Opinión

La Ley 668 de julio de 2001 declara el 18 de agosto como el Día nacional de lucha contra la corrupción y aunque ha pasado con muy bajo perfil, al parecer producto de la falta de conciencia ciudadana, debemos permitirnos la reflexión en torno a la importancia de poner en manos de la sociedad civil herramientas que despierten el interés y mejoren las capacidades en la vigilancia del cuidado que las entidades del Estado hacen de los recursos públicos, en procura de cerrarle las puertas al flagelo de la corrupción.

En Colombia se han dispuesto medios para el fortalecimiento del Estado y de la sociedad civil en aras de evitar la materialización de riesgos de corrupción; documentos como: CONPES 167, denominado Estrategia Nacional de la Política Pública Integral Anticorrupción; el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011); las Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, y organismos  estatales como la Comisión Nacional de Moralización, la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones – ITRC, y organizaciones como Transparencia por Colombia, en la coordinación del Índice de Transparencia Nacional para Entidades Públicas, la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción y el Observatorio de Transparencia y Anticorrupción, entre otros.

Producto del desarrollo de la Política Pública Integral Anticorrupción se vienen implementando en el país las siguientes estrategias:

1.    Mejoramiento del acceso y la calidad de la información pública, en búsqueda de aumentar la transparencia y disminuir las ventanas de oportunidades para la corrupción.

2.    Eficacia de las herramientas de gestión de los servidores públicos y las organizaciones públicas para la prevención de la corrupción

3.    Incremento de la incidencia del control social en la prevención de la corrupción, mejorando la información necesaria para el control social, las auditorías visibles y los procesos de rendición de cuentas

4.    Promoción de la integridad y cultura de la legalidad en el Estado y la sociedad

5.    Reducción de la impunidad en actos de corrupción, haciendo más efectivo el proceso desde la denuncia hasta la decisión definitiva.

A pesar de lo anterior, no hemos sido ajenos a los actos de corrupción y a formas cada vez más sofisticadas y sutiles de prácticas corruptas como la captura y reconfiguración cooptada del Estado por organizaciones al margen de la institucionalidad como el paramilitarismo, en conexión con parte de la clase política y cuyas consecuencias aún las sufrimos. Para la muestra, lo sucedido en la Universidad de San Martín con la desviación de recursos, la Universidad de Pamplona con denuncias graves de actos de corrupción en la venta de certificados, lo relacionado con Agro Ingreso Seguro, Interbolsa y el reciente caso del Gobernador de Cundinamarca.

En la Universidad de Antioquia se cuenta con diversas estrategias para la prevención de la corrupción: el Comité Coordinador del Sistema de Control Interno, la adopción del MECI y su actualización 2014, la gestión de riesgos en las unidades tanto académicas como administrativas , la realización de eventos académicos como los Encuentros Regionales de Gestión de Riesgos en las Instituciones de Educación Superior, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, la Comisión Institucional de Ética, la implementación, a través de Atención al Ciudadano, del medio para realizar denuncias y las directrices de la Rectoría para la racionalización del gasto y el debido cuidado de los recursos públicos, entre otras.

Producto de estas y otras acciones, nuestra Alma Máter aparece en primer lugar en el ranking del Índice de Transparencia Nacional de niversidades públicas, lo que es motivo de orgullo, pero además representa un reto en cuanto identifica aspectos en los cuales se debe mejorar para minimizar los riesgos de corrupción y situarnos en niveles más bajos.

Sin embargo debemos preguntarnos permanentemente por las posibilidades de que un servidor universitario en cualquier ámbito de su actuación:

•    Dé o reciba soborno por realizar una acción indebida, orientada a obtener un beneficio particular o beneficiar a un tercero. (Cohecho)

•    Hurte, se apropie o dé un uso indebido a bienes públicos con que se prestan los servicios que le son propios de su misión. (Peculado)

•    Abusando de su cargo, induzca a otra persona a dar o prometerle el pago de dinero u otra utilidad, para sí o una tercera persona. (Concusión)

•    Emita un concepto o dictamen contrario a la ley u omita un acto propio de sus funciones, para beneficio propio o de un tercero. (Prevaricato)

•    Celebre indebidamente un contrato

•    Abuse de su autoridad

Las posibilidades existen y las respuestas nos permitirán identificar riesgos de corrupción

Es evidente el compromiso que las universidades públicas en Colombia, y en especial la Universidad de Antioquia, deben asumir como referentes de la sociedad civil en defensa de los recursos públicos y en contra de cualquier acto de corrupción.

Nota

Este es el espacio de opinión del Portal Universitario, destinado a columnistas que voluntariamente expresan sus posturas sobre temáticas elegidas por ellos mismos.  Las opiniones aquí expresadas pertenecen exclusivamente a los autores y no reflejan una opinión o posición institucional de la Universidad de Antioquia.