Opinión

Colombia está pasando en el último semestre por un incremento alarmante de violencia. Desde mediados de enero de 2025, las noticias sobre los enfrentamientos entre los diversos actores armados, incluyendo la Fuerza Pública, es la constante. Este incremento en la violencia ha provocado también que el número de víctimas, asesinatos, masacres, desplazamiento forzado y confinamiento de comunidades se haya multiplicado.

En el reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas sobre el país se evidencia esta realidad trágica. Al finalizar el primer cuatrimestre de 2025 este organismo mostró cómo el número de afectados por el conflicto armado se ubicó en 700 000 personas. Siendo los territorios del Catatumbo, Chocó, Cauca y norte de Antioquia los lugares donde mayor número de víctimas se presentan. Debido, precisamente, a los enfrentamientos entre organizaciones armadas como el Clan del Golfo, el ELN o las disidencias de las Farc.
Desafortunadamente estas cifras serán aún mayores cuando se haga el cierre del primer semestre de 2025.

Pues en la primera quincena de junio, el país está viviendo una escalada terrorista a causa de la guerra que tienen el Estado colombiano contra las disidencias de alias Iván Mordisco y que dejaron, en tan solo un día —el 10 de junio—, ocho muertos y 62 heridos, en 24 ataques en los departamentos de Valle y Cauca.

Este incremento en la violencia, aunque lamentable, ya se dejaba predecir al final del año anterior. En el libro, «¿Plomo es lo que viene?», elaborado por la Fundación Paz y Reconciliación —Pares— en 2024, mostró que la probabilidad de aumentar la violencia en el país, en 2025 y 2026, es alta. En el balance preliminar que realizan a la política pública de Paz Total mostró que la capacidad militar y la presencia armada de las diversas agrupaciones políticas y criminales en el país viene aumentando en los últimos años.

El informe insistió que grupos como el Clan del Golfo o Ejército Gaitanista de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional —ELN— y las disidencias de las Farc o Estado Mayor Central están presentando un incremento en hombres armados y expansión territorial. Sin embargo, también advirtió, que este crecimiento no corresponde con el potencial número de acciones criminales que podrían causar. Es decir, que las acciones violentas no crecieron con el mismo dinamismo con que lo hizo las estructuras ilegales.

¿Cuál es la razón de este dinamismo dispar? Según el informe de la Pares es a la contención que ha generado la implementación de la política pública de Paz Total. Si comparamos y analizamos la situación del primer semestre de 2024, frente al mismo período en 2025, encontraremos diferencias que explican con claridad qué está pasando.

El año anterior estaba en pleno vigor la estrategia de negociar la paz con diversos actores armados. En la Mesa de Negociación con el ELN se había acordado un cese al fuego por 180 días, que finalizó en febrero de 2024, y que se renovó por seis meses más hasta agosto de ese mismo año. Algo similar ocurría con las disidencias de las Farc o fracciones del Estado Mayor Central.

Además, se estaba dialogando con la Segunda Marquetalia y el Frente Comuneros del Sur en Nariño. Incluso, como muestra de querer vincularse a la Paz Total, las diversas estructuras armadas criminales de alto impacto presentes en el Valle de Aburrá en Antioquia, en Buenaventura en el Valle y en Quibdó en Chocó, realizaron pactos de no agresión y prometieron reducir de manera autónoma e independiente los crímenes en sus territorios.

Estas negociaciones de paz y las conversaciones con las estructuras armadas ilegales de alto impacto provocaron que, a pesar del crecimiento en las estructuras, en hombres y armas, además de la presencia territorial, no se convirtiera en un aumento mayor de la violencia en el país. La ciudadanía y la Fuerza Pública estaban disfrutando de las mieles de la Paz Total.

Pero al iniciar el 2025 la situación fue cambiando. Los diálogos de paz con el ELN se paralizaron completamente. Las mesas con el EMC y la Segunda Marquetalia se transformaron negativamente. Los acuerdos del cese al fuego se fueron acabando y en junio de 2025 ya no se tiene vigente ningún pacto con estos grupos para desescalar conjuntamente el conflicto.

El Gobierno nacional ni la ciudadanía tiene hoy instrumentos para exigir paz, como la firma de acuerdos de cese al fuego. Ya no tenemos textos y firmas para decir a los armados ilegales que expliquen por qué están atentando contra la Fuerza Pública o la población civil. Nos encontramos en una situación de guerra, donde el Gobierno ha declarado como objetivos militares a todos estos grupos armados ilegales. Los ocho conflictos armados que reconoce la Cruz Roja Internacional están activos.

Es precisamente, en este momento, cuando podemos poner la vista atrás, cuando se evidencia los efectos positivos que tuvo la implementación de la política de Paz Total en el país. Una política que se valora muy poco hoy, incluso se le cuestiona demasiado por su improvisación y poca claridad. Sin embargo, la situación actual de violencia y barbarie del conflicto armado evidencia que la Paz Total tuvo efectividad. Esto hace que sea conveniente pensar, en el futuro próximo, en continuar con la implementación de esta política pública, como estrategia para reducir la violencia y como acción para convertirla en política de Estado.

• Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. 

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