Opinión

Desde el pasado 28 de abril hemos visto en Colombia un movimiento social sin precedentes en la historia reciente del país, cientos de miles de personas se han tomado las vías y plazas de sus ciudades para manifestarse y mostrar su descontento frente a la gestión que el gobierno nacional le ha dado a un sinfín de problemáticas que los aquejan. Ha pasado más de un mes desde el inicio de este Paro Nacional el cual ha logrado, gracias a la presión ciudadana y a las masivas movilizaciones pacíficas, el retiro del trámite legislativo de la reforma tributaria y de salud, la renuncia de dos ministros y de un alto comisionado, el anuncio de una reforma a la policía y la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Luego de todos estos avances algunos se preguntan, ¿por qué continúan las protestas?

Si bien en un principio las convocatorias estuvieron motivadas por el anuncio del gobierno que preside Iván Duque de presentar una nueva reforma tributaria, la segunda durante su periodo, muy pronto se fueron sumando una serie de reclamos de otros actores sociales que denunciaban como progresivamente se ha ido precarizando las condiciones de vida de sus comunidades, las cuales se agravaron con la crisis social, económica y laboral que ha dejado la pandemia del Covid-19. De esta manera, el paro nacional ha canalizado el descontento de la población colombiana ante las profundas desigualdades, la falta de oportunidades y la negligencia institucional que no brinda soluciones efectivas a sus problemáticas.

Por tanto, este paro no es solo contra una serie de reformas legislativas inoportunas y abusivas o contra una clase política desconectada totalmente de la realidad que viven la mayoría de sus electores, los ciudadanos nos estamos manifestando porque estamos cansados de vivir en una sociedad donde impera la pobreza, el hambre, el analfabetismo, el desempleo, la corrupción, la violencia y la muerte. La duración de las protestas es equivalente a la indignación que produce en las personas este acumulado histórico de desigualdad, frente al cual este ni ningún otro gobierno en la historia colombiana ha querido comprometerse y ofrecer soluciones concretas, es más, pareciera que las medidas que se toman al respecto son intencionalmente ineficaces.

Así, ante el justo clamor ciudadano en las calles, la respuesta estatal ha sido criminalizar las manifestaciones pacíficas, dándole un tratamiento de guerra se ha procedido a militarizar ciudades y promover la represión y el uso desmedido de la fuerza por parte del escuadrón móvil antidisturbios (ESMAD). Según cifras de Temblores ONG, en este mes se han registrado 3789 casos de violencia policial, 1248 víctimas de violencia física, 45 homicidios, 1649 detenciones arbitrarias, 705 intervenciones violentas, 65 víctimas de agresiones en los ojos, 25 víctimas de violencia sexual, todo lo anterior a manos de miembros de una cada vez más desacreditada fuerza pública.

Ver los videos que circulan en redes sociales y escuchar los testimonios de las víctimas produce dolor y vergüenza. Ponerse del lado de civiles armados que disparan indiscriminadamente, realizar capturas de forma indiscriminada, infiltrarse en la movilización para crear el caos, amenazar, golpear, torturar, abusar y asesinar a ciudadanos no es otra cosa que terrorismo de Estado, los policías y militares involucrados en estos casos han incumplido sus funciones constitucionales y violado flagrantemente el Estado Social de Derecho, por tanto, sus actuaciones en el marco del Paro Nacional en muy poco difirieren de las de los criminales que ellos deberían perseguir y capturar, no imitar.

Ante estas políticas de miedo y muerte, la respuesta del pueblo colombiano ha sido la vida. Las manifestaciones son un derroche de creatividad donde se transforma la rabia en acción, se ha resistido a la violencia homicida del Estado con arte, música, danza, teatro, pintura, poesía y literatura. En las calles han coincidido jóvenes, estudiantes, mujeres, profesores, indígenas, sindicalistas, campesinos, transportadores, ambientalistas, minorías sexuales y otros sectores, con motivaciones tan variadas que cualquier intento de clasificación es insuficiente, allí confluyen ciudadanos que no se sienten representados por los políticos ni por el comité nacional del paro y que, en consecuencia, han decidido organizarse en asambleas populares, espacios donde se propicia el dialogo y la reflexión, se definen los pliegos de peticiones y las reivindicaciones que buscan alcanzar con las marchas. Por eso es absurdo buscar atribuir responsabilidades particulares de los acontecimientos del último mes, asistimos a un movimiento colectivo, fomentado por una ciudadanía cada vez más consciente de sus deberes democráticos.

Sin lugar a duda, los grandes protagonistas de estas jornadas históricas hemos sido los jóvenes, somos quienes llenamos las calles, proponemos nuevas formas de protestar, resistimos la represión de la fuerza pública y, dolorosamente, ponemos gran parte de los heridos, desaparecidos y muertos. Ya en 1936 Fernando González sentencio en Nociones de Izquierdismo: “Paraíso podría ser Colombia, paraíso universitario, si no fuera por esta mala semilla de hombres que tienen cogido el poder”. Las vulneraciones sistemáticas de los derechos humanos no han sido impedimento para continuar, estamos ante una juventud digna que no adolece de resignación, pues ha comprendido la capacidad transformadora de sus acciones, nuestra determinación es innegable, el cambio es ahora o nunca.

Los intentos por desarticular el Paro Nacional y la falta de voluntad para dialogar que ha demostrado el gobierno conllevó a que el comité del paro decidiera levantarse de la mesa de negociaciones y que con otros muchos sectores ni siquiera se hayan establecido canales de comunicación. El camino más acertado para hacer frente a este estallido social es el dialogo y la concertación, que el presidente escuche y tramite las exigencias legitimas de la ciudadanía, que solo busca que se garanticen los derechos que están consagrados en la Constitución y con ello alcanzar condiciones dignas para vivir. Espero que la visita que realiza por estos días la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al país contribuya a bajar las tensiones, esclarecer lo sucedido y tender puentes que posibiliten el diálogo. Pero, se debe tener claro que mientras no se escuchen los reclamos y la respuesta sea la fuerza arbitraria, los jóvenes seguiremos en las calles, nuestra voz no podrá será acallada.

Notas

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