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En 2020, Gobierno cumplió con aportes para la UdeA

07/12/2020
Por: Carlos Olimpo Restrepo S. - periodista

La Universidad de Antioquia ha recibido este año 25.780 millones de pesos por los conceptos que se acordaron, en diciembre de 2018, entre el Gobierno Nacional y las plataformas estudiantil y profesoral. Faltan asuntos de fondo que aún están en discusión.

Los recursos del Gobierno se destinan a diferentes aspectos, como la construcción de nueva infraestructura o la modernización de la existente en las universidades públicas. Foto Juan Pablo Hernández.

El Gobierno Nacional ha cumplido con los compromisos adquiridos con las plataformas estudiantiles y profesionales en diciembre de 2018, para incrementar los aportes a las instituciones de educación superior públicas.

Ramón Javier Mesa Callejas, vicerrector administrativo de la Universidad de Antioquia, afirmó que «el Ministerio de Educación Nacional ha sido fiel a sus compromisos derivados del acuerdo entre el Gobierno y las plataformas estudiantiles y profesorales de diciembre de 2018; entre el año pasado y este, la UdeA ha recibido cerca de 47.000 millones de pesos, fruto de los puntos de ese acuerdo».

Explicó que por concepto del artículo 86 de la Ley 30 de 1992 «se ha recibido este año el equivalente al 4 % de incremento de la base presupuestal, es decir 10.721 millones de pesos de un total de 131.000 millones que repartió el Ministerio de Educación con el Sistema Universitario Estatal SUE, es decir que a la Universidad le correspondió cerca del 8 %».

El directivo agregó que la institución «también recibió 6.063 millones de pesos por planes de fomento a la calidad, que fue uno de los recursos de inversión que se aprobó en ese acuerdo entre Gobierno y las plataformas. Por excedentes de cooperativas, la Universidad recibió 1.566 millones de pesos y por saneamiento de pasivos 7.430 millones».

Es decir que, en total, señala Ramón Javier Mesa Callejas, este año la Universidad de Antioquia «ha recibido 25.780 millones de pesos por conceptos del acuerdo de diciembre de 2018, cifra cercana al 6 % del total de los recursos que el Ministerio de Educación distribuyó entre las instituciones del Sistema Universitario Estatal».

Asuntos por resolver

John Mario Muñoz Lopera, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Alma Máter y quien participó en 2018 en la plataforma profesoral, reconoció que «respecto a los temas que debe resolver el Ejecutivo en lo económico, gran parte de lo esencial se ha cumplido, incluso algunos dineros han llegado antes de tiempo».

Sin embargo, hay otros temas de fondo en los que aún no se ha avanzado, por falta de acuerdo entre las partes y que deben llevarse con posterioridad al Congreso de la República: la modificación de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, la reforma estructural al Icetex y el cambio en el sistema general de regalías.

«Sobre la Ley 30 no hay acuerdo sobre cómo sería la unidad de medida del presupuesto, si es el Producto Interno Bruto —PIB— o el Índice de Precios al Consumidor —PC—. Se debe recordar que lo que se busca es que haya una política de Estado y no de Gobierno, que cuente con el concurso de todos los actores», señaló Muñoz Lopera.

Agregó que «lo que nosotros dejamos en la mesa fue un borrador de propuesta, en el cual planteamos que haya un incremento con base en el IPC permanente, pero que no sea estático, sino que fluctúe de acuerdo con el crecimiento de las universidades públicas», porque la actual ley se hizo en 1992, cuando, por ejemplo, la UdeA «tenía mucho menos estudiantes de los que tiene hoy, no se pensaba en la necesidad de ampliar la planta de profesores y de subir la oferta de posgrados, ni de la regionalización».

Sobre la reforma al Icetex, el decano explicó que ese es uno de los puntos más difíciles. «Esa mesa no ha funcionado, porque la exigencia de los estudiantes es que el Icetex no sea una entidad financiera del Gobierno, pensada en que genere réditos económicos de cuenta de los estudiantes, sino que invierta en ellos, que sea una entidad más acorde con la realidad financiera de los estudiantes de educación superior del país».

Respecto al sistema general de regalías, el pasado 25 de noviembre en un comunicado público, los rectores del SUE manifestaron que «aún quedan muchas necesidades de infraestructura que deben seguir atendiéndose a través de proyectos de regalías y es necesario fortalecer esta iniciativa con normas y políticas de Estado, que contribuyan con apalancar nuevos recursos para invertir en mejores condiciones para una educación superior pública de calidad».

Por esto, desde el SUE manifestaron su apoyo a las iniciativas del Congreso sobre el proceso general de regalías, «de tal manera que se permita destinar mayores recursos para la inversión regional, para financiar proyectos orientados a obras de infraestructura física o tecnológica en instituciones públicas de educación superior que operen en su territorio». 

En ese sentido, hicieron un llamado al Senado «para la aprobación de esta importante modificación —al presupuesto del sistema general de regalías para el bienio del 1° de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2022— que permitirá que el 15 % de los recursos de regalías se inviertan en las IES públicas de los departamentos».

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