Opinión

«Resulta inaceptable que, con discursos encaminados a garantizar la seguridad de los ciudadanos, supuestamente, y de garantizar resultados en términos de combatir la criminalidad, se sacrifiquen por completo las garantías de las personas y de los ciudadanos en general»: esa es la opinión de Olga Lucía Bernal, abogada y especialista en Derecho Penal de la Universidad de Antioquia, sobre la política criminal que ha implementado el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y que en las últimas semanas sorprendió al mundo con las impactantes imágenes de centenares de hombres que, vestidos solo con ropa interior blanca, eran trasladados hasta el Centro de Confinamiento del Terrorismo, un enorme complejo presidiario anunciado por el mandatario como «la cárcel más grande de toda América».

En esta videocolumna, la profesora Bernal advirtió como «inaceptable que para mostrar resultados frente a delitos graves como los que se pueden presentar en un país como El Salvador —donde existen estructuras criminales fuertes— se justifiquen con capturas masivas».

La abogada resalta que en El Salvador se está «hablando de capturas de más de 63 000 personas, es decir, el 1 % de la población privada de la libertad. Son privaciones de la libertad que, de acuerdo con informes de Human Rights Watch, se dan sin el debido proceso. Hay cientos de personas detenidas que son menores de edad. En mucho de los casos no hay órdenes de captura de por medio. No se les garantizan las mínimas condiciones. Hay unos hacinamientos muy fuertes», e insiste en que el resultado, que es lo que ha querido mostrar el presidente Bukele, es que sí se ha disminuido la comisión de delitos.

«Yo me imaginaba cómo sería si aquí en Medellín detuvieran 25 000 jóvenes que vivieran en las comunas donde hay presencia de grupos armados, seguramente bajaría la criminalidad, por supuesto, pero eso no significa que, primero estuviéramos combatiendo ese flagelo y, en segundo lugar, estaríamos pasando por encima de todas las garantías, que constituyen un Estado social de derecho como el que se supone tenemos aquí». opinó.

La docente, quien además es asesora en el área de Derecho Penal al Consultorio Jurídico Guillermo Peña Álzate de la UdeA, dice también que le parece lamentable que «desde algunos sectores de la sociedad colombiana, especialmente desde la derecha, se dice que deberíamos imitar ese modelo de política criminal, porque miren cómo reduce los índices de criminalidad y resulta que es que aquí en Colombia hemos hecho cosas peores como las más de 6400 ejecuciones sumarias que se realizaron supuestamente para combatir la insurgencia armada».

Concluyó que quizás lo que necesitamos es buscar otras formas de resolver los conflictos, «porque la cárcel y el proceso penal está demostrado que no resuelven ningún conflicto».

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