Opinión

En el corazón de la paz total se debe encontrar una política de sustitución que permita una transición o reconversión económica en los territorios azotados por la violencia. Ese cambio de paradigma requiere avanzar en una lógica de acción convergente en los territorios asediados por la presencia de cultivos de uso ilícito; es decir, necesariamente implica industrializar el campo —utilizando, en la medida de lo posible, la misma hoja de coca— y articular las comunidades que habitan en la ruralidad dispersa en esquemas asociativas y cooperativos de desarrollo a escala local-regional. Ese debe ser el objetivo de una renovada política de sustitución en el gobierno del «cambio». 

Resulta muy fácil decirlo, pero lo complejo y retador; sin duda, será llevarlo a la práctica. 

En un reciente foro sobre las perspectivas territoriales para la implementación del acuerdo de paz en Antioquia, Diana Bernal, la nueva coordinadora de la Dirección de Sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso Ilícito, Regional Antioquia, presentó un diagnóstico realista del estado actual del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito —PNIS— en el departamento. Desde una mirada crítica, Bernal enunció los aspectos más críticos del PNIS, las fallas «geológicas» en su implementación temprana y las posibilidades de mejora. 

Lo cierto es que el PNIS es un «peso muerto» en ejecución de la reforma rural integral, no solo por sus exiguos resultados en contraste con su astronómica inversión, sino porque en sus inicios representó la promesa de una transformación estructural para los territorios donde el Estado nunca había llegado —núcleos cocaleros impenetrables—, pero esa transformación, en medio del afán por mostrar resultados del gobierno Santos y con el advenimiento de la Paz con legalidad de Duque, nunca llegó o llegó a medias. A veces, propiciando conflictividad social, pobreza —los campesinos se vieron obligados a erradicar su única fuente de subsistencia— y desconfianza. 

A continuación, presento un breve análisis de las metas de la Dirección de Sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso Ilícito. 

Entendimiento regional, territorial y colectivo de la construcción de paz.
 
La clave para sacar adelante un renovado programa de sustitución en una lógica institucional de acción convergente se encuentra en convocar un permanente diálogo interinstitucional y multisectorial. Pocos expertos dudan de que uno de los principales «cuello de botella» en la implementación del PNIS se encuentra en su restringido modelo de priorización familiar que individualiza las expectativas socioeconómicas a los cultivadores y le restó posibilidades al diseño de esquemas asociativos de desarrollo comunitario a escala local-regional. 

En un eventual replanteamiento del programa y en atención a las familias que no alcanzaron a suscribir los acuerdos individuales, resulta importante visibilizar los canales de integración; la participación concurrente con los gobiernos departamentales; el sector privado y la academia. 

Ya resulta lugar común afirmar que la implementación del acuerdo de paz es integral, pero en clave de estabilizar el replanteamiento del PNIS, se debe insistir en la puesta en marcha de los Planes Nacionales Sectoriales; actualizar los Planes de Acción de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial —PDET—; y adelantar un masivo programa de adjudicación y formalización de la pequeña propiedad rural. 

Sin una adecuada integralidad con los anteriores componentes, sumado a una efectiva estrategia de presencia institucional —no solo de la bota militar—, el futuro de cualquier programa de sustitución será previsible: el estancamiento. 

Integración real y concreta entre la coordinación y las organizaciones sociales.
 
Las organizaciones sociales se deben convertir en la columna vertebral del programa de sustitución. No solo para contrastar su oferta institucional, sino para ser partícipes de la construcción de una visión compartida del desarrollo. De ahí que se deba estimular y potenciar el surgimiento de organizaciones sociales; mucho más cuando el gobierno viene impulsando una reforma constitucional que busca reconocer al campesinado como sujeto de derechos y cuando el presidente Petro, sin caer en la tradicional lógica de criminalizar al campesino cultivador, no cultivador y recolector, reconoció la dimensión organizativa de las asambleas cocaleras. 

Pero las organizaciones sociales también deberán sintonizar sus expectativas con los vaivenes administrativos de un Estado paquidérmico y ser comprensivas ante la «lentitud» en el cumplimento de unas perspectivas de mejora en un programa con un acumulado de múltiples deficiencias. La clave se encuentra en establecer una integración constructiva, pero respetuosa de las tradiciones y autonomías organizativas. 

Articulación económica con proveedores locales.

Uno de los mayores cuestionamientos al PNIS se encuentra en el rol de los operadores y proveedores. Fue un reclamo permanente que siempre cayó en oídos sordos y al que Emilio Archila, el entonces consejero presidencial para la normalización, desestimó reiteradamente. Pero el malestar, los cuestionamientos y las críticas al operador —especialmente a la Organización de Estados Iberoamericanos— y a ciertos proveedores son el pan de cada día en casi todos los territorios donde se adelanta el programa. 

Pensar una articulación con los proveedores locales será determinante para relegitimar la dimensión social del PNIS y de paso dinamizar las economías territoriales; sin embargo, esa articulación se debe orientar hacia el fortalecimiento de los esquemas asociativos, pues si replican la lógica de individualización de las huertas caseras o los proyectos productivos de ciclo corto —con un alto riesgo de instrumentalización por parte del beneficiario—, no dudo en que los resultados serán los mismos. 

Estoy seguro que establecer esa articulación implica uno de los mayores retos del programa. 

Garantía de atención con enfoque de género y territorial.
 
Para el gobierno Duque, el enfoque de género en la implementación del PNIS se limitó al mero diseño de protocolos. Nada más. Esa miopía institucional impidió que el programa fuera transversalizado por un enfoque de género que hiciera una lectura integral de las posibilidades territoriales de la sustitución. Se requiere de una nueva «sensibilidad institucional» que adopte el enfoque de género y transversalice sus alcances. Algo que implica una real integración con las organizaciones sociales y una apuesta concurrente tanto con las secretarías de las Mujeres —a nivel municipal y departamental— como con las organizaciones de cooperación internacional.  

Finalmente, el papel de las universidades, públicas y privadas, debe cobrar mayor relevancia, ya sea como garante del diálogo interinstitucional; la integración con las organizaciones sociales o la articulación con los proveedores locales. A casi seis años de su puesta en marcha, el rol de las universidades en la implementación del PNIS ha sido bastante limitado o se ha reducido al mero papel de observador crítico. 

La universidad tiene mucho que aportar en el cambio de paradigma en la lucha contra las drogas y es claro que debe jugar un rol más proactivo. 

•  Esta columna también fue publicada por el autor en el portal web Las 2 Orillas

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Notas:

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