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Comunicados Claustro de Profesores y Consejo de Facultad

Claustro de profesores (as)
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
Universidad de Antioquia
 

Consejo de Facultad
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
Universidad de Antioquia

Luquegi Gil Neira
Decano
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

Los abogados defensores de derechos humanos ejercen un rol fundamental en la sociedad, al permitir la ejecución de las garantías fundamentales de los ciudadanos ante regímenes de violencia y desigualdad social y en construcción de una sociedad más justa y pacífica; una vez más, sentimos la necesidad de llamar la atención de las instancias internacionales, entidades de control y protección de los derechos humanos en el país y comunidad en general, ante las graves afirmaciones indefinidas que emitió Caracol Radio, escudados en información de la Policía Metropolitana, en lo que han mal llamado “la existencia de 23 grupos radicales que operan en Medellín”, donde aseguran que abogados y abogadas que integran la “defensa jurídica de los manifestantes que son detenidos durante y después de las movilizaciones” sociales, hacen parte de la “Séptima Línea”; como una derivación del grupo denominado “Primera Línea Aburrá”.

Es necesario expresar que, ante la persecución de algunos miembros del aparato coercitivo del Estado en contra de la población civil que ha venido ejerciendo y acompañando el derecho a la protesta social en el marco de las movilizaciones sociales en el país, y en específico en la ciudad de Medellín, algunas corporaciones de Derechos Humanos, agremiaciones de abogados penalistas y consultorios jurídicos de las Facultades de Derecho, coherentemente con su compromiso social y jurídico, han asumido la representación judicial de algunos ciudadanos, con la finalidad de hacer valer las garantías penales y procesales reconocidas como derechos fundamentales en la Constitución Política de Colombia.
 
Por lo tanto, reclamamos respeto al debido proceso, especialmente en lo que respecta al derecho de defensa, no sólo como una garantía de toda persona que esté siendo investigada o juzgada, sino también como una condición básica de democracia y civilidad. En consecuencia, rechazamos cualquier intento por criminalizar el ejercicio de la defensa técnica, lo cual se traduce en un desconocimiento de los más importantes pactos éticos y políticos consignados en la Constitución Política de Colombia.
 
La estigmatización de la Universidad pública por parte de la Policía Nacional, al afirmar a través de la nota periodística e infografía presentada por Caracol Radio que, 9 de los llamados “grupos radicales que operan en Medellín”, fueron fundados, hacen presencia o vinculan estudiantes de la Universidad de Antioquia, contribuye a la criminalización de los estudiantes y al tratamiento de quienes hacen parte de la protesta social, dentro de la doctrina del enemigo interno, como actores del “terrorismo vandálico”. Ante esto encontramos una clara extralimitación de la policía, quien sigue operando bajo lógicas militares para atender problemas de orden público de carácter civil. Adicionalmente, resaltamos la ausencia de Estatuto de la participación y de un Protocolo municipal para la movilización social, que establezca normas claras permitan el ejercicio del derecho a la movilización social sin el señalamiento criminal por parte del Estado.
 
No menos grave, resulta el hecho de incluir como una “Cuarta línea (línea de equipo paramédicos y rescate de heridos Atención Pre Hospitalaria APH)” y como uno de los grupos radicales denominado al “Escudos Azules – APH”, conformado según el artículo por "Voluntarios de primeros auxilios que se sintieron identificados. Reciben entrenamiento médico y atención en primeros auxilios. Según datos de inteligencia, son asesorados por una ONG israelí. Atienden a personas lesionadas que participan en las marchas por gases y armas contundentes.”, criminalizando y estigmatizando igualmente a quienes en un gesto de humanidad, aún a costa de su propia integridad, prestan los primeros auxilios a otros que en medio de un conflicto lo requieren; haciendo efectivo no solo un juramento hipocrático, sino los mínimos derechos fundamentales a la vida, la salud y la integridad física; como además lo establecen inclusive tratados internacionales sobre derechos humanos en el marco de cualquier guerra, movilización o conflicto.
 
Medellín, 24 de junio de 2022
 

Comunicado Claustro de profesores y profesoras Facultad de Derecho y Ciencias Políticas UdeA

«... El compromiso por la construcción de paz y formas de tramitar los conflictos de modos más racionales nos involucran a todos, tanto en el momento de su reflexión y análisis, como de su implementación...»

Una vez más nos vemos convocados por las dolorosas consecuencias de la gestión bélica de nuestros conflictos sociales, de la representación del contradictor como un enemigo que debe ser aniquilado.

La incapacidad que hasta ahora hemos tenido de implementar exitosamente un proyecto de convivencia y coexistencia pacífica de las diferencias nos obliga, como tristemente lo hemos tenido que hacer en otras ocasiones, a pronunciarnos respecto a dos hechos lamentables que, a pesar de sus particularidades, son expresiones de un mismo orden de problemas: de la guerra como lógica para definir como enemigo a quien piensa o expresa puntos de vista diversos y, como consecuencia, el uso de repertorios de acción violenta.

El primer hecho son las amenazas de las que fue víctima una de nuestras compañeras de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de esta Universidad, quien el pasado 5 de junio recibió mensajes de amenaza contra su integridad y su vida relacionados con su ejercicio docente. Expresamos nuestra solidaridad con la profesora y saludamos el acompañamiento que ha recibido de las directivas de la Universidad.

Manifestamos nuestro repudio a este hecho que, además de ser una agresión contra la profesora que sufrió las amenazas, representa un atentado contra la libertad de cátedra y, en general, contra la comunidad universitaria, cuyo rasgo distintivo debe ser, justamente, una gestión del conflicto por medio del diálogo y el debate racional, por una prevalencia de las ideas y los argumentos sometidos a la crítica. Como universitarios reafirmamos la necesidad de reivindicar nuestro espacio como un lugar seguro para la puesta en común de distintos puntos de vista frente a la sociedad, el Estado o la política en general, sin que ello nos cueste la vida.

El segundo hecho es la explosión ocurrida el pasado 8 de junio en el barrio El Chagualo, la cual produjo la muerte de una estudiante de la Universidad de Antioquia y graves heridas a otras tres personas. Como lo dijo este mismo Claustro hace algunos años, “las tragedias se lamentan, no se castigan”, y eso es precisamente lo que hacemos ahora, lamentar la pérdida y reconocer los sufrimientos que dejó este trágico hecho.

Hacemos una invitación general a la reflexión sobre la pertinencia y los costos (“sobre todo humanos”) de ciertos repertorios o mecanismos de protesta y manifestación política. Si bien es claro que existen razones históricas y estructurales que permiten comprender la génesis de estas expresiones, nuestra invitación apunta a la necesidad de someterlas a la crítica, al examen de sus consecuencias y motivaciones y a plantear nuevas posibilidades de manifestar las inconformidades sociales que no dejen tras de sí "mártires" y sufrimientos que bien pudieran ser evitados.

Ahora bien, este no es solo un llamado a la comunidad universitaria, sino también a la institucionalidad que con su respuesta agresiva contribuye a la prolongación y actualización de estos ciclos de violencia. El compromiso por la construcción de paz y formas de tramitar los conflictos de modos más racionales nos involucran a todos, tanto en el momento de su reflexión y análisis, como de su implementación.

En consecuencia, hacemos un llamado a repensar la legitimidad y necesidad de la violencia, pero no solo de quienes protestan. Consideramos que ciertas respuestas institucionales, en lugar de proveernos seguridad, representan una amenaza más, como el uso de la fuerza, insalvablemente desmedido, y el desafortunado recurso del Derecho Penal, que, no nos cansaremos de insistir en ello, no solo no soluciona ninguno de los conflictos de los que se ocupa, sino que los profundiza. Se trata de un llamado a la autocrítica para caminar por una senda que permita avanzar en la construcción de una paz tan deseada como esquiva.

Finalmente, reclamamos sensatez y responsabilidad, para que se eviten las desafortunadas estigmatizaciones del espacio universitario y su comunidad (nos referimos a la Universidad de Antioquia y a las universidades públicas del país). Consideramos que en nada aportan a la construcción de esa paz que tantos colombianos reclamamos.
 

Medellín, 10 de junio de 2022


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