El desfinanciamiento de la educación superior pública es una situación estructural que requiere medidas de largo plazo, entre ellas una reforma al artículo 86 de la Ley 30 de 1992, para asegurar recursos que cubran las necesidades efectivas de las universidades públicas. Pero identificamos como urgente un incremento adicional y sustantivo en los recursos del presupuesto general de la Nación, para el año 2019.

Valoramos los análisis, discusiones, pronunciamientos y actividades de movilización pacífica que la comunidad universitaria ha realizado y el impacto que han tenido en la sociedad, de forma tal que este tema es hoy parte de la agenda pública en el Congreso, en el Gobierno Nacional y en los medios de comunicación.

También consideramos necesario que la comunidad universitaria, además de utilizar formas de movilización social, continúe con la realización de sus actividades misionales.

En este momento la Universidad de Antioquia se alista para admitir unos 5.000 estudiantes —la mitad de los que cubre Ser Pilo Paga en un año— que en un 90% provienen de estratos 1, 2 y 3 y que esperan iniciar sus estudios el próximo semestre. Esta es la mejor forma de hacer patentes los efectos positivos del financiamiento adecuado por parte del Estado.

Hacemos un llamado al Congreso de la República y al Gobierno Nacional para que se pronuncien con claridad y prontitud sobre el camino que transitarán para resolver el problema estructural originado por el desfinanciamiento de la educación superior pública.

Medellín, septiembre 20 de 2018