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Cómo va el sector de la construcción "de paz"

26/06/2020
Por: Germán Darío Valencia Agudelo, profesor Instituto de Estudios Políticos UdeA

«... en época de pandemia, la ciudadanía, la comunidad internacional y de todos los que están esperanzados en impulsar el sector de la construcción de paz, deben estar atentos a la defensa de este fundamental sector social...»

Ahora que es tan común preguntarle a los analistas económicos por los efectos que tiene el aislamiento preventivo por el Covid-19 sobre los diversos sectores de la economía, es necesario también que, desde otros lugares, nos preocupemos por los sectores no-económicos, en especial, por cómo va el sector de la construcción de paz en el país.

Para responder a esta pregunta propongo retomar la definición que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) realizó sobre la construcción de paz en la década de 1990. Este organismo multilateral definió a esta como todas aquellas “acciones dirigidas a identificar y apoyar estructuras tendientes a fortalecer y solidificar la paz para evitar una recaída al conflicto”.

Lo que significa que el sector de la construcción de paz tiene dos grandes frentes de trabajo: por un lado, la realización de actividades que buscan poner fin a las violencias; y, por el otro, fortalecer y solidificar la paz. Partiendo de esta claridad conceptual, se puede ahora analizar la situación del sector de la construcción de paz en la coyuntura actual.

Con respecto al primer frente de trabajo la situación es preocupante. Las cifras de violencia en el país, asociadas a variables como asesinatos a líderes y lideresas, desplazamiento forzado, violencia sexual y reclutamiento de menores, han mostrado crecimiento alarmante en los dos últimos años.

Así, los líderes sociales asesinados, en 21 departamentos, suman 121 en lo corrido del año, y 442 desde la firma del Acuerdo hasta marzo de este año. Los firmantes del acuerdo o exguerrilleros asesinados ajustan a la fecha 202, siendo el año 2019 el más crítico con 77 casos. Y el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, por parte de los actores armados ilegales, se incrementó en un 113% en el último año, con 128 casos registrados.

Para el Gobierno nacional el gran responsable de esta situación calamitosa son las organizaciones armadas ilegales (GAO). Que crecen en número y se extienden con celeridad en diversos lugares de la geografía colombiana. De allí que la salida propuesta por el Gobierno de Iván Duque haya sido la de proponerles a los individuos que componen estas organizaciones el sometimiento individual voluntario a la justicia, a través del Decreto 601 del 27 de abril 2020.

Propuesta que significó, por un lado, mantener congeladas las negociaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y, por el otro, esperar que los delincuentes, de manera voluntaria, se acojan a la justicia. Como esperando un milagro o que la mano invisible de la racionalidad individual reduzca el accionar violento en el país.

Propuesta que tiene un problema adicional, ataca tan solo las causas subjetivas de la violencia. No se piensa como una estrategia comprensiva que, combinada con opciones de empleo y reducción de los niveles de pobreza y exclusión, generaría mejores resultados. Sobre todo en coyunturas como estas, donde la caída de la economía, sin duda, afectará el nivel de bienestar económico de la población.

El segundo frente de trabajo de la construcción de paz tiene que ver con el fortalecimiento de la estructura de la paz. Que no es más que continuar con las inversiones que deben realizarse anualmente para solidificar las decisiones ya tomadas. En este caso se habla de asegurar las inversiones para implementar el Acuerdo Final firmado con las Farc-ep en 2016.

En este importante campo de trabajo los resultados, en los últimos dos años, también son escasos. En el reciente informe presentado por el Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame, quien es el responsable de hacer un monitoreo independiente a la implementación del Acuerdo Final, muestra que, entre noviembre de 2018 y noviembre de 2019, se dio un avance tan solo del 6%. Cifra muy inferior a la alcanzada en los años anteriores.

Siendo especialmente crítico el avance en los indicadores asociados al punto uno, relativo a la Reforma Rural Integral, y el punto cuatro, dirigido a la Solución al Problema de Drogas Ilícitas. Que son componentes fundamentales en la transformación real de los territorios, en donde se dio y se sigue presentando, con más intensidad, el largo conflicto armado.

Además, los avances logrados en el gobierno anterior, como la elaboración de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), no han sido priorizados por el gobierno actual. Aunque en el Plan Nacional de Desarrollo se nombran estos planes, los recursos no se ven. Y, como dice el informe del Instituto Kroc, este importante componente “ha presentado pocos avances durante el último año”.

En cuanto al tema de Solución al Problema de Drogas Ilícitas su implementación se paró. El Gobierno Duque ha querido utilizar sus primero dos años de mandato para evaluar nuevamente el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). Con esto ha puesto a las familias campesinas firmantes en un angustiante período de espera y en un nivel alto de incertidumbre, generando desconfianza en el Gobierno, debido al cambio en las reglas de juego.

En síntesis, el Gobierno está desatendiendo el sector de la construcción de paz en la coyuntura actual. Tanto el primer frente, relacionado con la reducción de la violencia, como en el segundo, de solidificación de la paz, están siendo descuidados. Y los avances logrados en la construcción del edificio de la paz en el último decenio, que tanto esfuerzo le ha costado a los colombianos, ahora pronostica parálisis.

De allí que, de nuevo, en época de pandemia, la ciudadanía, la comunidad internacional y de todos los que están esperanzados en impulsar el sector de la construcción de paz, deben estar atentos a la defensa de este fundamental sector social.

Es necesario presionar al Estado para que en ese 36% de los compromisos del Acuerdo Final, que están en estado mínimo, se avance; y para que ese otro 24% de los indicadores, que aún no inician, arranquen obra. Debemos consolidar la confianza pública en el proceso y avanzar en la construcción de ese fundamental bien público que es la paz.


Nota

Este es el espacio de opinión del Portal Universitario, destinado a columnistas que voluntariamente expresan sus posturas sobre temáticas elegidas por ellos mismos. Las opiniones aquí expresadas pertenecen exclusivamente a los autores y no reflejan una opinión o posición institucional de la Universidad de Antioquia.

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