Opinión

«El derecho a la educación y el conjunto de los denominados derechos sociales no son derechos fundamentales». Esta es la influyente y poderosa tesis que ha sido defendida por los sectores más conservadores de nuestras sociedades, representados ideológicamente, desde los años setenta del siglo pasado por la doctrina neoliberal, la cual afirma que los derechos fundamentales son únicamente los derechos liberales civiles —la libertad individual, la libertad de conciencia, la libertad de opinión, la propiedad privada, la garantía contra todo acto arbitrario—. Entre los más destacados representantes de esta doctrina están los ya clásicos Friedrich Hayek y Robert Nozick, y entre nosotros están Rudolf Hommes, Armando Montenegro y el yutubero Alex Kaiser. Ellos conciben el conjunto de derechos subjetivos dentro del espacio normativo de la «libertad negativa». En esta tradición liberal, la libertad ha sido entendida básicamente como ausencia de constricción y esfera de no-interferencia política. 

Los derechos negativos, civiles y políticos, implican el deber negativo de no limitar al titular de los mismos en su uso, por ejemplo, mediante la expropiación de la propiedad privada, mientras que los derechos sociales —positivos— que son los derechos al trabajo, la vivienda, la salud, y la educación, pueden limitar el campo de acción de las libertades individuales puesto que para que el Estado pueda cumplir con las obligaciones relacionadas con los derechos sociales, debe justificar el deber positivo de «hacer algo a favor de otro», y de esta manera obligar al titular de los derechos individuales a actuar, con independencia de su voluntad. Ese deber positivo de «hacer algo a favor de otro» puede conducir a una exigencia desproporcionada, pues es probable que el compromiso con los deberes positivos —para asegurar los derechos sociales— pueda constituirse en una amenaza para nuestras vidas, pues la consecuencia de esta obligación es que la continua transferencia de recursos a los pobres podría conducir al empobrecimiento de los más ricos. Por esto advierte el también tiktokero Alex Kaiser, «desde el punto de vista económico, un país que busca satisfacer derechos sociales, inevitablemente entra en la senda de la decadencia y el conflicto» —¡La educación no es un derecho! El Mercurio, 18 de junio de 2013—.

Otro argumento de mucho peso desarrollado por los neoliberales es el de la «exigibilidad» de acciones judiciales que resultan de la violación o el no reconocimiento de un derecho individual. El afectado puede demandar ante las autoridades para que hagan lo necesario a fin de restablecer el imperio del derecho. Esto no sucede con los derechos sociales. Si un estudiante apela a los jueces para ingresar a una universidad de forma gratuita, ellos no podrán concederle esa pretensión mientras no haya una decisión legislativa que establezca la gratuidad de la educación universitaria. Esto significa para el neoliberal, que las formas de aseguramiento de los derechos sociales no son las mismas que las de los derechos individuales. Esta diferencia ha determinado que se califique a los derechos sociales como de menor valor, como derechos de carácter secundario o subsidiario.

El liberalismo social y la izquierda tienen otro punto de partida. No se focalizan en la garantía absoluta de los derechos individuales, sino que se orientan hacia los más graves problemas y abusos que se producen en la sociedad. En nuestro mundo mucha gente vive una vida miserable, en situaciones de necesidad como la pobreza, catástrofes naturales y hambre. A estas personas no les son asegurados sus derechos humanos básicos a la inviolabilidad corporal, a la seguridad y a la subsistencia. Esto es no solamente una situación particularmente mala, sino que además, cuando los afectados pueden ser ayudados, pero no lo son, se produce un daño moral grande. Frente a esta situación el ideólogo neoliberal no puede hacer, ni decir nada. ¡son las leyes del mercado! Por el contrario, en el liberalismo social se argumenta que las personas que sufren por pobreza, hambre etc., deben obtener en lo posible una ayuda efectiva. En este sentido, el liberalismo social afirma que defender los derechos sociales es luchar para que esta diferencia entre los derechos, injustificable, sea eliminada, y los derechos sociales tengan el mismo valor y sean tan exigibles judicialmente como los derechos individuales. 

El derecho a la educación como derecho social fundamental es un derecho que se ha ido afirmado en el constitucionalismo actual, en virtud de la ratificación en muchas constituciones de enunciados sobre derechos sociales en tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En su artículo 13 se reconoce el derecho de todos a la educación. El Artículo 13.2 requiere la prestación de una educación primaria libre, universal y obligatoria, que la educación secundaria sea accesible en sus diversas formas —formación técnica y profesional—, e igualmente que sea accesible la educación superior para quienes busquen una más amplia formación. De otro lado, la Corte Constitucional de Colombia incorporó, con la expedición de la sentencia C-376 de 2010 la idea, según la cual la educación debe ser asequible, accesible, aceptable y adaptable —4A— y que estos cuatro elementos son indivisibles y susceptibles de ser exigidos por la vía de la acción de tutela. Así, declaró que la educación es un derecho fundamental, y asumió que el acceso a la educación está marcado por el no cobro de derechos académicos por parte de las instituciones educativas del Estado. En adelante, la Corte, ha reiterado esta jurisprudencia que se ha convertido en el criterio a seguir en materia educativa. 

En Colombia, el discurso sobre los derechos sociales ha tenido en las últimas décadas un efecto poco significativo como instrumento para superar las extremas inequidades. Se requiere entonces profundizar la lucha política para que los derechos sociales puedan ser garantizados para todos. Esto es lo que el gobierno de Gustavo Petro busca construir mediante su concepto de estado social, que es un ideal que supone, como lo dijo Salvador Allende, que nada que pueda ser reconocido como estado social puede ser construido mediante la violencia. Sin embargo, esta lucha por los derechos enfrenta una oposición muy fuerte por una parte de la clase política y la sociedad. Todavía son muchos los que piensan que es necesario que el Estado mantenga los intereses de los grandes propietarios y de los más favorecidos por encima del nivel de indignidad en que tiene a los asalariados y a los más pobres. Para que el estado social se convierta en un hecho social, la política social del Estado debe poder reaccionar a los problemas sociales que tenemos y así crear un orden en el cual el estatus de ciudadano contenga los tres tipos de derechos que deben estar presentes en una democracia liberal y social: los derechos sociales, los derechos subjetivos de libertad y los derechos políticos de participación.

En este sentido, el proyecto de ley estatutaria de educación presentado por la ministra de Educación Aurora Vergara, busca elevar a rango de derecho fundamental la educación en Colombia, para así pasar de un sistema en el que la educación es concebida como un servicio público a un sistema en el que se define a la educación como un derecho fundamental que debe ser garantizado y protegido por el Estado.

• Esta columna fue publicada en el sitio web La Silla Vacía, el 31 de julio de 2023. 
   
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Notas:

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