Opinión

Hay que decir las cosas como son: la salida de las 200 familias que residen en el Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación —AETCR— Mariana Páez, ubicado en Mesetas, Meta, es un desplazamiento forzado. No tiene otra calificación. 

Ese desplazamiento forzado no solo es el resultado del incontrolable asedio de los actores armados, sino también de los espacios de incertidumbre que viene dejando la política de paz total; la misma que dice fundarse en la «mplementación del Acuerdo de Paz», pero que en ese sentido viene haciendo aguas y lamentablemente replicando escenarios que ya se vivieron con la fallida política de «paz con legalidad» en el gobierno Duque. 

Se equivoca el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, cuando echa mano de burdos eufemismos o busca «dorar la píldora» al referirse al desplazamiento forzado de las familias de firmantes que residen en el AETCR Mariana Páez. Su salida de Mesetas no es voluntaria o si acaso resultado de un capricho. Ni más faltaba. Las condiciones de seguridad, y así lo ha hecho saber la Defensoría del Pueblo, no están dadas para garantizar su permanencia en el territorio. 

Al Gobierno solo le queda como alternativa avanzar en un proceso de reubicación territorial y garantizar una «salida segura». 

Sí, paradójicamente y sin revestir novedad, la salida de las 200 familias del AETCR Mariana Páez será un desplazamiento forzado con un sólido acompañamiento institucional. ¿Acaso, no es está una clara muestra del fracaso del Estado para ofrecer mínimas condiciones de seguridad o control territorial? 

No es la primera vez que pasa. 

Solo hay que recordar que al cierre del gobierno Santos el entonces ETCR de Vidrí, ubicado en el municipio de Vigía del Fuerte, fue suprimido unilateralmente y 250 excombatientes se vieron obligados a reubicarse en varias regiones de Antioquia y Chocó. También pasó en octubre de 2017 con el ETCR de Gallo, en Tierralta, del cual salieron 95 firmantes que mayoritariamente se asentaron en un terreno escarpado en Mutatá, en el cual, como sí se tratase de una experiencia macondiana, construyeron su propio caserío y conformaron la comunidad de San José de León. 

Pero no duraría en afirmar que el episodio más doloroso se vivió el 14 de julio de 2020 con la salida de 93 familias del AETCR de la vereda Santa Lucia, en Ituango, hacía un terreno inhóspito en Becuarandó —Mutatá—. En ese lamentable desarraigo confluyeron los mismos factores que conllevaron al desplazamiento forzado del Mariana Páez: inseguridad, asedio de actores armados y débil presencia institucional. 

La historia se repite y posa su sino trágico sobre las personas que se la vienen jugando decididamente, en medio de un sinfín de dificultades e incumplimientos, por la construcción de paz desde una perspectiva de reincorporación colectiva y comunitaria. 

Pero a diferencia de lo que se vivió en el gobierno Duque, tan empeñado en «hacer trizas» el acuerdo de paz, el desplazamiento forzado del Mariana Páez ocurre en el Gobierno que prometió el «cambio» y la implementación integral del Acuerdo de Paz. Sin embargo, los resultados tempranos —que serán contrastados en un próximo debate de control político en el Congreso— dan cuenta de que la implementación, tal como recientemente lo afirmó Rodrigo Londoño en un comunicado al presidente Petro, se encuentra en grave «riesgo». 

El Gobierno está a tiempo de tomar los correctivos necesarios para repotenciar todos los niveles de la implementación, pero todo empieza por reconocer la compleja naturaleza de la problemática y no valerse, como lo viene haciendo el comisionado Danilo Rueda, de eufemismos desobligantes. 

Lo que está pasando en el AECTR Mariana Páez es un desplazamiento forzado y evidencia un fracaso del Estado, y en primerísima instancia, un fracaso de la sociedad. 
 

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