Opinión

En materia de protección al medio ambiente el Estado colombiano está reprobado, basta con mirar los diferentes medios de comunicación para alertarse respecto al panorama tan nefasto que le espera a todos los habitantes a lo largo y ancho del territorio nacional, desde el amazonas hasta la Guajira, desde el pacífico hasta los Llanos Orientales, se escucha sobre la afectación al medio ambiente por la minería, por la necesidad de incrementar la capacidad de los puertos marítimos, por el control de las rutas del narcotráfico, por el neoliberal argumento de un supuesto desarrollo económico que beneficia a la Nación.

El futuro de las próximas generaciones basado en un desarrollo sostenible y adecuado a políticas públicas acordes a la protección del medio ambiente y al mandato constitucional, desaparece cada vez que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA otorga una nueva licencia ambiental sin imponer la rigurosidad instituida en las leyes dispuestas para tal efecto en nuestro ordenamiento jurídico, permitiendo de esta forma que los procesos de colonización de los cuales nos independizamos como Nación resurjan representados en inversión de extranjera y nacional que menoscaba el interés general con sus megaproyectos, no se aleja de esta perversa práctica las actuaciones administrativas y judiciales que con la desregulación buscan beneficiar los proceso de globalización, desconociendo los preceptos de un Estado Social de Derecho como lo es Colombia.

Nuestro país ocupa el segundo puesto en Suramérica de países con más conflictos socioambientales, y las comunidades afectadas por el desarrollo de proyectos en las zonas donde habitan, cada vez se ven más sometidas a una serie de actuaciones administrativas que flagrantemente vulneran sus derechos fundamentales y colectivos, como es el caso de las comunidades de Bocachica, Caño del Oro, Pasacaballos, Santa Ana, Ararca, Tierra Bomba, Barú y demás corregimientos de la bahía de Cartagena, que ven en el arrecife coralino de Varadero, la única fuente de sustento, pero que sufren ante el inminente dragado del arrecife que se pretende realizar por parte de INVIAS, Financiera de Desarrollo Nacional y el sector privado y portuario de la ciudad de Cartagena, con un solo fin, el de permitir que el interés particular de un sector de la sociedad prevalezca por sobre el interés general de la Nación, lo anterior, por cuanto este arrecife coralino no sólo representa seguridad alimentaria, trabajo, cultura, entre muchos más aspectos positivos para las comunidades, también representa la posible solución a la actual decadencia de las barreras coralinas del planeta a causa de la contaminación y el calentamiento global, por cuanto el arrecife coralino de Varadero en Cartagena de Indias, es único en sus características bilógicas, que le han permitido sobrevivir al calentamiento global, a la contaminación de la bahía que desde años atrás ha sido constante por parte de empresas químicas que han vertido mercurio, pesticidas y muchos otros agentes contaminantes.

Una prueba de esta magnífica resistencia, son los hechos históricos que han padecido el arrecife de Varadero y las comunidades que habitan en su zona de influencia, en 1973 y 1975 la empresa Álcalis de Colombia descargó en la bahía entre 11 y 15 toneladas de mercurio, situación que conllevó que se prohibiera la pesca por diez años, no obstante el arrecife resistió al igual que sus comunidades; en 1989 la empresa Dow Química, descargó pesticidas en la bahía y este nuevo episodio no impidió que este arrecife siguiera resistiendo, situación que no sucedió con los arrecifes de las Islas del Rosario que casi han desaparecido a causa de estos factores de contaminación y calentamiento global.

Las soluciones pueden en muchas ocasiones encontrarse en los Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos, mediante los cuales las comunidades afectadas pueden acudir para exigir el respeto de sus derechos y reivindicar su territorio ante la presión que ejercen las entidades públicas y privadas que promueven megaproyectos en sus territorios, también pueden encontrarse en las acciones populares o en las acciones de tutela, nuestra constitución así lo permite, pero en un país rico en recursos naturales, con gran diversidad biológica, el cual deriva de un modelo extractivista gran parte de su economía, que aunado a los procesos de desarrollo enmarcados en la economía mundial, han permitido y aun en la actualidad permiten que se desarrollen proyectos de explotación de recursos naturales sin límites legales, es muy común que se den procesos de vulneración de derechos y una afectación al medio ambiente.

La Constitución Política de 1991 representa una solución a este conflicto, por cuanto señala un propósito fundamental, el de asegurar al pueblo la vida, la cual constituye la base para la protección del medio ambiente, esta constitución le otorgó una nueva dimensión a la protección del medio ambiente elevándolo a derecho colectivo, consecuentemente cambió las normas y políticas ambientales, estableció límites al ejercicio de derechos económicos como la iniciativa privada, y sujeta la actividad administrativa del gobierno al mandato constitucional, de tal forma que se ha evolucionado en materia de protección ambiental, la nueva constitución tiene un particular contenido ambiental y propende en su mandato por el desarrollo sostenible, es por eso que se ha denominado como una constitución ecológica con la misma categoría de una constitución económica, social y cultural.

Bajo la bandera del ambientalismo las iniciativas ciudadanas como salvemosvaradero.org, representan una esperanza para el Arrecife Coralino de Varadero y las comunidades que derivan su sustento diario y soportan su histórica cultura de este arrecife, la difusión del conflicto hace que este resiliente arrecife deje de ser invisible a la sociedad y a las autoridades ambientales, que aunque saben que allí se encuentra el arrecife de Varadero desde hace muchos años, aprovechan que no está plasmado en el papel para buscar su destrucción y la desaparición de unas comunidades que han sido sometidas a un abandono estatal histórico, se espera que no se repitan los hechos narrados en la cuarta estrofa de nuestro himno nacional, que la alianza público – privada encargada de realizar el proyecto denominado “Modificación de la licencia ambiental para la construcción de la variante del canal de Bocachica” no esté sitiando a las comunidades afectadas por dicho proyecto y que sólo queden escombros de la muerte de este hermoso y único arrecife coralino patrimonio de la Nación.

Nota

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