Opinión

El virus de Wuhan, de un origen confuso, más un resultado de una posible manipulación de laboratorio con intereses económicos o de una bioarma que una evolución natural de una zoonosis, desde finales de 2019 vino y se quedó, sigue descontrolado, mutando, trasmitiéndose y permanentemente cambiando la epidemiología. A pesar de los avances del conocimiento hay mucho por aprender de su comportamiento, de la historia natural de la enfermedad y de la inmunidad vacunal. Se necesitan estudios serológicos longitudinales para evaluar la potencial duración de la inmunidad por el SARS-CoV-2 y de la misma enfermedad.

Lo único que ha cambiado desde la aparición de la Covid-19 es la crisis económica, la fatiga pandémica de la población y la producción maratónica de las vacunas génicas para aplacar su alta tasa de letalidad mas no su contagiosidad. Ello ha conducido, en medio de los picos pandémicos, a abrir la economía, los encuentros sociales, las escuelas y a la reanudación de las protestas sociales, sin alcanzar la inmunidad de grupo o de rebaño mayor del 67% ni el número de reproducción básica del virus sea de 3 (Oscila entre 2 y 6) para que la incidencia de la infección comenzara a descender y que el porcentaje ocupacional de las UCI sea inferior al 85%.

Hay licencia para que la gente pueda salir a buscar el virus, infectarse y enfermarse, a llenar las unidades de cuidado intensivo (UCI} de gente menor de 60 años y que los médicos,  ante la escasez de camas, puedan triar éticamente los enfermos graves y escoger a quién se trata o a quien se deja a merced de la historia natural de la enfermedad; por tanto, se origina colapsamiento rápido de los sistemas de salud, una mortalidad elevada por Covid-19, lo que suma a las muertes por otras causas diferentes.

El Gobierno, emulando como si tuviésemos las condiciones sanitarias y de vacunación de los países ricos y desarrollados, promulga resoluciones sin considerar la crisis sanitaria y sin precaver la disposición escasa de recursos en salud ante la gran demanda de servicios. Tras la apertura económica y social inoportuna en pleno pico crítico epidemiológico de la pandemia, las UCI estarán al 100% y, aún con nuevas medidas de aforos y de bioseguridad, se continuará la alerta roja hospitalaria por largo rato.

A ello se aúna la limitación de la capacidad de respuesta de los servicios con pacientes ventilados por fuera de UCI (quirófanos, recuperación, hospitalización y urgencias} y el alto índice ocupacional de hasta 200% que supera la capacidad instalada con desabastecimiento de insumos, medicamentos, insumos tecnologías, oxígeno y un talento humano en salud insuficiente y con altos niveles de agotamiento.

Por el riesgo de la insostenibilidad del sistema sanitario y crisis humanitaria las instituciones y asociaciones científicas, académicas, gremiales y del sector salud le solicitaron al Gobierno Nacional derogar la resolución 777 del 2 de junio de 2021, situación que empeorará con el retorno de la presencialidad escolar, aumento de los aforos en el trasporte de público, espacios de recreación y deportivos, a sabiendas que los niños y los jóvenes son los mayores portadores asintomáticos del nuevo coronavirus.

La justificación de apertura productiva, social y económica del país no es suficiente y no compensa la crisis humanitaria desencadenada; cuando la muerte no toca los parientes se soslaya el asombro causada por la extinción de la vida copiosa de los otros y es deber anteponer la vida sobre cualquier consideración de otra índole, que no sea la vida misma.

Por tanto, la validez, precisión, oportunidad y pertinencia de tal medida, lo que debería revisarse ante la urgente situación sanitaria que ha alcanzado altos índices de mortalidad, contagiosidad e insostenibilidad del sistema, por lo que se necesitan medidas y condiciones epidemiológicas propicias para llevar a cabo tal medida.

El regreso a una vida cuasi-normal, muy similar a lo que se tenía antes del coronavirus, debería ser un proceso gradual y responsable con el momento del estado sanitario de cada territorio y que esté atado a indicadores claves atinentes al avance de la vacunación mayor del 70%, a los niveles de seroprevalencia frente al Covid-19 entre 80 % y 90 %, a la capacidad de testeo masivo para la detección temprana de casos, a una estrategia de establecer los cercos epidemiológicos y a que la ocupación de las UCI sea inferior al 85%.

El Gobierno para guiar la reapertura tomó el Índice de Resiliencia Epidemiología Municipal (Índice Irem), creado por el MinSalud, el cual carece de evidencia científica y no debería calificarse como una estrategia orientadora de la política de apertura económica en el país.

Infortunadamente se tomó y aplicó la resolución en todos los municipios sin cumplir un Irem superior a 0,75 (Variaciones entre 0 y 1) y sin considerar políticas de soporte económico en la población más vulnerables, ampliar la infraestructura hospitalaria, sin ofrecer garantías laborales y de seguridad para el talento humano en salud, entre otras medidas.  

La apertura económica y social, en pleno pico pandémico y resurgimiento de las protestas sociales pausadas desde finales de 2019, pareciera que fuere una cortina de humo que soslaya la realidad, un narcótico social, un sofisma de distracción, una trampa cuyo propósito es despreciar las protestas sociales o evitar los argumentos válidos de los demás sin tener contra argumentación para mostrar la verdadera realidad de los reclamos sociales que distrae el camino y las soluciones rectas,

¡Sálvese quien quiera y pueda! Sin mediar las medidas policiales restrictivas y prevalezca el autocuidado personal y familiar. Luego, la apertura de la social y económica en medio del pico pandémico, que desconoce la crisis de la sanitaria, es una convocatoria delirante.

Notas:

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