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El impuesto corporativo global abre nuevamente el debate sobre el límite a la competencia entre países por inversión extranjera.

Por: Lourdes Cruz Cárdenas

-Facultad de Ciencias Económicas-

Una alta carga tributaria a las empresas, como en su momento lo reveló el Índice Paying Taxes 2020 de PWC, basado en el estudio: Doing Business 2020 del Banco Mundial, que ubicó a Suramérica como la región del mundo donde las empresas pagan más impuestos por operar, resulta determinante a la hora de que las compañías decidan dónde abrir sus sucursales y filiales, pues a mayores impuestos menos ganancias.

Esto se traduce en que los Estados a nivel mundial, busquen brindar a las empresas bajas tarifas impositivas con el fin de que la inversión extranjera no se vea afectada, pero a su vez, las empresas también buscan asentarse con el mejor postor. 

Como alternativa a esta situación, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, propuso recientemente crear un Impuesto Corporativo Global con una tasa mínima del 21%, para detener la disputa entre países e incentivar sistemas fiscales estables y justos. De hecho, la iniciativa vuelve a estar sobre la mesa luego de que por años los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos –OCDE–, la Unión Europea y las economías desarrolladas del G20, se mostraran a favor de un acuerdo de este tipo. 

Sin embargo, explicó Natalia Arenas Gómez, profesora de la Especialización en Gestión Tributaria de la Facultad de Ciencias Económicas, “incentivar una tasa mínima de tributación implicaría que entre los Estados se reduzca la competencia que otorgue a empresas multinacionales la facultad de evaluar las jurisdicciones desde el punto de vista del mejor postor”.

Adicional, desde la practicidad de la propuesta, consideró la especialista en Legislación Tributaria, es difícil su ejecución dada la soberanía de cada país para establecer sus reglas y tarifas de tributación, así como los incentivos y beneficios que otorgan a las empresas, entre otros asuntos similares.

En los países europeos, por ejemplo, la tasa impositiva a las empresas oscila entre el 12% y el 15%, inferior a la propuesta por el mandatario norteamericano, quien además propuso para su país que las empresas residentes y no residentes, cualquiera que genere ingresos en Estados Unidos, pague una tarifa del 28%.

En la foto: la profesora Natalia Arenas Gómez 

En Colombia, la tasa de impuesto a la renta, su similar en sentido amplio, pero no igual a dicha iniciativa, pues cada estatuto tributario es distinto para cada Estado, ha tenido una tarifa general aproximada del 33% (actualmente 31%), por lo que, de formalizarse la propuesta, señaló la profesora Arenas, “se analizaría para Colombia que su legislación respete la tasa mínima y los estándares que se establezcan para armonizar el sistema fiscal, no sólo a nivel de tarifa, con un "piso" o tarifa mínima, sino de beneficios e incentivos, dado que la propuesta se enfoca al sistema de tributación como tal, y no únicamente a la tarifa general de tributación”.

Para la profesora de la FCE y Magíster en Economía, Laura Sánchez Higuita, más allá de la tarifa, que es un asunto complejo, “un aspecto a tener en cuenta es que la propuesta esté acompañada de acuerdos para respetar la equidad en la tributación, dado que, por la vía de ofrecer tratamientos tributarios especiales, es que podrían perder efectividad las iniciativas de establecer mínimos, y sería el terreno sobre el cual se empezaría a competir por inversiones (esto ya ocurre en la práctica, en países como Colombia)”.

En la foto: la profesora Laura Sánchez Higuita

Con el nuevo proyecto de reforma tributaria que viene para el país, comentó la economista, se propone una tasa mínima de 24% para rentas líquidas de personas jurídicas de menos de $500 millones; lo que faltaría sería garantizar la equidad.

Precisamente, estas medidas parten de gravar a las empresas de acuerdo al tamaño de sus ingresos o utilidades, sin embargo, sostuvo el profesor Daniel Romero Ramírez, Economista del Universidad de Antioquia, “esto no sería una política ciento por ciento eficiente, dado que se podría desincentivar el crecimiento de las empresas, pero al menos se buscaría generar distorsiones más bajas en la asignación de recursos y se fomentaría el emprendimiento de baja escala, dado que somos un país de Pymes”.

De otro lado, recalcó el académico, las empresas deberían tener tasas impositivas bajas para afectar lo menos posible la inversión y evitar la traslación impositiva al consumidor, lo cual afecta no solo el bolsillo de los colombianos, sino que puede tener efectos sobre la inflación de corto plazo que, aunado con la incertidumbre tributaria (50 reformas tributarias llevan el país desde 1897), fomenta un clima de inversión enrarecido y quita competitividad al país.

En la foto: el profesor Daniel Romero Ramírez

Entre los beneficios, el profesor Romero sólo destacó la facilidad de recaudar este tipo de impuesto y ante la tendencia de algunas empresas de llevar sus ganancias a países de baja o nula imposición, expresó que es una práctica que se podría desencadenar en empresas de gran tamaño, que no sería el caso colombiano.

Sin embargo, para la profesora Sánchez, otros beneficios son: la señal que se envía a los países llamados paraísos fiscales sobre un acuerdo mundial, porque aunque no dejarían de existir, pueden quedar cada vez más relegados a la informalidad e ilegalidad; adicional, se plantea indirectamente una idea consensuada sobre el tamaño mínimo del Estado, es decir: “si existe un piso a la tributación corporativa, esto equivale a un piso de ingresos de los gobiernos, lo que obliga a una discusión futura sobre el rol del Estado como proveedor de bienes y servicios”, manifestó la investigadora del grupo de Microeconomía Aplicada.

Finalmente, son diferentes las posiciones a favor y en contra de un impuesto mínimo corporativo global frente a sus efectos sobre la competitividad tributaria, pero hasta cierto punto, la profesora Arenas encuentra positiva la competencia fiscal entre los Estados, por cuanto, “las realidades políticas, económicas y fiscales de cada Estado son diferentes, y se han analizado casos de países que han encontrado eficiencias y crecimientos económicos impulsando la inversión y el crecimiento de las empresas vía políticas de baja imposición”, concluyó la Magister en Fiscalidad Internacional.

Imágenes tomadas de: www.pexels.com