Opinión

A la reforma laboral le restan tres etapas para convertirse en una realidad. Primero, la plenaria del Senado deberá discutir el articulado aprobado en la Comisión IV —tras un procedimiento de apelación inédito— y que recoge, para bien o para mal, mucho de lo que se acordó en Cámara de Representantes. Segundo, si el Senado le da luz verde y decide sacar adelante su propia versión de la reforma, se procederá a integrar una comisión interparlamentaria de conciliación encargada de armonizar el texto que sacó la Cámara con el del Senado y ese articulado definitivo se deberá volver a votar en ambas plenarias. Tercero, el presidente Petro deberá sancionar el proyecto para que se convierta en ley. 

Y es toda una contrarreloj porque las primeras dos etapas —plenaria y conciliación— se deberán surtir de aquí al 20 de junio. No será una meta fácil de cumplir. 

De entrada, el Gobierno no ve con buenos ojos una reforma que en la versión de la Comisión IV —así recoja mucho de lo que se aprobó en la Cámara como el recargo nocturno desde las 7:00 p. m. y el 100 % de recargo en dominicales y festivos—, introduce ajustes sustanciales, resalto dos: la creación de la figura precarizadora del contrato laboral por horas, y la negativa a convertir la vinculación de los aprendices del Sena de un contrato de aprendizaje a un contrato laboral. 

Tras el dramático hundimiento de la consulta popular, la radicación de la «consulta popular 2.0» —con nuevas preguntas relativas al sector salud— y las exiguas movilizaciones del paro nacional del 28 y 29 de mayo, el escenario que pinta para el Gobierno es el de una correlación de fuerzas políticas tradicionales en el Senado que sometidas a cierta presión social avanzan rápidamente en la discusión de la reforma con una doble intención: por un lado, llegar a un consenso sobre la mejora en las condiciones de los trabajadores —por lo que aquello de un contrato por horas resulta siendo un tremendo contrasentido—, y por el otro, restarle todo el oxígeno posible al retirado llamado a la consulta popular. 

Es un pulso entre la propuesta inicial del Gobierno y la versión del Senado, que, aunque vuelvo a repetir, recoge mucho de lo aprobado por la Cámara, toma distancia en ciertos «puntos de honor» e introduce figuras que los representantes ni siquiera tuvieron en cuenta en los dos primeros debates. Si en los próximos días no se llega a un acuerdo sobre esos puntos y la plenaria aprueba la reforma en cuarto debate, así sea con la oposición frontal del Gobierno, se encontrará con una conciliación difícil, puesto que el texto se debe armonizar —como ya lo mencioné— con el aprobado en Cámara y ese articulado definitivo se deberá volver a votar en ambas plenarias. 

Si la reforma se aprueba en la plenaria del Senado en contravía de la postura del Gobierno, y a su vez, se enreda en la conciliación —con la ventaja para el Gobierno de contar con una mayoría más estable en Cámara—, se hunde completamente. Porque así el trámite de conciliación desde el procedimiento legislativo reglado por la Ley 5 de 1992 no se asuma como un quinto debate, sí es un punto de encuentro sustancial para que las cámaras —y con fortuna, en Colombia tenemos un modelo bicameral— lleguen a un acuerdo político cuando un proyecto de ley aprobado en sus respectivas plenarias difiere. 

Y el acuerdo entre el Gobierno y las fuerzas políticas tradicionales sería lo más deseable, no solo para que una reforma necesaria y que busca hacer justicia a los trabajadores —desestimando la contrarreforma laboral que Álvaro Uribe impuso en 2003—, sí corresponda al objetivo de dignificar sus condiciones laborales. Porque si la reforma se hunde por desavenencias inamovibles sobre el contrato laboral para los aprendices del Sena, o si los tradicionales cierran filas en defensa del precarizador contrato por horas, también se hunde el recargo nocturno desde las 7:00 p.m. y el recargo de 100 % en dominicales y festivos. Quedarían los trabajadores sin el pan y sin el queso. 

De ahí que los próximos días sean de muchísima negociación política, en un pulso abierto donde tanto el Gobierno como los sectores tradicionales deberán moverse de sus inamovibles. Porque si gana la imposición se hunde la posibilidad de recuperar —parcialmente— lo que se perdió con la contrarreforma del 2003. Y como telón de fondo se encuentra una reiterada invocación a la consulta popular —ya en su versión 2.0—, el llamado oficial a la movilización —que se viene agotando—, y las expectativas de los trabajadores y las trabajadoras. ¿Ganará la imposición o se impondrá la sensatez?

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Notas:

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