Opinión

Concluido su tercer debate y ad portas de iniciar el cuarto en la plenaria de la Cámara de Representantes, la reforma política propuesta por el presidente Petro viene padeciendo serias mutaciones, algunas insospechadas en el «gobierno del cambio» —como el exabrupto de acabar con el conflicto de intereses para los congresistas— y otras, francamente, impresentables desde cualquier perspectiva —ejemplo, el «caramelo» del transfuguismo o la facultad para que los congresistas asuman carteras ministeriales—.

No me cabe la menor duda: la reforma política se viene transformando en un Frankenstein, creado como traje a la medida de los partidos políticos y con pocas soluciones de fondo para depurar del sistema político la corrupción y el clientelismo.

Su primera gran mutación se presentó antes de su radicación en el Congreso, cuando el Gobierno, en un evidente exceso de confianza, le cercenó el componente de reestructuración a la organización electoral, dejándole a los senadores Ariel Ávila y Humberto de La Calle la responsabilidad de patinar la transformación del Consejo Nacional Electoral, esa movida no pudo ser más contraproducente, pues la reforma de Ariel y de La Calle —que también buscaba crear una ambiciosa jurisdicción electoral— se hundió estrepitosamente en su primer debate y a casi nadie le importó. 

Ahora todas las miradas se posan sobre la reforma política que es presentada como una «transformación radical al sistema de partidos». Pero, en el habitual camino de concesiones, es antes la misma reforma la que ha padecido grandes transformaciones; además, se va convirtiendo en el arbolito de navidad de los partidos, porque a su perverso incentivo al «cambio de camiseta» —resulta hasta cómico ver al representante Alirio Uribe defendiendo el transfuguismo— se suman la eliminación de los conflictos de intereses, la virtual eliminación de los topes de financiación y la «cláusula Roy», el artículo que le permitirá a Roy Barreras saltar del Senado al ministerio de su preferencia. 

Pero la reforma también ha logrado conservar su elemento más disruptivo: las listas cerradas durante un periodo de transición de ocho años. Aunque la solución es intermedia y tiene serios vacíos en cuanto a los lineamientos para los «mecanismos internos de selección», sigue siendo el nervio y alma de la reforma. Si los partidos tradicionales y la Alianza Verde —que ya fijó su postura en contra de la lista cerrada— ganan el pulso y modifican ese apartado, continuar con la reforma no tendría mayor sentido y su trámite solo obedecería a dinámicas de mecánica electoral y soluciones cosméticas —como aquello de limitar la permanencia en las corporaciones públicas—.

Ni los sectores del Pacto Histórico son ajenos a esa tentación, no solo porque algunos de sus congresistas esperan con ansias la aprobación de la reforma para dar el salto al Gobierno, sino también porque el articulado también contempla que los partidos que se presentaron en una lista en coalición tendrán la opción de fusionar sus personerías jurídicas para crear un solo partido. Un punto que en lo inmediato solo favorece a los sectores del Pacto Histórico, ya que en las elecciones de 2026 no podrán presentar nuevamente una lista en coalición al Senado —porque su lista sacó más del 15 % de la votación válida— y eso pone en entredicho la continuidad de partidos pequeños como la UP o Mais.

Pero el mayor reto de la reforma se encuentra en su discusión en segunda vuelta, que se surtirá entre el 16 de marzo y el 20 de junio del próximo año. Solo en ese momento podremos saber sí las listas cerradas se mantienen, si el Gobierno presta atención a las recientes observaciones de la Misión de Observación Electoral y mejora los apartados más críticos, y si los partidos están dispuestos a darle más oxígeno a un Frankenstein que los favorecerá en sus prácticas clientelistas. 

Personalmente, creo que el Frankenstein de la reforma política será sacrificado, no veo consenso en torno a las listas cerradas —con sectores de Gobierno asumiendo posiciones en contra y con el antecedente Álex Flórez— y tampoco tiene mayor sentido avanzar en esa «profunda transformación al sistema de partidos» cuando la organización electoral permanecerá inalterable.

Con la reforma política el Gobierno ha tenido serios problemas de estrategia, táctica y método.

Notas: