Periódico Alma Máter

El presidente Iván Duque dijo este jueves que no va a retirar el proyecto de reforma tributaria del Congreso y que está dispuesto a "concertar" con los partidos políticos. Foto: PhHere

Después de que el Gobierno nacional presentó ante el congreso el 15 de abril los 163 artículos que integran el nuevo proyecto de reforma tributaria, o Ley de Solidaridad Sostenible, no se ha dejado de hablar. La propuesta ha recibido críticas de distintos sectores y partidos políticos: algunos han manifestado el rechazo total, otros mencionaron que el bolsillo de los colombianos no aguanta un impuesto más, menos en un momento de inestabilidad económica como la que ha llevado la pandemia por coronavirus, mientras que opiniones más moderadas dijeron «reforma sí, pero no así». 

El proyecto de ley busca recaudar 23,4 billones de pesos —el doble de lo que se buscó con la Ley de Crecimiento Económico de 2019— a través de nuevos impuestos, sobre todo a partir del IVA a productos y modificaciones a la contribución de renta de personas naturales y jurídicas. La razón para buscar nuevos recursos es el déficit fiscal que, según el Gobierno nacional, subió de 2,5 % en 2019 a 7,8 % en 2020 del PIB. Peor aún, el cálculo oficial es que este año sea de 8,1 %. 

Uno de los puntos polémicos es la eliminación de la categoría de bienes exentos de IVA —gravados con 0 % y derecho a devolución—y la creación de excluidos —gravados con 0 % y sin derecho a devolución—. Edwin Esteban Torres Gómez, del Grupo de Macroeconomía Aplicada de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia, explicó que este cambio «es una jugada sutil que no parece importante, pero en realidad sí», porque podría aumentar el precio de productos esenciales —huevo,  leche, queso, carne de cerdo, entre otros— debido a que los productores no recibirán compensación por el impuesto que sí deben pagar por insumos y servicios en las cadenas de producción, como sucede con el grupo de exentos.  

Otro punto álgido es que los estratos 4, 5 y 6 pagarían IVA del 19 % en la tarifa de energía generada con gas u otros insumos, acueducto y alcantarillado, aseo y recolección de basura.  Frente a esto el experto precisó que el estrato social no es un buen mecanismo para focalizar políticas públicas puesto que una persona que vive en nivel 4 o 5, no necesariamente es de clase alta. Además, apuntó que en la actualidad los servicios públicos ya tienen un mecanismo de subsidio en el que los estratos altos financian a los bajos, por lo que «aplicar un IVA adicional del 19 % puede incrementar los costos de vida de muchos hogares». 

A su vez, el economista, profesor y columnista de Portafolio Jorge Coronel López señaló la reforma como «regresiva», ya que pretende elevar el IVA a productos básicos, combustibles y servicios públicos, algo que afectará de un modo u otro la calidad de vida de los colombianos. Agregó que es grave que se busque obtener más recaudo al bajar la base para el impuesto de renta, ya que, como está planteada, en 2024 los asalariados que ganen 2,5 millones de pesos promedio mensuales, tendrán que pagar renta. 

Progresiva vs. regresiva

El punto que ha dado más de que hablar es el incremento de la base gravable para declarar y contribuir a la renta, porque toca más el bolsillo de la gente. Los cálculos oficiales esperan que se incremente de manera progresiva la base de declarantes hasta llegar a siete millones de contribuyentes en 2025, el doble de los 3,5 millones de colombianos que presentaron este documento el año pasado. 

El Gobierno aduce que muchas personas no pagarán renta sino que solo tendrán que declarar los ingresos, egresos e inversiones en el año. El texto del proyecto indica que, a partir del año fiscal 2022, las personas con ingresos brutos anuales por $14,5 millones ($1,2 millones al mes) tendrán que empezar a declarar. Según el Ministerio de Hacienda, esto es importante porque así se tiene información precisa sobre las condiciones económicas de un gran sector de la población, para focalizar mejor los subsidios y las ayudas de política pública.

Sin embargo, el investigador Torres Gómez puntualizó que en la práctica esto afectaría el bolsillo de los colombianos: «Una persona que gane un ingreso de 2 420 000, por ejemplo, un operario o un comerciante con una familia de tres integrantes, no necesariamente sabe hacer su propia declaración. Esa persona tiene que gastarse mínimo 200 000 pesos de su bolsillo para contratar a un contador que haga el trámite», indicó.

Según el docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia, dejando a un lado los aspectos puntuales de la propuesta de Ley de Solidaridad Sostenible, en términos generales, el proyecto falla en que vuelve a centralizar los recursos, un fenómeno que «se venía corrigiendo desde los años 90, para que los recursos no estén en un Gobierno central sino que hayan herramientas para generar recursos a departamentos y municipios». 

«Un ejemplo de eso es el impuesto de vehículos automotores, que hoy es departamental. La reforma crea el impuesto nacional de vehículos y lo que quiere hacer el Gobierno es que la renta de los departamentos pase a ser un ingreso de la nación. De lo que se recaude regresa un 80 % a los departamentos y un 20 % a los municipios… Con esto se manda una señal de centralización, el recurso originariamente pasaría a ser de la nación y en cualquier momento que el Ejecutivo se vea en apuros, podría tomar parte de estos recursos», comentó el profesor.

Por su parte, Jorge Coronel López, economista y columnista de Portafolio, afirmó que no habría por qué oponerse a una reforma «progresiva» que pusiera a tributar a quienes más tienen ingresos: «A finales de marzo la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios presentó su informe diciendo, entre otros temas, que las zonas francas tenían demasiadas ventajas tributarias y que estaban creando una competencia desleal. Estimó, con datos de la Dian, que se estaban dejando de percibir 580 000 millones por la tarifa reducida de renta y casi 2 billones por las exenciones del IVA. Esto es ya una tercera parte de una reforma, pero parece que el Gobierno no la tiene en el radar».

Dejando a un lado la discusión de si está bien o mal elaborado el proyecto de ley, el hueco fiscal es un problema que  no es solo del Estado sino de todos los ciudadanos, algo que le ha faltado decir a este Gobierno: «La pandemia no solamente ha causado los millones de fallecidos sino el deterioro de proporciones insospechadas en el mundo, en especial en países como el nuestro, que son países en vías de desarrollo», comentó Rafael Isaza González , ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UdeA. 

Señaló que, a pesar de que una reforma tributaria como estas hace mucho ruido, con ella se pretende solucionar un problema de proporciones muy grandes, así haya que pagar un poco más. Incluso el autor del libro «Historia del impuesto sobre la renta en Colombia y propuesta de una reforma tributaria» va más allá y apuntó a que el proyecto presentado por el Ministerio de Hacienda debe ser más pragmático, simple, que permita un control más efectivo de la evasión, corrigiendo incluso la ley mayor que rige el cobro de impuestos en el país: «El Gobierno no ha podido entender que el Estatuto Tributario facilita la evasión fiscal porque es confuso, extenso y, en muchas cosas, extravagante». 

Otras soluciones

Para el profesor Jorge Coronel López, la reforma sí se necesita, pero habría que buscar otras formas de aumentar el recaudo sin afectar a los trabajadores, la clase media y los más pobres. Propuso empezar por ajustar, entre otros temas, la elusión y la evasión: «Una forma de evadir es a través de giros hacia paraísos fiscales, como Panamá. Hace unos años, Juan Ricardo Ortega, exdirector de la Dian, estimaba que un pequeño grupo de colombianos tenían 100 000 millones de dólares en otras jurisdicciones, recursos que no tributan en el país. Dicha suma equivale a 370 billones de pesos».

Para el profesor Edwin Esteban Torres Gómez una salida sería enfocarse en la austeridad. A pesar de que plantea un plan del gasto, señaló que no es claro el mensaje del Gobierno: «Ha sido contradictorio el mensaje, porque quiere recaudar más pero no quiere apretarse el cinturón y no le ha puesto cuidado a la regla fiscal, que es lo que se gasta de acuerdo con lo que se gana». 

Agregó que también existe la posibilidad de acudir a las reservas internacionales. Según el docente, Colombia tiene en la actualidad 53 billones de dólares —unos 200 billones de pesos—, con el 10% de estas «se puede resolver gran parte del problema sin tener que hacer una reforma tan fuerte». 

Cronología
12 cambios al sistema tributario colombiano en las últimas dos décadas

Álvaro Uribe Vélez

2002 / Ley 788
Sobretasa de 10 % y 5 % de renta para 2003 y 2004, respectivamente. 20 % sobre la tarifa de telefonía celular y ampliación en la base del IVA. 

2003 / Ley 863
Crea el impuesto al patrimonio y se aumenta de 3 x 1.000 a 4 x 1.000, impuesto que aún existe.  

2006 / Ley 1111
Eliminó la sobretasa a partir de 2007. Incrementó de 30 a 40 % la reducción en renta por inversión. Algunos bienes tienen el 16 % de IVA. 

2009 / Ley 1370
Aumentó la tarifa al impuesto al patrimonio. Bajó a reducción de renta por inversiones

Juan Manuel Santos

2010 / Ley 1430
Eliminación de la deducción en renta por inversión. Sobretasa del 20 % al consumo de energía eléctrica en el sector industrial. 

2012 / Ley 1607 
Se creó un impuesto a las ganancias ocasionales. Algunos servicios fueron gravados con una tarifa de 5 %. 

2014 / Ley 1739
Esta reforma creó el impuesto a la riqueza y la sobretasa al Cree. 

2016 / Ley 1819
Impuso el aumento del IVA de 16 %  a 19 %. Se normatizaron las penas de prisión entre cuatro y nueve años por elusión. 

Iván Duque

2018 / Ley de Financiamiento
Reducción gradual del impuesto de renta a 30 % en 2020. Descuento total del IVA por adquisición de bienes de capital y descuento de mitad del ICA.

2019 / Ley de Crecimiento Económico
Incluyó la devolución del IVA para hogares vulnerables, tres días sin IVA y reducción de aportes de pensionados. 

*Fuente: La República