Listado

Yeison Andrés Orozco Zuluaga
Profesor Ocasional de Tiempo Completo

El 1 de julio de 2021 el grupo del Marco Inclusivo de la OCDE sobre Política Fiscal Internacional sesionó para aprobar un acuerdo marco internacional con el que se busca imponer un impuesto mínimo global a corporativos, que incluirá plataformas digitales. Ya son 133 países y jurisdicciones, incluida Colombia, que se unen a este pacto histórico.

La propuesta básicamente busca establecer un impuesto mínimo global a grandes multinacionales y así definir un piso tributario que evite cobros impositivos demasiado bajos. Este acuerdo traerá consigo cambios radicales en los impuestos globales ya que los Gobiernos buscan eliminar la vieja costumbre: empresas que utilizan esquemas contables y legales para trasladar sus ganancias a países de impuestos bajos (conocidos como paraísos fiscales) y así eludir los gravámenes más altos en sus naciones de origen.
Jaime Vargas, socio director de impuestos en la consultora EY, explica que la finalidad de este impuesto es combatir y frenar la competencia fiscal entre países por la proliferación de tarifas bajas y permitir que los países latinoamericanos compitan por inversiones sin verse en la obligación de sacrificar los ingresos fiscales.

Motivaciones de los países a la firma de este acuerdo.

El mundo avanza a pasos agigantados, y es necesario crear marcos impositivos que respondan a los nuevos sistemas de producción y comercialización, grandes empresas como Google, Facebook o Amazon que se dedican a ofrecer servicios digitales por todo el mundo, están declarando sus ganancias en países con tasas impositivas relativamente bajas ya que allí están ubicadas sus sedes corporativas. La propuesta es que las multinacionales tributen en la jurisdicción que se genere el consumo, no donde están las operaciones.  "Las empresas ya no estarán en condiciones de eludir sus obligaciones fiscales reservando sus ganancias en países con impuestos más bajos", afirmó el ministro Británico de Finanzas, Rishi Sunak.

¿Qué se espera de este acuerdo en los próximos años?

Con la implementación del impuesto mínimo se espera asignar a cada país la renta que obtienen las empresas respecto del total de ingresos obtenidos en cada jurisdicción. Según datos revelados por la OCDE, se estima que un impuesto global sobre la renta empresarial de al menos el 15% podría generar alrededor de 150.000 millones de dólares en ingresos fiscales adicionales por año.

Argumentos en contra de este acuerdo.

Partiendo de que en la actualidad no existe un principio de derecho internacional global que obligue a los Estados a cooperar con las estrategias fiscales implementadas por países extranjeros u organizaciones internacionales, la pretensión de implementar un acuerdo fiscal en el que se puedan definir pisos/bases mínimas para controlar los cobros tributarios puede perder fuerza por la conveniencia fiscal y de inversión de algunos países. 

La propuesta de implementar un impuesto global corporativo visto desde el ámbito político- legislativo podría concebirse como una agresión directa a la soberanía de los Estados y jurisdicciones y a su vez disminuir la efectividad de la aplicación del impuesto, dado que, entre más estricto sea el impuesto (tasas muy bajas) menor será el número de países dispuestos a implementar la modalidad fiscal en mención.

Una tasa del 15% propuesta hasta el momento, se convierte en un referente de deficiencia para algunos países en cuanto a que los impuestos corporativos se estimen como poco competitivos, lo cual expone la propuesta de impuesto global corporativo como favorecedor de los países ricos en detrimento de los pobres. Esto, principalmente porque el acuerdo incluye un principio en el que las multinacionales paguen menos impuestos en los territorios en los que producen y no en lo que venden. 

Expertos señalan que aproximadamente el 60% del recaudo de esta tasa quedará en manos de grandes naciones como EEUU, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y otros países desarrollados, mientras que el 40% restante será distribuido entre las demás jurisdicciones, quedando América Latina con un papel bastante desventajoso ya que el porcentaje que se le asignaría sería de los más bajos, debido a que los porcentajes más altos irían a países en desarrollo.

Se espera que en el 2023 se dé inicio con la puesta en marcha teniendo en cuenta un régimen de transición.

Imágenes tomadas de https://pixabay.com/es/