Opinión

Desde la fundación de Zaragoza —municipio de la subregión del Bajo Cauca antioqueño—, por el español Gaspar de Rodas en el siglo XVI, los zaragozanos saben que en su región hay inmensas riquezas auríferas y que su tierra está favorecida por la confluencia de dos ríos, el Nechí y el Porce, situación que también beneficia a la región del Nordeste del departamento.

La zona tiene una particularidad que la diferencia de otras de Colombia: su minería no es subterránea o de socavón —en veta y roca—, es aluvial o de extracción de arenas y gravillas que se hace a cielo abierto en ríos y playas y con  maquinaria pesada. Las sobras de esa actividad son aprovechadas por mineros artesanales, quienes con su batea buscan el oro sobrante como si fuera el cucayo que queda en costra cuando al preparar arroz cocido este se adhiere al caldero.

En el Bajo Cauca la erosión ha arrasado el medio ambiente, un cobro por la deforestación llevada a cabo por el tipo de extracción de sus riquezas minerales y en la que, también, ha abundando el mercurio en sus aguas, producto de la explotación no técnica de las minas.

A todo esto se suman la población emigrante y flotante sin arraigo, el conflicto armado, la economía ilegal, la ausencia de alternativas laborales, su clima pesado y caliente de 25 a 35 °C y una humedad superior al 75 % que, junto a los insectos transmisores de enfermedades tropicales como la malaria y el dengue, golpea la salud.

Zaragoza, por ejemplo, es un municipio que carece hoy de edificios coloniales pese a su antigüedad. Por la fiebre del oro y las necesidades de los pobladores, las calles del pueblo vienen siendo destapadas después de que alguien encontró unas migajas de oro mientras realizaba obras de acueducto.

El Bajo Cauca es la subregión más pobre de Antioquia, con casi una tercera parte de la población pobre y dos terceras partes desempleada y sin educación. Casi la mitad no tiene ni siquiera inodoros conectados al alcantarillado.

Gran parte de los habitantes trabaja la minería, pero la décima parte de ellos se dedica a los cultivos de coca y unos más se meten a los grupos armados ilegales, quienes les ofrecen un pago extra por lo que se extraiga barequeando, lo que motiva más la minería ilegal. «No hay más trabajo», dicen los nativos. Y al comercio y a los demás actores económicos solo les queda asociarse a estos y pagar las cuotas exigidas para seguir funcionando y viviendo.

Así como Zaragoza, los otros municipios del Bajo Cauca antioqueño son una paradoja: debajo está repleto de la riqueza del oro, pero encima reina la pobreza, el desempleo, la violencia y el abandono del Estado, a pesar del mayor valor que puede ofrecerle al erario.

Lo que hoy presenciamos es toda una crisis social y ambiental a sabiendas de que el Estado había declarado esta parte de Antioquia como zona de reserva forestal y aurífera en 1959, y que el mercurio está prohibido en el país desde el 2018. Por esas condiciones llega el desempleo, la falta de oportunidades y un campo poco productivo. Como opción para su supervivencia a los habitantes solo les queda dedicarse a la economía extractiva no técnica, principalmente la del oro, que es más perseguida que la pesca, la ganadería y la agricultura. 

Zaragoza es un espejo, un reflejo de lo que sucede en las subregiones del Bajo Cauca y Nordeste antioqueños. Siempre se ha esperado que la explotación del subsuelo ayude a los lugareños, pero en este caso el oro se va para las grandes multinacionales que han dejado las tierras devastadas, un medio ambiente sin reparar, a la gente empobrecida y una comunidad con todos los males sociales acuestas: la disfunción familiar, la pobreza, el desempleo, la prostitución, el microtráfico, al cultivo de drogas ilícitas, la delincuencia común y el ingreso a los grupos paramilitares y a la subversión. A ello se suman las inclemencias climáticas.

En 2022, Antioquia fue el departamento con la mayor cantidad de núcleos de alta deforestación en Colombia. Hoy se está viviendo la destrucción ambiental más grande de la historia del departamento, a lo que se suma la contaminación de los ríos y cauces por la minería ilegal que se ha salido del control de la institución. Las dragas y retroexcavadoras pueden mover 30 millones de metros cúbicos de tierra al año y han destruido más de 60 000 hectáreas.

En Colombia, la práctica de la minería ilegal en el 2019 se dio en un 48 % en zonas excluibles, es decir, reservas forestales, parques naturales y páramos, que para el 2018 eran 47 670 hectáreas. Esto va cada día en incremento. Incluso, de estas, 724 hectáreas son de territorios de los resguardos indígenas. De 71 641 hectáreas de explotación minera en Colombia, Antioquia tiene un 40 % y Chocó el 38 %. Además, la extracción minera se da en el 47 % de los territorios donde también hay cultivos ilícitos de coca.

La minería dio un vuelco cultural a la región y todo se realiza en cadena. Por ejemplo, la minería ilegal tala el bosque para sembrar coca y manejar el comercio ilegal de madera. Además, se han demostrado las disputas territoriales de los grupos armados para quedarse con el control de las economías ilícitas de cultivos y de la minería, lo cual conlleva a otros delitos conexos como la extorsión, el lavado de dinero y la explotación laboral, sexual e infantil.

Muchos habitantes del territorio ya no quieren sembrar la tierra porque, con unos gramos de oro que saquen en cinco días, se ganan un salario mínimo mensual dado por el precio internacional del oro. Saben que cultivando el suelo nunca van a lograr tal rentabilidad. Esto lleva a que todo se encarezca, la comida, la vivienda, los arriendos y la recreación; la salud se pierde, la educación no se prioriza, las familias se disgregan y los valores se pierden.

No se ha afectado sólo lo ambiental. Los estudios han demostrado la presencia de mercurio en los pescados procedentes del Bajo Cauca. Las bacterias sulfato reductoras presentes en las aguas, el mercurio es transformado en metilmercurio, sustancia que contamina a los peces y mariscos que luego son consumidos por la población, ocasionando en las personas problemas neurológicos, renales, pulmonares, cutáneos, digestivos e inmunológicos; impactos en la salud que pueden afectar al ser humano incluso desde la vida intrauterina. Así, lo que pasa en lo regional se convierte en un asunto nacional.

Llegó el momento histórico de apostarle al control de la venta y entrada de mercurio al país, a la reforma agraria, a seguir apoyando los proyectos de producción sostenible, a la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, la creación de un distrito minero que posibilite trabajar con organizaciones comunitarias en la restauración ecológica, la formalización laboral, las prácticas de seguridad industrial y un beneficio económico del país a través del pago de regalías y tasas impositivas.

Es hora de terminar el Estado acéfalo, de poner orden y definir prioridades en la casa. El paro minero de 2023 y la crisis generada en las zonas mineras de Antioquia evidencia la necesidad de la mano estatal para legalizar y controlar la actividad económica extractiva aurífera y, principalmente, par agarantizar la restauración ambiental y sociocultural de las comunidades que han sido aporreadas desde que llegó la explotación minera. Actividad que históricamente ha traído, trae y traerá consigo miseria y tristeza si no se regula y se acompaña con bienestar y desarrollo a las colectividades.
 

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Notas:

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