Opinión

Este Acuerdo tiene entre sus mayores méritos haber detenido una de las guerras internas más prolongadas del continente proponiendo un esquema de justicia transicional que permite avanzar en el difícil equilibrio entre la justicia para las víctimas y el reconocimiento político para los guerreros de manera que estos dejen las armas por la participación política.

La acogida internacional del Acuerdo ha contrastado con las dificultades internas, el entusiasmo foráneo ha chocado con el escepticismo, la desconfianza y, en el extremo, con la oposición radical al Acuerdo por una buena parte de los ciudadanos colombianos.

En efecto, desde el inicio de la negociación distintos sectores empezaron a manifestarse en contra de ella. A medida que la mesa instalada en la Habana mostraba resultados —la publicación de cada uno de los seis acuerdos logrados—, la presión de los opositores a la negociación fue mayor.

La máxima expresión de la oposición al Acuerdo fue el 2 de octubre de 2016 cuando, una vez firmado este, se realizó el plebiscito por la paz que dio como resultado ganador el No.

Esta situación condujo a una renegociación del Acuerdo que, si bien posibilitó hacer ajustes a lo acordado, preservó la columna vertebral del mismo: la justicia para las víctimas y la participación política para los exguerrilleros.

Esta renegociación y posterior refrendación por el Congreso de la República permitió finalmente, en noviembre de 2016, la legalidad de la negociación conocida como el Acuerdo del teatro Colón, lugar donde se firmó por las partes.

El proceso legal, sin embargo, no logró superar la crisis de legitimidad que ha padecido el Acuerdo durante estos cinco años. Con la justificación falaz según la cual la renegociación había desconocido el resultado del plebiscito, el sector político que encabezó el No emprendió la campaña presidencial y ganó las elecciones del 2018-2022.

Ganar la presidencia por los opositores del Acuerdo ha hecho que la implementación de lo acordado tenga serios inconvenientes. Los primeros se dieron en el orden legal, cuando el presidente Duque decidió objetar la Justicia Especial para la Paz (JEP) presentando como argumentos justamente los mismos que su sector político había utilizado en distintos momentos y que la Corte Constitucional declaró inexequibles.

Ante el nuevo fracaso que sufrió el gobierno con la Corte Constitucional, quien reiteró la inexequibilidad de las objeciones, este ha desarrollado una implementación del Acuerdo reducida a su mínima expresión.

Así, el gobierno Duque y sus aliados han llevado el Acuerdo a su componente básico de re-incorporación de los exguerrilleros, por ello, es en este eje del Acuerdo donde suele mostrarse mayores indicadores de desempeño.

La trascendencia del Acuerdo para el país ha quedado reducida a la consigna “paz con legalidad” que justamente sugiere que los exguerrilleros que cumplan con la ley serán reincorporados.

El ideario consignado en el Acuerdo sobre las grandes transformaciones en el campo como la reforma rural integral, la construcción de paz local y regional, un giro en el enfoque de política de drogas y la participación de las víctimas en política han perdido protagonismo con este gobierno.

En otras palabras, la integralidad y el alcance del Acuerdo ha sido reducido por la administración actual a un conjunto selectivo de acciones.

Pero, en contra de sus intereses y de manera a regañadientes, el presidente ha tenido que aceptar otros desarrollos del Acuerdo como la JEP y, recientemente, las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz que permitirán a las víctimas de los territorios más afectados por la violencia ocupar 16 escaños en la Cámara de Representantes. Hechos posibles gracias a la movilización ciudadana, a los fallos de las Cortes y a la presión internacional.

El Acuerdo firmado sigue así a la espera de un nuevo gobierno que efectivamente esté interesado en facilitar la implementación integral de lo acordado. Para que ese gobierno se consolide es menester continuar con la legitimación del Acuerdo y, ante todo, de la paz.

Para ello resulta conveniente recordar a los ciudadanos los resultados más visibles a la fecha de este proceso como es la fuerte caída de las cifras asociadas con la guerra, lo cual no equivale a la extinción de la misma en el país.

Y también conviene sacar los aprendizajes de la suerte que ha tenido el Acuerdo en las manos de un gobierno que prometió “la paz sí, pero no así”.

Una paz al mínimo que poco le interesa afectar los principales móviles de la guerra y, por lo mismo, reitera a esta como el medio predilecto para resolver conflictos políticos. Como bien lo ilustran los magros avances de este gobierno con los acercamientos (o ¿cercamientos?) a la guerrilla del ELN.