La vida por encima de las ideologías
La vida por encima de las ideologías
«El atentado contra el senador y precandidato presidencial por el Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, una de las figuras más visibles y mediáticas de la principal fuerza de oposición al Gobierno del presidente Petro, es tanto un atentado a la estabilidad democrática como a los objetivos centrales del Acuerdo de Paz. Es un hecho profundamente repudiable que deja constancia de que una violencia política feroz y destructiva se sigue incubando en segmentos extremistas de la sociedad. Violencia que en su dimensión política —aparentemente— se intentó superar con el Acuerdo pero que, infortunadamente, no se logró».
Con la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla de las Farc, el 24 de noviembre de 2016, se buscó, como condición estructural para alcanzar aquella anhelada «paz estable y duradera», acabar con ese matrimonio anacrónico, tóxico y despreciable entre armas con política.
Para lograrlo, el Acuerdo dispuso de tres medidas; la primera, un Pacto Político encaminado a «hacer efectivo el compromiso de todos los colombianos/as para que nunca más, se utilicen las armas en la política»; segundo, la instalación de un Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política —Sisep—; y tercero, concertar con los partidos y movimientos políticos con representación en el Congreso un estatuto de garantías para el ejercicio de la oposición política.
El Pacto Político, que, en principio, se trazó el objetivo central de convocar a todas las fuerzas vivas de la Nación, todavía, a casi diez años de la firma del Acuerdo, sigue en veremos. El Sisep se creó mediante el Decreto 895 de 2017; sin embargo, no ha resultado ser del todo funcional en su integralidad y a la larga se convirtió en un sistema subsidiario y coyuntural. Y sobre las garantías para el ejercicio de la oposición política, con fortuna, se materializó —al menos, sobre el papel— con la expedición del Estatuto de la Oposición o Ley 1909 de 2018.
Esto para afirmar que el atentado contra el senador y precandidato presidencial por el Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, una de las figuras más visibles y mediáticas de la principal fuerza de oposición al Gobierno del presidente Petro, es tanto un atentado a la estabilidad democrática como a los objetivos centrales del Acuerdo de Paz. Es un hecho profundamente repudiable que deja constancia de que una violencia política feroz y destructiva se sigue incubando en segmentos extremistas de la sociedad. Violencia que en su dimensión política —aparentemente— se intentó superar con el Acuerdo pero que, infortunadamente, no se logró.
No me cabe la menor duda de que en este momento se requiere unidad ante la barbarie y no puede haber espacio a zonas grises o cobardes puntos intermedios: el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay es un fracaso del Gobierno, de la Nación, de la sociedad. No se limita a considerar que se retornó a los días funestos de un pasado violento, sino que, la violencia política, en su terrible e implacable gradualidad, nunca se fue y antes se viene profundizando en el ocaso de un Gobierno que, entre la ingenuidad, la expectativa y la incapacidad, nunca le pudo dar norte a su política de paz.
Con el atentado al senador Miguel Uribe Turbay también se ponen en entredicho las garantías de seguridad para el ejercicio de la política. Garantías que el Estatuto de la Oposición elevó a la condición de derecho fundamental, y ad portas de iniciar una campaña electoral que pinta incierta y polarizada, cada uno de los precandidatos y precandidatas, sin distinción de ideologías o partidos, debe contar con las condiciones de seguridad suficientes para avanzar en sus actividades proselitistas. Sin esas condiciones la democracia no solo corre el riesgo de verse asediada por la barbarie, sino que también terminaría siendo secuestrada por una violencia extremista.
Es claro que en el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay se presentaron fallas protuberantes en los dispositivos institucionales de seguridad. Ya le corresponderá a la justicia fijar el nivel de responsabilidad que le cabe a las autoridades e instituciones que por mandato constitucional estaban llamadas a ofrecerle garantías y condiciones de seguridad.
Tiene sentido volver a poner sobre la mesa la necesidad de consensuar un pacto social y político entre todas las fuerzas vivas de la Nación que en perspectiva de lo planteado por el Acuerdo de Paz sea promovido desde las ciudades y las regiones, buscando hacer efectivo el compromiso de todos los colombianos y colombianas para que nunca más, se utilicen las armas en la política, ni se promuevan organizaciones o acciones violentas que irrumpan en la vida social vulnerando los derechos humanos, afectando la convivencia y alterando las condiciones de seguridad que demanda la sociedad.
Ese debería ser el punto de partida de una campaña electoral que, tras el repudiable atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, infortunadamente, inicia con sangre. Además, en medio de un ambiente de crispación, intensificación de la violencia verbal desde las redes sociales, y muchísima desinformación.
Debemos repetir hasta el cansancio y sin miedo: la vida por encima de las ideologías.
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