Opinión

Para justificar su radical oposición al que denomina “acuerdo de impunidad” del gobierno con las Farc, el expresidente Álvaro Uribe apela a uno de los conceptos más venerables de la tradición liberal: la resistencia civil.

En la entrevista publicada en El Colombiano fundamenta su tesis así: “Nos parece que eso le hace daño a la democracia por la impunidad, por considerar al narcotráfico delito político, porque los responsables de delitos atroces no van a tener cárcel; porque cualquiera sea la gravedad del delito van a tener elegibilidad política. [...] Por todo eso decimos que aquí hay un camino dañino para nuestra democracia y por eso ahora estamos proponiéndole al país esta resistencia civil” (El Colombiano, 13.05.2016).

En la tradición del liberalismo fue el filósofo John Locke el primero en fundamentar el derecho a la resistencia. Este solo se justifica cuando se produce la disolución de la sociedad como consecuencia de la usurpación por parte del gobernante de los derechos de los asociados. Cuando el gobernante viola los derechos de los miembros de la comunidad política se pone a sí mismo en un estado de guerra frente a su pueblo. Ante esto, el pueblo adquiere el derecho legítimo de resistir al gobernante, incluso, si fuera necesario, con la fuerza. El derecho a la resistencia no es un derecho político, es un derecho natural que solamente se puede ejercer contra el gobernante cuando se ha puesto en guerra contra el pueblo.

“En mi opinión –escribe Locke– sólo se ha de emplear la fuerza para impedir que se ejerza una fuerza injusta e ilegal”.  Pero la resistencia civil, que es fuerza y no simple resistencia civil pacífica, tiene una limitación en su uso y es que el pueblo no tiene ningún derecho a resistir cuando hay un gobierno legítimamente constituido y una parte importante de la población respalda sus programas. Se pueden señalar políticas equivocadas del actual gobierno, hechos de corrupción, cierta desinstitucionalización, pero a pesar de esto no me parece que estén dadas las condiciones para invocar la resistencia civil contra el gobernante opresor. Esto es un despropósito. Hay una diferencia importante, por ejemplo, con lo que sucedió en Argentina o en Chile con las dictaduras militares del siglo pasado, o en Sudáfrica durante el apartheid.

La pregunta política básica que se debe contestar de forma responsable a la sociedad, utilizando si se quiere la teoría del filósofo alemán Jürgen Habermas, en la que Uribe apoya su propuesta, diría: ¿Es el Acuerdo sobre Víctimas un pacto de impunidad o contiene las condiciones para juzgar penalmente a los máximos responsables de graves crímenes?

Si el senador Uribe se basa en Habermas, debería ser consecuente con su filosofía profundamente liberal y democrática. En la situación de polarización de la sociedad que hay en Colombia, Habermas propondría, no la resistencia civil, sino la inclusión de todos los ciudadanos en el proceso político de creación de las leyes y el establecimiento de las condiciones para que cada uno de los ciudadanos pudiera expresar su opinión, su pensamiento.

Este texto fue publicado en el periódico ElColombiano el martes 17 de mayo de 2016

Nota

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