Sociedad

Foto: cortesía Javier Londoño.

Mientras avanza la dejación de armas, los miembros de las Farc esperan reintegrarse a la vida civil. Después de más de cinco décadas de guerra, ¿cómo fortalecer las capacidades de los exguerilleros para que desarrollen su proyecto de vida en la legalidad? Aunque esta es una tarea que convoca a distintos sectores sociales, la Agencia de Reincorporación y Normalización, ARN, juega un papel crucial para que se logre con éxito. 

La política de reintegración en Colombia se ejecuta desde hace 14 años y ha impactado a cerca de 60 mil desmovilizados en el país, tanto en procesos individuales como colectivos, entre ellos 36 bloques paramilitares. Lucas Uribe Lopera, director programático de la ARN, indicó que uno de los aprendizajes de la agencia es el acompañamiento con programas enfocados en las personas. 

“Y ahí la salud mental no puede ser entendida solo desde la patología, sino como algo positivo: bienestar en las relaciones, claridad en el proyecto de vida, satisfacción con su entorno y en las relaciones que construye con su familia y los demás; la salud mental debe incluir todo eso”, declaró Lucas Uribe Lopera, invitado a la Cátedra de Formación Ciudadana Héctor Abad Gómez el 28 de julio de 2017.

Según Uribe Lopera, sería un error que hubiera entregas de dinero o de tierras a los excombatientes sin articularlas con procesos sicológicos y sociales. En cambio, si se trabaja en la higiene mental de la persona y su familia se podrá “aprovechar bien el capital semilla y montar unidades de negocio sostenibles, construir redes familiares estables y adaptarse a los diferentes entornos”; y agregó que ese debe ser un acompañamiento cercano y no una política asistencial. 

De acuerdo con cifras de la ARN, de los 60 mil desmovilizados reincorporados en 14 años, cerca del 70% era población analfabeta. Lo cual es un reto ante la implementación del proceso de paz con las Farc, pues la educación es clave para generar desarrollo en el país. 

Por persona, el proceso de reincorporación demanda 5 millones 900 mil pesos anuales. “Un proceso más económico que el carcelario y con una reincidencia menor, pues en reincorporados es del 24% y de pospenados es mayor al 70 %”, apuntó Uribe Lopera, quien diferenció entre los conceptos de resocialización, usado en el sistema penitenciario, reintegración, reinserción y normalización. 
 

Enfoque y aprendizajes

Se asume que las personas que deben ser resocializadas tienen problemas de disociación y comportamientos que no son socialmente permitidos, a partir de un perfil criminal individual. En cambio, “la reincorporación no parte de la idea de que estas personas son criminales”, según Uribe Lopera, quien es sicólogo y cuenta con experiencia en resolución de conflictos. 

Desde este punto de vista, la reincorporación hace referencia a procesos colectivos y parte de los acuerdos de La Habana. Tiene como finalidad que las personas se reincorporen a la amalgama de la sociedad. Por su parte, al hablar de reintegración alude a un proceso particular, como el de las desmovilizaciones individuales de quienes dejaron los grupos armados, una decisión difícil teniendo en cuenta que desertar de las filas puede generar represalias y que ser un desmovilizado produce rechazo social. 

De otro lado, la reinserción ha sido un concepto manejado en las políticas asistencialistas, donde se busca proveer ciertos recursos por tiempo limitado pero sin acompañamiento. Y finalmente, explicó Uribe Lopera, el concepto de normalización se aplica en los territorios que no han podido tener un desarrollo normal, lo cual es uno de los retos en la implementación del proceso de paz con las Farc en un país fragmentado y de regiones.

“De la historia de Colombia hemos aprendido que no se pueden realizar estos procesos como si fueran uno solo o como si el país fuera el mismo en todas partes, pues cada grupo tiene una ruta diferente”, dijo Uribe Lopera y como ejemplo diferenció entre el proceso de reintegración de los paramilitares de bloque Cacique Nutibara en Medellín y el de las autodefensas de Ortega y Calibío. A pesar de ser de una misma estructura, los unos fueron jóvenes urbanos cercanos a distintas formas de violencia en la ciudad y los otros jóvenes rurales con una idiosincrasia y concepción territorial diferente; por eso prefiere hablar de paramilitarismos, en plural. 

En el acuerdo de paz con las Farc se creó el Consejo Nacional de Reincorporación, instancia con dos delegados del Gobierno Nacional y dos de las Farc, quienes toman las decisiones sobre el acompañamiento en el tránsito a la vida civil de los excombatientes. También se estableció que el desarrollo de programas para los excombatientes debe contar con enfoques diferenciados de inclusión en temas de discapacidades, género, etnia y según el ciclo de vida, es decir, desde niños hasta adultos mayores. 

“Si uno comprende el perfil de estas personas se da cuenta de que el programa no es pensado para criminales, sino para población vulnerable que necesita desarrollar capacidades para poder sobrevivir en la legalidad”, propuso Uribe Lopera, “hoy en este país las personas se mueren más por violencia intrafamiliar que por el conflicto armado. Si no aprendemos a resolver los problemas, ¿qué vamos a hacer como país para que no se repita el conflicto armado?”.