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De cara a la economía post-pandemia, varios factores entre agentes económicos van a cambiar o tardarán en ajustarse y volver a su cauce. Hablamos de la dinámica empresarial, el empleo, los ingresos, la tributación y el gasto público, incluso la población, que van a demandar políticas públicas descentralizadas y enfocadas en la realidad de los territorios.

Por: Lourdes Cruz Cárdenas  -Facultad de Ciencias Económicas-

De acuerdo con Cecilia Vera Iglesias, Oficial de asuntos económicos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe –CEPAL– y Coordinadora de proyección, seguimiento y análisis de coyuntura macroeconómica global, en la División de Desarrollo Económico; la región latinoamericana ya presentaba un bajo crecimiento económico (0.3%) antes de la pandemia (2014-2019). Pero sin duda, la crisis sanitaria actual deja la peor contracción económica desde que existen registros, con pérdida de ingresos, desempleo y un retroceso entre una y dos décadas frente a los avances en pobreza y pobreza extrema, a pesar de que los gobiernos implementaron políticas fiscales y monetarias para mitigar los efectos de la pandemia.

“En 2020 los gobiernos de la región gastaron en promedio 4.6% del PIB, Brasil 8%, para fortalecer el sistema de salud, ejecutar los planes de emergencia y brindar alivios tributarios, así como 2.5% en garantías estatales de crédito. Según los cálculos, sin transferencias monetarias la pobreza hubiera aumentado a 230 millones de personas en 2020, cifra que se encuentra en 209 millones de pobres y 78 millones en indigencia”, agregó la funcionaria y PhD. en Economía. 

Durante su participación en el Seminario de Economía, La economía post-pandemia: elementos de análisis para la definición de políticas públicas, realizado por la Facultad de Ciencias Económicas, Vera se refirió al último informe sobre Perspectivas Económicas Mundiales del Banco Mundial, que indica que hay dos tercios de las economías emergentes que van a tener pérdidas de ingresos per cápita que no van a revertirse ni siquiera en 2022, insistiendo en que las diferencias en el ritmo de recuperación van afectar el comercio, las cadenas de valor y la sostenibilidad del crecimiento económico.

Estimaciones de la CEPAL señalan que Colombia enfrenta la pandemia en 2021 con una proyección de crecimiento cercana al 5%, asociado principalmente a un efecto de arrastre estadístico, como también sucede para la mayoría de países de la región, por lo tanto, explicó la economista, cualquier tasa por debajo de 5% tiene implícita una evolución desfavorable del crecimiento económico.

En tal sentido, y reconociendo que la situación es compleja del lado fiscal, debido a mayores niveles de endeudamiento para los países, comentó Vera, los desafíos que debe asumir Colombia para evitar que el crecimiento sea solo un rebote es continuar con políticas fiscales y monetarias expansivas, así como con la recuperación del empleo.

Sin embargo, la pandemia ha impactado de forma heterogénea el empleo en el país. En el caso de Antioquia, un departamento diverso en población, ramas de actividad económica y vocaciones productivas en sus municipios, señaló el profesor Edwin Torres Gómez, integrante del grupo de Macroeconomía Aplicada e invitado al encuentro, hubo una pérdida de empleos de 10.22% en el segundo semestre de 2020, equivalente a 283.139 empleos, donde las mujeres representaron el 11.03% y los hombres 9.62%; asimismo la zona urbana aportó el 13% y la ruralidad el 2.4%. 

Las subregiones de Medellín y el Valle de Aburrá, junto con el Bajo Cauca y el Oriente antioqueño, presentaron las mayores pérdidas de empleo y, en términos de edad, los jóvenes registran una tasa de 10.45%, equivalente a 50.476 empleos menos y las personas mayores de 50 años una pérdida de 80.977puestos de trabajo.

Cifras que fueron estimadas por el grupo investigador para analizar de cerca el comportamiento del empleo en Antioquia, toda vez que, aclaró el profesor Torres, PhD. en Economía, “los datos producidos por el DANE no tienen ese nivel de representatividad estadística en la región y los impactos municipales en esta materia, más que un reto metodológico, son una necesidad para tomar decisiones acordes con las características de los municipios y los impactos en las diferentes subregiones”.

Por lo tanto, considerando los cambios a nivel poblacional, pues el grueso de la población está entre 20 y 39 años, y la heterogeneidad en el comportamiento de los indicadores económicos en los territorios, el Dr. Julián Vásquez Roldán, Gerente del Instituto para el Desarrollo de Antioquia –IDEA–, se refirió a que Colombia debe territorializar la política pública y evaluar temas como la pertinencia educativa, acceso a oportunidades, el avance del aparato productivo y la longevidad y supervivencia femenina, así como dar discusiones en materia de pensión, tributación y formalización laboral y empresarial. 

“Colombia tiene que dar hoy las discusiones que no dio en el pasado y para materializarlo, el Gobierno tendrá que entender que la realidad se conoce en el territorio, donde los gobiernos locales y los diferentes actores están llamados a ayudar y transformar esas realidades”, expresó Vásquez.

Si bien estos y otros desafíos de la economía post-pandemia pasan por la realidad social, laboral, sanitaria y educativa de los territorios; las políticas de austeridad estatal, el equilibrio fiscal y una deuda pública sostenible seguirán en la discusión.

Para el profesor Fernando Jaramillo, Director de investigaciones de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, quien también participó del evento, la pandemia tomó a Colombia con un incremento en exenciones tributarias y subsidios injustificados con la reforma de 2019, un déficit fiscal negativo desde 2012 y un aumento sostenido de la deuda pública, entre otros.

De manera que, sostuvo el académico, es necesario llegar a una política fiscal concertada, con criterios de transitoriedad e impuestos progresivos, donde las clases sociales de mayores ingresos y las ramas productivas con menos afectaciones por la pandemia hagan un esfuerzo fiscal mayor; pero sobre todo, dijo Jaramillo, “la mejor reforma tributaria es incrementar el presupuesto de la DIAN para combatir la evasión, pues si se logra disminuir la evasión fiscal el esfuerzo será menor”.

En tal sentido, agregó la economista Cecilia Vera, “una trayectoria de gasto público sostenible requiere aumentar los ingresos eliminando los espacios de evasión (6,1% del PIB regional), replantear los gastos tributarios (3,7%), ampliar impuestos para abordar problemas de salud pública y dar pasos hacia una estructura basada en impuestos directos”.

Al término del encuentro, los analistas coincidieron en implementar políticas públicas descentralizadas, enfocadas en la realidad de los territorios y el deterioro de sus indicadores, así como en la eficiencia del gasto y los recursos disponibles de cara a los cambios que trae la pandemia para la economía.

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