Opinión

El domingo 7 de agosto se observó a muchas colombianas y colombianos eufóricos, diciéndole al expresidente Iván Duque: “chao, chao”. Estaban felices por despedir a uno de los mandatarios más impopulares de las últimas cuatro décadas en el país. Según el balance, consideraban que el desempeño en casi todo los sectores durante estos cuatro años fue pésimo.

Señalan, entre los mayores cuestionamientos a su gestión, el asesinato por parte de la Fuerza Pública de más de cinco docenas de jóvenes en el estallido social de 2021 y los múltiples escándalos del Ejército, entre ellos, los “falsos positivos”, la violencia sexual y de género con una menor de 14 años en el Tolima y el asesinato de 8 niños en Caquetá.

En lo económico y social, el aumento en las tasas de desempleo de millones de jóvenes, el incremento en la tasa de inflación a dos dígitos –debido a la variación de precios de la canasta familiar, en especial de los precios de los alimentos, un fenómeno que no se veía desde el siglo pasado– y el escandaloso crecimiento de la pobreza monetaria extrema.

Además, la no materialización de importantes reformas sociales y económicas, como la fallida reforma tributaria, el no haber hecho los cambios necesario a la Ley 30 de Educación Superior y el no haber puesto impuestos a las bebidas azucaradas ni regular los comestibles ultra procesados con el que se daña la salud de millones de niños y niñas.

De allí que se notara este domingo festivo una ciudadanía feliz por el cambio de poder. Sin embargo, la mayoría de los ciudadanos no se imaginan que Duque se quedará por varios años más incidiendo en las decisiones del país y afectando su desempeño.

Lo hará, al menos, de tres formas: primero obligando al gobierno Petro y a los que vengan a que destinen buena parte del presupuesto en el pago de la deuda pública. Este nuevo gobierno deberá asumir el gigantesco déficit fiscal que dejó acumular Duque, que hoy supera el 72% del PIB, correspondiendo el 61% al Gobierno Central Nacional.

Segundo, realizando las inversiones que dejó presupuestadas y amarradas; como lo son las escandalosas inversiones de los Ocad-Paz. Según cálculos, el gobierno Duque usó cerca del 90% de las inversiones que se pensaban realizar en los diez años de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Lo que se traduce en una posibilidad del 10% en nuevas inversiones para este y el próximo gobierno.

Y tercero, el gobierno Petro tendrá que convivir con los funcionarios que dejó nombrados el expresidente Iván Duque en las diversas agencias del gobierno. Muchos de los cargos que al final de su gobierno nombró no son de libre remoción o nombramiento. Es el caso de los expertos comisionados en las diversas organizaciones de regulación que tiene el país, como lo es la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

Iván Duque se aseguró de nombrar los expertos comisionados que permanecerán, como mínimo, por cuatro años. La ley le permite al presidente de la República que nombre estos funcionarios o los reelija por un período más. Poder que el expresidente aprovechó al cierre de su mandato para nombrar a los tres que le faltaban para completar todo el equipo:  Natasha Avendaño García, Andrés Barreto González y Sara Vélez Cuartas.

Fichas que entraron a reforzar y completar los tres restantes nombrados también por Duque: Luis Julián Zuluaga, en mayo de 2022; José Fernando Prada, a finales de 2019; y Jorge Valencia Marín, a principios de 2020. Todos ellos muy cercanos a Duque y que hicieron parte de su gobierno.

En resumen, el expresidente Iván Duque aprovechó sus últimos meses en el Palacio de Nariño para nombrar a varios funcionarios en la Creg y quedarse con su control de gestión. De manera indirecta ha buscado permanecer para favorecer sus intereses o los de quienes representa con las decisiones que se toman en estos órganos colegiados.

Recordemos que la Creg cumple un papel muy importante en las políticas de gobierno en los servicios de energía eléctrica, gas, combustible y combustibles líquidos. Sus intervenciones van desde preparar proyectos de ley hasta adoptar decretos reglamentarios. Sus regulaciones sirven para investigar y sancionar la competencia desleal, o para reducir o ampliar la competencia en materia de servicios públicos.

En la actualidad la Creg tiene tareas tan importantes como la fijación de los nuevos precios de la gasolina y ACPM, que es un tema de primer orden para corregir el hueco fiscal. También son quienes autorizan el cobro de los retroactivos por pérdida de energía, que viene afectando las tarifas excesivas a los usuarios en la Costa Atlántica.

Todos estos temas son fundamentales para avanzar en las políticas de transición energética y atención al cambio climático. Y en el diseño de incentivos a la oferta y la demanda de los servicios públicos y, con ello, en el alivio a los bolsillos de los pobres para lograr un mejoramiento de las condiciones de vida de la población.

Ahora, con la presencia en la Creg de varias fichas que deja Duque, podrán presentarse varias dificultades en la toma de decisiones del nuevo gobierno. El saliente mandatario tendrá, con estos funcionarios que deja posicionados, el poder de voto para decir si apoya o no una propuesta regulatoria. Incluso, para imponer a su antojo la agenda en temas de interés general y frenar reformas que no le convienen a ciertos sectores.

Afortunadamente, la norma que creó la Creg también estableció que el ministro o ministra de minas y energía podría ser, si así lo decide, quien presida la Comisión. También tiene el poder de veto para decidir que las normas regulatorias se aprueben y publiquen, o no, contando para ello con el acompañamiento del ministro de hacienda y crédito público, y del director del Departamento Nacional de Planeación.

Esto último se puede convertir en un salvavidas para que desde la Comisión se tenga algún control de posible manejo de intereses politiqueros que pueda dársele por parte de los comisionados de Duque. También, para presionar a que primen en las decisiones de la Creg los criterios de calidad, eficiencia y equidad. O para castigar posibles abusos de posición dominante.

En conclusión, a quienes están celebrando esta semana con tanto entusiasmo la salida de Duque, hay que solicitarles mesura, decirles que el exmandatario se quedará interviniendo en cuerpo ajeno. El expresidente ha sabido aplicar la vieja estrategia de entregar ocupada la casa que le pertenece a otro; además, con deudas y amarrando los recursos para que se usen a su conveniencia. Duque ha buscado la forma de cogobernar e incidir en la toma de decisiones del gobierno Petro.

Este texto fue publicado en la página de: Pares Fundación Paz y Reconciliación el miércoles 10 de agosto de 2022

Notas:

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