Opinión

Durante el proceso de paz entre el gobierno nacional y la entonces guerrilla de las Farc, se habló mucho de paz territorial entendida como la incorporación en el Acuerdo Final, de las expectativas y demandas de medidas concretas para transformar la situación de millones de personas en condiciones de pobreza, marginalidad y sometidas al control autoritario de poderes legales e ilegales, en vastas zonas del país; las medidas a desarrollar, debían considerar la situación diferencial de las regiones, identificar, construir propuestas y plasmarlas con la participación y en diálogo permanente con la sociedad, en el territorio.

Sin embargo, trascurridos 6 años desde la firma del Acuerdo, lo de la paz territorial se ha perdido en la maraña burocrática y especialmente, en la decisión del gobierno de Iván Duque de avanzar lo menos posible en su cumplimiento. Pero también, y este es un hecho esencial que hay que reconocer y ajustar, pensando en los retos de la denominada política de paz total propuesta por el gobierno de Gustavo Petro, el Acuerdo y en general las negociaciones de paz en el país, han carecido de un enfoque territorial que dé cuenta de la relación entre, las dinámicas del conflicto armado, los procesos de poblamiento y la construcción y reconstrucción de las ciudades en Colombia.

Es llamativo que una de las grandes ausencias de la reflexión académica sobre el conflicto armado colombiano y de las políticas públicas para la atención integral a las víctimas, sea su falta de enfoque territorial y especialmente urbano^[2]. El crecimiento de la violencia urbana fue planteado inicialmente en 1987 por la Comisión para el estudio de las causas de la violencia, pero con una separación entre las violencias del campo, consideradas más políticas, y las de las ciudades catalogadas más de criminalidad, narcotráfico y convivencia, noción que en cierta medida se extiende hasta nuestros días, dejando de lado el análisis sobre cómo se expresó el conflicto armado en lo urbano desde sus inicios en la década de los 60, pasando por las modalidades de guerra sucia que golpearon a partidos políticos y movimientos sociales en las ciudades, en la segunda mitad de los 80.

Sólo en el periodo 1997-2003 se reconoce la presencia de dinámicas y actores del conflicto armado urbano, en la época que justamente se ha denominado ¨urbanización del conflicto armado¨ que se salda con el triunfo, en diferentes ciudades del país, de las alianzas entre institucionalidad y narco paramilitares, cuyo signo más evidente es Medellín, y la Operación Orión como el caso que ilustra esta exitosa colaboración en contra de las milicias insurgentes presentes en la comuna 13, dejando durante su ejecución y en la fase posterior de consolidación del dominio híbrido entre fuerzas legales e ilegales, un alto costo en víctimas entre la población civil.

Luego de la desmovilización parcial de los paramilitares y tras este fallido proceso surgen y se consolidan grupos herederos de estas relaciones, prácticas y formas de actuación paramilitar y de nuevo se considera que la violencia urbana no tiene relación con el conflicto armado, que es sólo un asunto de narcotráfico, criminalidad y disputa por rentas, desconociendo las alianzas políticas e institucionales de estas organizaciones, sus conexiones con la política y la economía legal y sus formas de control del territorio y la población de los barrios en las ciudades colombianas.

Según diferentes estudios^[3], en Colombia entre un 75 y un 80% de los habitantes vivimos en ciudades. Muchos de los barrios han sido construidos en las sucesivas migraciones de millones de desplazados del campo que huyendo de las violencias, han llegado en las ultimas 8 décadas encontrando refugio en los barrios luego de ser víctimas también, del desplazamiento forzado intraurbano. Estos asentamientos presentan graves carencias en materia de servicios públicos, vivienda digna, vías de comunicación, provisión de derechos sociales por parte de las instituciones públicas y en no pocos casos, viven en territorios objeto de control y disputa por todo tipo de actores armados, legales e ilegales, durante décadas.

La presencia institucional es muy precaria, y como sucede en muchos lugares del campo colombiano, ésta se reduce a la acción punitiva de la fuerza pública, que actúa en estos territorios y frente a sus habitantes, especialmente jóvenes como en un territorio enemigo, con prácticas de ejército de ocupación. En estos casos, sí que es evidente que el problema de la soberanía no es solo de un Estado débil y ausente, sino de una presencia diferenciada y de la delegación estatal de la construcción del orden a actores ilegales.

Un esfuerzo serio, profundo, sistemático y duradero, por desarticular las grandes estructuras de violencia en nuestro país, pasa necesariamente por el diseño de una política de paz territorial para las grandes ciudades que identifique, de manera rigurosa, las violencias que aquejan a las personas de las urbes, así como las dinámicas de inequidad, exclusión, estigmatización y marginalidad que afectan a la mayoría de habitantes de los barrios de nuestras ciudades.

Dos consideraciones finales, esto no implica negociar las reformas urbanas con los grupos del narcotráfico y la criminalidad, con ellos no se debería hablar de una agenda de negociaciones sino de las condiciones para su acogimiento, poniendo claras exigencias en temas como verdad, reparación integral y garantías de no repetición. Igualmente, no se puede poner toda la agenda de la equidad, la inclusión, el reconocimiento de los sectores urbanos en la paz total, pues esto termina reforzando la idea de que sólo hasta que toda la agenda de la equidad esté garantizada y resuelta, se podrá pasar a la fase de desmovilización y desmonte de grupos armados urbanos. Se requiere diferenciar entre la necesaria paz mínima, de aquello que es indispensable realizar para avanzar en la construcción de la paz integral que implica, no sólo el fin de las violencias físicas sino de las violencias estructurales y simbólicas.

La paz total que busca ser territorial, deberá tener un alto componente de paz urbana o no será paz.
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Referencias

^[2] Afortunadamente en el volumen territorial del Informe Final de la Comisión de la Verdad, Colombia Adentro, se incluyó un apartado sobre el conflicto armado en las ciudades. https://www.comisiondelaverdad.co/hay-futuro-si-hay-verdad

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