Periódico Alma Máter

La propuesta actual de reforma a la salud remite al debate acerca del papel del Estado y del mercado en la política social. En Colombia, desde la década de 1990 se iniciaron reformas estructurales en salud, pensiones, educación y trabajo, orientadas a expandir y favorecer la participación de actores privados y la agencia individual en la provisión de bienestar. En contravía, simultáneamente, la Constitución de 1991, recogiendo las demandas populares, formulaba lineamientos para construir un Estado social de derecho, es decir, instituciones y políticas públicas que avanzaran en la garantía de los derechos sociales mencionados, como derechos fundamentales universales, no discriminatorios, basados en la dignidad humana y no en la capacidad de pago de las personas, interdependientes y exigibles jurídicamente. Desde entonces, ha prevalecido la racionalidad del mercado marcada por la rentabilidad financiera, los gobiernos han hecho reformas disminuyendo la regulación del Estado, recortando derechos en los sectores sociales del bienestar y trasladando costos a los ciudadanos, por lo que debilita el gasto social prioritario y el frágil papel redistributivo de la riqueza, ejes del Estado social de derecho del cual, no obstante, quedaron recursos jurídicos, el más conocido la acción de tutela y la declaración de la salud como derecho fundamental únicamente para los menores. 

En salud, la primacía del mercado sobre el derecho fundamental se concretó en la Ley 100 de 1993 y en un diseño institucional centrado en la intermediación financiera y administrativa de las EPS, que reciben anualmente un monto de dinero por cada afiliado —población pobre en el régimen subsidiado y con capacidad de pago en el contributivo—y contratan la prestación de servicios del plan obligatorio de salud—POS—con instituciones prestadoras de servicios—IPS —públicas y privadas; imposición a los hospitales públicos para transformarse en “Empresas Sociales del Estado”, autosostenibles financieramente con la promesa incumplida de que las EPS contratarían con ellos el 30 % del valor de la prima del seguro, en copagos y cuotas moderadoras asumidas por los usuarios y en precarias condiciones laborales para el personal sanitario.

Varios trabajos académicos, entre ellos investigaciones realizadas en la Facultad Nacional de Salud Pública, con participación de quien escribe, han documentado efectos regresivos de la puesta en marcha de la Ley 100/93; algunos de ellos son: la quiebra o el cierre de hospitales públicos y universitarios obligados a competir con los privados, y de trabajadores y unidades rurales de salud que representaban equidad porque atendían población pobre en regiones donde no llega el mercado; el retroceso en indicadores de salud pública, porque se han priorizado acciones curativas sobre las preventivas; la precarización laboral del personal sanitario y barreras de acceso impuestas por las EPS —por ejemplo, aplazamiento, o negación de la atención— documentadas, además, por la Defensoría del Pueblo.

Todo esto ha generado un malestar social expresado en 1399 protestas sociales de sindicatos, trabajadores, estudiantes, pobladores urbanos, e indígenas entre 1994 y 2010, detonadas por la crisis hospitalaria y la extinción del Instituto de Seguros Sociales, el malestar laboral y las barreras de acceso; en la presión, desde 2011, ejercida por la ley estatutaria que se logró en 2015, y en el estallido social de 2021, que rechazaba un proyecto de ley que profundizaba la mercantilización en salud.

Esta larga lucha de las voces subalternas ha construido los pilares de la actual propuesta de reforma a la salud: atención primaria, supresión de la intermediación de las EPS, recuperación de hospitales públicos, servicios integrados y territorializados para lograr acceso oportuno y dignificación laboral del personal sanitario; lineamientos concordantes con el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, que propone un pacto social centrado en el cuidado de la vida. En esa vía, la equidad y dignidad humana, bases de los derechos fundamentales, no pueden ser, como hoy, bienes transables en el mercado. 

Notas:

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