Opinión

Primer consenso: el Gobierno desistió del proyecto de ley estatutaria de la educación. Tras su estruendoso fracaso al cierre de la pasada legislatura parece que no hay ánimo para insistir en un proyecto que activó parte del movimiento social en contra del Gobierno. Con Daniel Rojas como ministro, la estrategia legislativa se concentrará, por el momento, en impulsar el Acuerdo Nacional por el Rescate Financiero de la Educación Superior Pública. 

Segundo consenso: en el marco del citado Acuerdo Nacional el pasado 3 de septiembre se radicó el proyecto de Ley «Por la cual se modifica parcialmente el capítulo V del Título III de la Ley 30 de 1992»; es decir, los famosos artículo 86 y 87 que se ocupan de definir los aportes ordinarios de la Nación a las universidades públicas; además, adiciona otro artículo en el que se establece un mecanismo de financiación para las instituciones técnicas profesionales, tecnológicas y universitarias públicas, incluidas aquellas cuya norma de creación no vincula a la Nación en su esquema de financiación.

No me detendré en la presente columna a revisar los diagnósticos presentados en el proyecto de ley o su pertinencia —para ello, sugiero su consulta o la lectura de las  columnas específicas de los profesores Francisco Cortés Rodas y John Mario Muñoz—, pues, así sea una propuesta más bien modesta —que no toca aspectos centrales del gobierno universitario—, considero que cualquier proyecto de ley encaminado a sacar a la universidad pública de su crisis financiera, mientras no socave su sagrada naturaleza pública, siempre es bienvenido.  

Tercer consenso: el proyecto llega al Congreso, tras superar etapas previas de socialización con los actores del sector, con la firma de sesenta congresistas; en total: 17 senadores y 43 representantes —Gráfica 1—. Sin embargo, el articulado no integró el aval fiscal del Ministerio de Hacienda, algo que en nada desestima el acto de radicación, pero que sí se debe subsanar con prontitud, porque es un aval indispensable para darle solidez técnica a los debates y además evita que la oposición —tal como hizo en la discusión de la fallida reforma a la salud— se pegue de su ausencia para sabotear los debates.  

Gráfica 1. Autores del proyecto de Reforma a la Ley 30 de Educación Superior.

Creo que pocos proyectos de autoría del Gobierno Nacional han contado con un respaldo multipartidista tan amplio, puesto que los sesenta congresistas que figuran como autores representan a diez partidos y a tres circunscripciones especiales —afro, indígena y víctimas— (Gráfica 2). A pesar de la evidente concentración en el Pacto Histórico, también incluye a un representante del Cambio Radical —partido declarado en oposición—; así como a congresistas de partidos independientes como el Conservador, Dignidad y el Nuevo Liberalismo. Sin desestimar a Katherine Miranda y Catherine Juvinao, dos representantes del Verde que, aunque su partido sea de gobierno, en la práctica actúan como opositoras. 

Gráfica 2. Autores del proyecto de Reforma a la Ley 30 de Educación Superior.

Ahora bien, el mayor desafío que le asiste al proyecto es tanto conservar como ampliar ese importante apoyo multipartidista; asimismo, activar una movilización social que desde la calles posicione la importancia de avanzar en una discusión transparente y de cara a la ciudadanía, para que no pase lo que pasó con el fallido proyecto de ley estatuaria de la educación que, de tantas concesiones otorgadas —de muy buena fe, eso no lo pongo en duda— por la entonces ministra Aurora Vergara, quedó irreconocible. Acuerdo Nacional sí, pero no así. 

También será clave que los representantes y senadores que asuman la coordinación de la ponencia, tanto en Cámara como en Senado, sean congresistas con la capacidad suficiente  para ambientar favorablemente los debates, así como para establecer acuerdos y ajustes que no desnaturalicen la reforma. En Cámara, la persona más indicada para asumir ese rol es el representante Verde Jaime Raúl Salamanca, integrante de la Comisión Sexta y actual presidente de la Corporación, quien, entre 2022 y 2023, presentó tres proyectos de ley que modificaban aspectos centrales del modelo de educación superior; incluyendo, una reforma parcial a los artículos 86 y 87. 

Y en Senado, dada su experticia, la senadora más indicada para «patinar» la discusión de la reforma es María José Pizarro. 

Para las próximas semanas se viene una audiencia pública del Congreso en la cual se revisarán los aspectos centrales de la reforma. Confiamos en que se pueda realizar en instalaciones de nuestra Alma Máter y que además de ser un escenario de socialización y mejoras, permita establecer el siguiente consenso entre todos los actores: ¡Que el rescate financiero de la educación superior pública sea el centro de la discusión!

Soy un hijo orgulloso de la universidad pública, así que me sumo al llamado de los estudiantes —que también fue el llamado que libramos en ese memorable 2011—: Porque no seremos la generación que dejó quebrar y privatizar la UdeA. Pública la recibimos y pública la devolvemos. 

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Notas:

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