Ciencia

El Sábalo (Megalops atlanticus Valenciennes, 1847) pasó de estar en peligro a peligro crítico, la maxima categoria de amenaza. Foto tomada de: Fishbase

Colombia tiene variedad de especies marinas que han sido explotadas y poco estudiadas, su territorio marino constituye casi el 50% del nacional, y cuenta con dos océanos y una línea de costa cercana a los 3.000 km. Su diversidad ecosistémica se manifiesta en manglares, arrecifes coralinos, playas, pastos marinos, montes submarinos y otras formaciones oceánicas.

Fueron 123 especies las analizadas para la segunda versión del Libro rojo de peces marinos de Colombia, de ellas se incluyeron 103 y las 20 restantes se eximieron al considerarse especies de preocupación menor, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza —UICN—. 17 entidades nacionales y 40 investigadores, entre ellos una docente de la Universidad de Antioquia, hicieron parte de este proceso que duró tres años y que produjo una herramienta vital para la gestión de la conservación de los peces marinos del país.

El libro contó con la asesoría de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza —UICN—, con el apoyo y liderazgo del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras INVEMAR y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; además tuvo el aval del Comité Coordinador de Categorización de Especies Amenazadas de Colombia y participaron expertos e investigadores del país en ictiología y biodiversidad marina: “Nuestro trabajo consistió en analizar la lista de especies publicada en la primera edición del libro, cómo están nuestros peces marinos y preguntarnos ¿cómo siguen? Para este fin nos reunimos en Santa Marta, Cali, San Andrés y Bogotá los investigadores que trabajamos con peces en las dos costas que tiene Colombia”, cuenta Jenny Leal Flórez, docente de la Corporación Académica Ambiental y coordinadora del programa Ciencias del Mar de la Universidad de Antioquia.

Arturo Acero Pizarro, doctor en Evolución y Zoología y docente de la Universidad Nacional de Colombia Sede Caribe fue otro de los investigadores que hizo parte de este equipo de trabajo y destacó: “participamos en talleres y luego las especies fueron repartidas a aquellos que expresaron tener conocimiento del caso concreto. Esas personas prepararon la ficha correspondiente a dicha especie, esto tiene la gran ventaja de contar con muchos aportes y experiencias, pero a veces dificulta llegar a acuerdos”.

La información de la lista de 103 especies estudiadas que se presenta en cada ficha del libro incluye su taxonomía, distribución, ecología, población, usos, amenazas, medidas de conservación y la categoría de riesgo y su justificación. “Llegamos a la conclusión de que hace falta más información, por eso tuvimos que dejar muchas especies de lado; cada categoría tiene unas especificaciones relacionadas con la biología, la ecología de la especie, la cuantificación de la explotación de la especie, entre otras”, explica Jenny Leal.

En este proceso se evidenciaron los vacíos de información en el seguimiento a las especies a nivel nacional y también se presentaron dificultades al momento de unificar metodologías, bases de datos y estadísticas de las diversas instituciones del país que hicieron parte de este estudio: “lastimosamente en Colombia la gestión del territorio y del medio ambiente se maneja políticamente y tenemos problemas con las estadísticas pesqueras. Ha habido muchos cambios en las entidades que regulan la información y las estadísticas, entonces cada cierto tiempo se toman con diferentes metodologías, cambian las informaciones y los puntos de comparación, esto dificulta las proyecciones".

Y agrega: “se reconoce que existen varias entidades como por ejemplo la Universidad del Magdalena que cuentan con bases de datos más extensas y con metodologías comparables en tiempo y espacio, y con presencia de investigadores de forma más constante. Y en los últimos tiempos, la autoridad pesquera ha hecho un esfuerzo, junto con esas entidades, para resolver esos problemas de información. Sin embargo, siguen siendo insuficientes esos esfuerzos”.

Ver el Libro rojo de peces marinos de Colombia

Luego de la primera edición del Libro rojo

Para trabajar en el segundo libro se tomó la información del primero, se actualizó la lista y la situación particular de cada especie que es variable: algunas estaban en la máxima categoría de amenaza y bajaron a una inferior, gran parte de las que estaban en estado crítico siguen en esa categoría y muchas que no se encontraban en peligro crítico entraron: “de las 103 especies de peces marinos, 56 corresponden a especies amenazadas (6 En Peligro Crítico -CR, 7 En Peligro -EN y 43 Vulnerables -VU), incluyendo tiburones (10 especies), rayas (6 especies) y peces óseos (40 especies)”, se especifica en la publicación.

Luis Chasqui Velasco, magíster en Ciencias Biológicas, investigador en conservación de la biodiversidad marina y jefe de la línea Biología y Estrategias de Conservación del programa Biodiversidad de Ecosistemas Marinos del INVEMAR, es el líder del equipo de editores de esta publicación y explica por qué es necesario actualizar constantemente la información sobre la fauna íctica marina del país: “el primer Libro rojo de peces marinos de Colombia fue publicado en el 2002 en un esfuerzo coordinado desde el INVEMAR, entidad del Sistema Nacional Ambiental –SINA- y la Universidad Nacional de Colombia, como una manera de aportar al conocimiento y conservación de la fauna marina nacional en cumplimiento del deber misional de instituto. La razón para hacer un segundo libro es porque las poblaciones naturales son dinámicas, así como las amenazas, por eso cada cierto tiempo debemos volver a revisarlas y evaluar sus condiciones”.

Acerca del impacto de la primera publicación del libro, el docente Arturo Acero advierte que tuvo cierto impacto en la comunidad científica, pero no tanto en los tomadores de decisiones. Una especie se considera amenazada cuando está en riesgo de extinción y según el nivel de riesgo hay vulnerables (VU), en peligro de extinción (EN) y en peligro crítico de extinción (CR), de ahí la importancia de que los tomadores de decisiones conozcan el estado de las especies y controlen su manejo: “esta lista que aquí publicamos adquiere un carácter normativo y legal al ser utilizada por el Ministerio de Ambiente para expedir resoluciones con las especies amenazadas que deben ser tenidas en cuenta para acciones de manejo y control de los recursos naturales”, explica el investigador Luis Chasqui.

Por eso es necesario fortalecer los puentes entre la ciencia, la academia, las autoridades ambientales locales y nacionales, y el sector pesquero. “Nos hace falta como país entender que el Libro rojo es una alerta sobre los recursos que tenemos, que son muy importantes desde el punto de vista ecológico, económico y social, pues alimentan a mucha gente. Si sabemos cuáles son las especies amenazadas podemos cambiar la forma de explotarlas; la academia hace los estudios y las autoridades pesqueras y ambientales son quienes deben verificar la lista y ver qué sucede en el tiempo con estas especies para evitar que las llevemos a la extinción”, afirma Leal.

El valor de las especies nativas

El Mero Guasa (Epinephelus itajara, Lichtenstein, 1822) sigue en peligro crítico, la maxima categoría de amenaza. Foto tomada de: Fishbase

Uno de los claros propósitos de esta publicación es generar una alerta para conservar las especies nativas pues justamente las especies foráneas e introducidas a los océanos y ríos de Colombia, como el camarón tigre, el pez león o algunas especies de moluscos, son una amenaza y en ocasiones la causa para que otras sean catalogadas en peligro.

Este libro también incluye el estado de los peces estuarinos, es decir aquellos que viven en ecosistemas donde se encuentran los ríos con los mares: “estos peces aunque tienden a moverse más hacia el mar, usan la parte baja de los ríos. Más adelante debemos pensar en una visión integral de cuenca y analizar de esa manera todos los peces de Colombia, aunque es difícil en términos logísticos, pues en el ambiente los conflictos no se dividen por jurisdicciones, como si ocurre con la gestión del territorio”, explica Jenny Leal.

Y agrega su percepción de los resultados del estudio: “el balance general del país para mí es negativo ya que resultó una lista más larga que la primera. No podemos seguir explotando los peces como lo hemos venido haciendo, este trabajo investigativo debe ser tomado en cuenta en las futuras normas y  directrices de las autoridades ambiental y pesquera”.

Se parte de la buena voluntad de las entidades encargadas de proteger a los peces marinos en el país; sin embargo, la brecha entre la norma y la realidad es evidente según advierten los investigadores: "muchas veces las entidades  no cuentan con las herramientas y la capacidad suficiente para hacer el seguimiento oportuno a cada caso, tienen un personal y presupuesto reducido y cada vez son más los conflictos ambientales en el país, de ahí la brecha que tenemos entre la norma y su verdadera aplicación”, dice la docente Jenny Leal quien además señala que se deben desarrollar estrategias para restringir la explotación durante temporadas en ciertas zonas y diversificar la actividad económica del pescador.

Consumir pescado de manera responsable

“Si no se maneja adecuadamente lo que tenemos, nuestros nietos no lo tendrán nuevamente a su alcance. Cualquier actividad pesquera debería efectuarse a más de un kilómetro de la costa y a más de diez metros de profundidad. Esto tendría un enorme impacto benéfico para nuestra riqueza íctica. Reprimir con toda la fuerza del Estado la pesca con explosivos siempre será altamente positivo así como prohibir la pesca con SCUBA (Self Contained Underwater Breathing Apparatus, Equipo de Respiración Autónomo Bajo el Agua) y arpones mecánicos”, recomienda Arturo Acero.

El proyecto Lineamientos Prioritarios para la Formulación de un Ordenamiento Pesquero en el Golfo de Urabá (LOPEGU), ejecutado por la Universidad de Antioquia, financiado por la Gobernación de Antioquia - Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Fondo de Ciencia, Tecnología e innovación del Sistema General de Regalías) y apoyado por la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca -AUNAP- incluyó en sus productos entregables unas regletas fabricadas en un material resistente al agua, que sirve de guía tanto para los pescadores como para los consumidores, y tiene los tamaños adecuados para pescar y para comprar o consumir el pescado.

“La responsabilidad es tanto del que pesca como del que consume. Las autoridades deben regular cómo se vende el pescado en términos de las tasas e impuestos, cómo se debe extraer el pescado del mar y cómo se debe comercializar, y los consumidores deberían saber qué se están comiendo, si es un pez que crece mucho o poco. Recomendamos, por ejemplo, comer una posta en lugar del pescado platero, pues así estamos garantizando que procede de un pez grande. Un pargo rojo por ejemplo debe estar por encima de los 46 cm para garantizar que no estamos consumiendo un pez bebé o juvenil", recomienda Jenny Leal.