Opinión

Uno de los escenarios más sobresalientes que muestra la jornada electoral del 2 de octubre fue la distribución geográfica de los votos por el sí y por el no. La imagen de un mapa de Colombia coloreado por el sí en las márgenes más golpeadas por la violencia y coloreado por el no en el relativamente más privilegiado interior del país, ya es uno de los nuevos referentes simbólicos de la guerra colombiana que plantea infinidad de perplejidades e interrogantes. Algunos de ellos están relacionados con el papel del castigo en nuestra vida política e institucional.

Uno de los argumentos que más peso tuvo en la campaña política por el no y en la discusión pública sobre la justicia transicional en Colombia, giraba en torno a la pregunta por la necesidad y cantidad de castigo que exigía la satisfacción de los derechos de las víctimas del conflicto armado. Se trata de una serie de anacronismos hegelianos y kantianos que intentan hacer ver el castigo como una respuesta moral al delito y la violencia y una supuesta reafirmación del derecho. Sobre todo, si se recuerda que para la doctrina penal y criminológica ya es moneda corriente la ineficacia de la pena para realizar las funciones de prevención, resocialización y justicia que se le han asignado.

También las supuestas restricciones retributivas que el nuevo contexto internacional imponía a los procesos nacionales de justicia transicional, fueron debidamente moderadas por los mismos que se habían encargado de construirlas, al mostrar que los estándares de verdad, justicia y reparación a favor de las víctimas en ningún caso planteaban la obligación de imponer una pena efectiva.

El plebiscito del dos de octubre nos mostró dos perfiles de la relación entre víctimas y castigo en Colombia. De un lado la de los centros urbanos donde la exigencia de castigo fue determinante para la victoria del no; de otro lado la de las zonas especialmente victimizadas donde la idea de castigo no logró suscitar las pasiones y apoyos que logró en el otro lado. Esta situación revela de una manera impactante la función del castigo en nuestra vida política e institucional.

El castigo sirvió para movilizar algunos de los elementos constitutivos del conflicto político nacional. La preeminencia del miedo como móvil de la acción, la banalización del sufrimiento, la obsesión securitaria, la manipulación de significados y la fácil conexión entre proyectos conservadores y la opinión electoral.

Se ha pensado en la pena como una herramienta que permite solucionar los problemas que enfrentan las transiciones, pero vista la situación del castigo en Colombia parece que es necesario invertir el proceso para preguntarse cómo la transición nos puede ayudar a deshacernos de la cultura del castigo; antes que preguntarse por la retribución en la justicia transicional, parece necesario aprovechar la transición para juzgar al castigo, sobre todo ahora, cuando el dos de octubre nos ha enseñado que la retribución no debería seguirse invocando oportunistamente en nombre de las víctimas.

Nota

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