la distribución y el acceso a la vacuna.

Este texto fue publicado en el periódico El Espectador el martes 24 de noviembre de 2020


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