Opinión

Con base en la Constitución Nacional, la legislación que define el funcionamiento y los alcances con el Ministerio de Agricultura, teniendo en cuenta la necesidad de desarrollar el Punto 1 del Acuerdo firmado por el Gobierno con las Farc, en el cual se hace referencia a la implementación de una Reforma Rural Integral (RRI), lo anterior con el objetivo de apoyar, "la transformación estructural del campo, cerrando las brechas entre el campo y la ciudad y creando condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural".

Este punto también señala que el Gobierno "reconoce el papel fundamental de la economía campesina, familiar y comunitaria en el desarrollo del campo, la erradicación del hambre, la generación de empleo e ingresos, la dignificación y formalización del trabajo, la producción de alimentos y, en general, en el desarrollo de la nación, en coexistencia y articulación complementaria con otras formas de producción agraria".

En esta Resolución se establecen los lineamientos que serán los principales instrumentos para dirigir la acción del Estado con relación a sus intervenciones de apoyo a ACFC. Con la visión que estos lineamientos proveen, se espera que para el año 2038 la ACFC será la principal impulsora del desarrollo rural con enfoque territorial en Colombia y un pilar de la consolidación de la paz.

Adicionalmente, se señala que el afianzamiento de la ACFC como sistema productivo y de organización social, será el resultado de las intervenciones integrales en función del mejoramiento del bienestar y buen vivir de la población rural, así como de la de la sostenibilidad ambiental y económica, como apoyo a la productividad de la actividad agropecuaria y a la gobernanza en los territorios.

La Resolución señala la construcción de un plan nacional para el fomento y protección de la agricultura familiar, que apoyará proyectos integrales de producción, transformación y comercialización agropecuaria, incentivando y apoyando la producción sostenible y facilitando el acceso a bienes y servicios del Estado, para contribuir al afianzamiento de la población rural en sus territorios, vida digna en el campo Colombiano.

Con esta norma se busca el fortalecimiento, la promoción y la protección de la ACFC, dicho fortalecimiento estará orientado por medio del desarrollo simultáneo y con visión y acciones integrales de estrategias construidas teniendo en cuenta los siguientes ejes:

1. Extensión rural y fortalecimiento de capacidades
2. Bienes públicos rurales
3. Acceso y tenencia de la tierra
4. Incentivos y financiamiento
5. Sistemas productivos sostenibles
6. Circuitos cortos de comercialización
7. Mercadeo social
8. Diversificación no agropecuaria
9. Incidencia y participación
10. Sistemas de información

Juicio y reto institucional

Aunque la Universidad de Antioquia no participó en la elaboración de la propuesta, sí está convocada a participar en el desarrollo desde su plan de estudios y la extensión universitaria que apoya el desarrollo rural en el territorio. Es llamativo el enfoque a la producción agrícola, sin definir entre los objetos de trabajo la producción pecuaria campesina, fundamental para seguridad alimentaria y pilar de la soberanía alimentaria, con especial cuidado en la conservación del genoma de los animales de abasto criollos.

Esta iniciativa nos invita a fortalecer y a crear programas universitarios de agroecología, con el objetivo de aumentar los espacios de formación. También a potenciar acuerdos interinstitucionales entre centros de investigación, universidades, centros educativos, alcaldías, para desarrollar procesos de investigación en el área de la agroecología, resaltando su contribución a la mitigación y adaptación al cambio climático, y a la seguridad alimentaria del país.

Debemos promover el trabajo interinstitucional y transdiciplinario, y la implementación de una estrategia para el fomento de prácticas académicas y pasantías de estudiantes de carreras agrarias, ambientales, y sociales con asociaciones y organizaciones rurales. Esta estrategia debe ser liderada por los departamentos en convenio con las universidades regionales.

Nos reta a pensar en la expansión de la universidad pública hacia los territorios rurales más apartados y marginados a través de programas educativos virtuales y semipresenciales (en todos los niveles) con enfoque territorial.

Nota

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