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Academia Jurídico

Fortalecer recursos para la IES públicas

28/09/2020
Por: Carlos Olimpo Restrepo S. -Periodista

Un proyecto de ley para fortalecer la financiación por parte de la Nación a las instituciones de educación superior públicas fue elaborado por la Comisión Técnica de Vicerrectores Administrativos y Financieros del Sistema Universitario Estatal (SUE).

Foto: Juan Pablo Hernández, Universidad de Antioquia

Una iniciativa legislativa propone modificar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, con el fin de solucionar los problemas financieros que afectan al sistema, mediante un sistema de asignación estatal de recursos acorde a las complejidades actuales de la educación superior pública.

«Nuestro compromiso era hacer una propuesta que recogiera las necesidades de las universidades estatales en materia de financiamiento», dijo Ramón Javier Mesa Callejas, al explicar los aspectos claves del proyecto.

«Esa propuesta básicamente está concentrada en la modificación del artículo 86 de la Ley 30, el cual habla de los recursos que hacen parte de la base presupuestal de las universidades pública y lo que se plantea es que esa base presupuestal se ajuste a las circunstancias actuales, que son muy diferentes a las de hace 28 años», aseguró el directivo.

El proyecto de Ley, que debe ser llevado por los directivos del SUE al Congreso, busca que los aportes de la Nación y de los entes territoriales al presupuesto de funcionamiento de las instituciones de educación superior públicas se asignen según cuatro aspectos claves para el sector.

Con base en la norma vigente, los aportes de la Nación y las entidades territoriales a las universidades públicas se actualiza según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año anterior y «lo que «proponemos es que el ajuste de la base presupuestal se haga por el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES) suministrado por el Dane», anotó Mesa.

En segundo lugar, la iniciativa del SUE también establece que en el presupuesto de las universidades se tenga en cuenta la variación de puntos docentes que se derivan de la aplicación del Decreto 1279 de 2002, con su respectiva carga prestacional. «Con recursos propios, las universidades han tenido que asumir el ajuste salarial por el Decreto 1279, entonces lo que proponemos es que el presupuesto tenga en cuenta la variación de los puntos docentes por año; ese es un cambio muy importante», explicó el vicerrector administrativo de la UdeA.

El tercer punto del proyecto legislativo contempla la asignación de recursos por parte de la Nación y entes territoriales para la vinculación de nuevos docentes y personal administrativo. «Esa nómina está congelada, hoy en día sólo se reemplaza a los que se jubilan. Pero las universidades tenemos indicadores que demuestran que nos hacen falta profesores y plazas administrativas, porque hemos venido ampliando la cobertura», sostuvo Mesa Callejas.

Y otro punto destacado del documento del SUE es que, para la asignación del presupuesto de funcionamiento, se tengan en cuenta las decisiones del Ejecutivo, del Legislativo y de las altas cortes, que afecten las finanzas y las fuentes de financiación de las instituciones de educación superior, «porque en los últimos años hemos tenido que asumir el costo de los cambios que se han hecho en esas instancias con recursos propios», aseguró el vicerrector administrativo, quien recordó, como ejemplo, que en 1999 la Corte Constitucional cambió la determinación de honorarios para los docentes de cátedra «y eso lo asumieron las universidades, porque el gobierno no asignó recursos adicionales con ese propósito».

De manera adicional, el proyecto busca garantizar aportes de la Nación para el crecimiento de la cobertura, de tal manera que esta sea sostenible. En este caso, el SUE propone desarrollar, junto con el Ministerio de Educación, una metodología «que permita estimar los costos reales asociados a la formación de calidad en cada una de las universidades y según las disciplinas y áreas de formación» para asignar los recursos necesarios, según el documento técnico de los vicerrectores del Sistema.

Por último, el SUE también busca disminuir la brecha que hay en la actualidad entre las instituciones de educación superior públicas, para lo cual propone crear un fondo durante un periodo de 10 años, con recursos orientados a funcionamiento e inversión para aquellas instituciones que presenten falencias de calidad o cuellos de botella para cobertura, los cuales se entregarán con base en planes de mejoramiento diseñados por cada universidad.
 

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