Opinión

“En Pereira, una tanqueta del Esmad se fue contra una multitud de manifestantes del paro nacional”; “Álvaro Uribe llama al Ejército a que utilice las armas en las protestas en Colombia”; “Los colombianos no quieren ser tratados como espectadores. Presidente Duque, salga del estudio”. El primero es un titular del diario El Espectador, el segundo del diario El País (España), el tercero de un ensayo publicado en el New York Times.  Son titulares sobre las protestas de los últimos días en Colombia, pero, ante todo, son titulares referidos al uso de la fuerza, o mejor, a los excesos en su uso.

La muerte, tan contundente, a veces tan inesperada, vuelve a conmocionarnos como una suerte de déjà vu. Volvemos a experimentar esa molesta sensación de que estamos repitiendo todo nuevamente, como si se tratara de un eterno retorno, como si esos acontecimientos que hoy nos producen rabia, tristeza e indignación no fueran más que un episodio de una serie que dejamos de ver, pero que siguió transmitiendo sus capítulos a diario.

Tal vez la pandemia y la proximidad de la muerte que ella nos presentó, pero sobre todo la incertidumbre y desesperanza que experimentamos tras la experiencia, inédita para muchas generaciones, de enfrentarse a una amenaza desconocida pero contundente, hizo que durante más de un año se pusiera en paréntesis un descontento que se expresó con fuerza a finales del 2019, y que se reactivó fugazmente tras el homicidio del estudiante de derecho en Bogotá en septiembre de 2020.

Pero volviendo a los titulares, creo que expresan tres situaciones: agentes del Estado actuando como si pertenecieran a una banda de ladrones; los peligros de llamar a la violencia en un país que aún se resiste a vivir sin confrontación armada; y, la imagen tragicómica de un gobierno completamente desconectado de los problemas que padecen sus gobernados.

El primer asunto nos remonta a una vieja pregunta que se hacía San Agustín sobre la diferencia entre la violencia sustentada en el derecho y la que se deriva de las órdenes emanadas de una banda de ladrones. El debate, viejo, pero no por ello obsoleto, aparece cada tanto actualizado. Lo vimos el año pasado cuando quedó registrado en video cómo varios policías propinan una golpiza que produce la muerte a al estudiante de derecho Javier Ordóñez en Bogotá.

El criterio al que se ha recurrido para diferenciar las actuaciones fundadas en el derecho de las que produce una banda de ladrones, es la competencia, que una norma jurídica habilite al funcionario para actuar. Así, lo que uno podría preguntarse es si las muertes causadas a civiles en el marco del derecho a la protesta están amparadas en una legítima actuación de las autoridades para prevenir amenazas a bienes jurídicos.

Aún suponiendo que las víctimas del uso de fuerza letal por parte de agentes estatales estuvieran vinculadas a hechos de vandalismo, no se puede pasar por alto que, si bien el Estado reclama para sí el monopolio de la violencia, dicho ejercicio debe, por un lado, ser proporcional a la entidad de la amenaza y, por otro, se debe desplegar como el último de los recursos a los que tiene acceso la fuerza pública.

Por lo tanto, resulta por lo menos forzado suponer que policías disparando sus armas de dotación en contra de los manifestantes o una tanqueta envistiéndolos, supongan una actuación legítima de uso de la fuerza. Pareciera, como lo supusiera San Agustín que ese accionar está mucho más próximo al de una banda de ladrones.

La segunda cuestión se refiere al rol de personajes influyentes en la preparación o ejecución de acciones violentas. Que los dirigentes políticos inciten a la violencia es una realidad que podríamos situar, entre otros, en el período conocido como “La Violencia” cuando algunos líderes de los partidos Liberal y Conservador, instaban a sus copartidarios a que ejercieran violencia contra integrantes del otro bando.

Aquí creo que es útil la lectura que hace la profesora María Teresa Uribe. Según ella, las palabras de la guerra “se mueven en una doble dimensión”: retórica y poética. En el primer caso, son dichas: “con el ánimo de producir determinados efectos en el lector (…) e inducirlo a adhesiones y respaldos según los propósitos enunciados”.

Las palabras retóricas de la guerra pretenden persuadir a la audiencia de la “justeza, la necesidad, la oportunidad o la inevitabilidad de la guerra, de usar las armas para conseguir objetivos políticos”. Y fue eso lo que, al parecer, hizo el ex presidente cuando incitó a la fuerza pública a usar sus armas en contra de los manifestantes, y fue el motivo por el que la red social censuró el tweet donde invitaba a usar las armas.  

Finalmente, tenemos la desconexión del gobierno con lo que pasa y su incapacidad para interpretar e intervenir de manera razonable los problemas. Algunos de los medios de comunicación más influyentes del país han expresado sin ambages que lo ocurrido en ciudades como Cali, Medellín y Bogotá es responsabilidad de vándalos despolitizados, o como expuso el Ministro de Defensa el 1º de mayo, que las disidencias de las FARC están detrás de esos actos de violencia.

En cualquier caso, las expresiones violentas de descontento son algo más que el accionar de un conjunto de vándalos. Políticamente pueden significar, entre otras cosas: 1) rechazo a una reforma tributaria que ha sido calificada por diversos sectores como inoportuna, 2) descontento frente al empobrecimiento al que nos condujo la pandemia, 3) el manejo errático que el gobierno le ha dado, 4) la reactivación de la indignación de 2019, que estuvo silente durante más de un año.

Las interpretaciones son diversas, y no se trata de hacer una apología de la violencia, pero: ¿Acaso el Gobierno Nacional esperaba que la gente se quedara impasible frente a una reforma que podría profundizar el empobrecimiento al que nos condujo la pandemia y agudizar aún más las desigualdades?

Notas:

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