Opinión

El foco de atención sobre la difícil situación financiera de las universidades públicas en el país se ha centrado en los últimos meses en la Universidad de Antioquia —UdeA— debido a que el rector, John Jairo Arboleda, anunció, junto con la postergación en dos ocasiones del pago de la nómina, que la institución ha alcanzado una cifra muy elevada de desfinanciación —$348 095 millones—, que si no se resuelve mediante el apoyo de la Nación, la Gobernación de Antioquia, el Distrito de Medellín o la obtención de préstamos, puede conducir a una grave crisis institucional.

El desfinanciamiento, lo conoce muy bien la opinión pública, es parte de un problema general que tienen las universidades públicas. La pregunta que debemos hacernos es ¿por qué esta situación de desfinanciamiento afecta de esta forma tan grave a la UdeA y no a otras universidades del sistema público? ¿Qué pasa en la UdeA que no esté sucediendo en otras universidades? ¿Hay despilfarro irresponsable de recursos o incompetencia administrativa? ¿Esta crisis tan seria, determinada en parte por el desfinanciamiento estructural de las universidades públicas, es la primera que se produce en el sistema público y probablemente se extenderá a otras? 

El desfinanciamiento, determinado por que el Estado no ha costeado las sumas que requieren las universidades para funcionar, es un «factor externo» que genera la crisis. ¿Pero hay también «factores internos»? Analizaré la relación entre «factores externos» e «internos» para presentar otra visión sobre este problema. 

La desfinanciación estructural, como «factor externo» que determina la actual crisis de la UdeA en particular y de las universidades públicas es, según el informe del Sistema Universitario Estatal —SUE,  —2021—, de $17,6 billones al año 2018. Esto lo generó la Ley 30 de 1992, que congeló los aportes asignados por la Nación a las universidades, determinando que su presupuesto crezca anualmente al mismo ritmo del IPC, es decir, no ha habido incremento real, puesto que los gastos han crecido muy por encima de la inflación, producto de nuevas obligaciones legales que han tenido que asumir las universidades públicas: la cualificación docente, el aumento de la investigación, etc.

El problema que ha generado la desfinanciación está en que los gastos básicos de cada una de las universidades no han sido asumidos en su totalidad por la Nación ni por los gobiernos departamentales ni municipales. Desfinanciación significa también que el Estado no ha costeado los puntos salariales estipulados en el Decreto 1279 de 2002, relacionados con la formación de los docentes y la producción académica, entre otros. Así, las cifras del desfinanciamiento de la UdeA —el faltante de recursos de la Ley 30 de 1992 que la UdeA ha tenido que aportar para poder funcionar— para el año 2023 ascendieron a $348 095 millones. 

A partir de entender este problema de la desfinanciación como un problema determinado por «causas externas», se puede mostrar que esta situación revela el fracaso del Estado colombiano para  conformar un sistema público de educación universitaria.

Pero es importante decir también que los problemas que tenemos en nuestras universidades no dependen solamente de los «factores externos» señalados. En el caso de la UdeA, hay «factores internos» que están minando la institución: despilfarro irresponsable de recursos, incompetencia de algunos directivos y el uso arbitrario del poder. 

El Consejo Superior Universitario —CSU— ha sido inferior frente a la tarea que le corresponde de controlar, limitar y orientar la dirección de la UdeA. Su politización le impide actuar racionalmente y en solidaridad con la UdeA. 

El rector Arboleda puso en marcha la construcción de nuevos edificios: Facultad de Salud Pública, Robledo, entre otros, y puso en funcionamiento nuevas sedes o seccionales en las regiones. Ha usado los recursos de los fondos patrimoniales que tenían el objetivo de financiar actividades de docencia, investigación, extensión o bienestar, para otros propósitos. El endeudamiento de la universidad está llegando a los límites permitidos por la ley. 

Al manifestarse la crisis hemos podido ver que ese conjunto de decisiones sobre construcción de nuevos edificios y sedes, tomadas desde el 2018, no fueron hechas a partir de una planificación racional, de proyecciones económicas a largo plazo, ni tuvieron un control adecuado por parte del CSU. 

Hay fallas graves de tipo administrativo que han permitido utilizar la figura de contrato de cátedra para actividades administrativas; en muchas facultades los planes de trabajo no comprenden docencia directa; aunque pocos, hay profesores que han abusado del sistema de asignación de puntaje por publicaciones mediante lo que se conoce como la falsa coautoría y la endogamia de los comités de puntajes. Si se han conocido algunos casos ¿por qué no se ha actuado?

Ahora bien, ¿cómo se articula la relación entre estas dos formas de explicación? La explicación basada en «factores internos» le permite afirmar a las autoridades estatales, como se hace desde la Gobernación de Antioquia, que, si hay despilfarro irresponsable de recursos, incompetencia administrativa, corrupción, como la que al parecer se ha dado bajo el sistema de incentivos salariales formulado en el Decreto 1279, entonces debe cambiarse esta norma, implementar una política de disminución del 50 % de los contratos de hora-cátedra y eliminar las descargas académicas por investigación, entre otras. Si esto se cumple, habría algunos recursos económicos adicionales. Pero debe quedar claro que aquí de lo que se trata es de una lucha entre poderes, que todos sabemos cuáles son, pero que hoy no se dirigen a salvar el Alma Mater.

La explicación basada en «factores externos», que describe cómo y porqué se produce la desfinanciación estructural de las universidades públicas, se articula entonces con la explicación basada en «factores internos» y las dos confluyen en develar una situación: cómo y porqué el Estado colombiano —incluyendo el actual gobierno— ha fracasado en crear un sistema público de educación universitaria, una educación pública para todos.

¿Qué se podría hacer frente a este desastre? La mayoría de los profesores y supongo que también los estudiantes, vivimos en una situación de desconexión entre los intereses que podemos tener como académicos y ciudadanos y la normas y políticas que las directivas universitarias crean para regular la vida de esta pequeña comunidad. Esta desconexión significa alienación política. 

El ejemplo más claro de alienación política en las universidades públicas ha sido producido por la forma como se han organizado los procesos en el sistema representativo-consultivo que creó la Ley 30. Al quedar reducida la política a que se requiere una élite de administradores profesionales para que tomen las riendas de la universidad y todas las decisiones, y adopten las políticas que se requieran, en virtud de que ellos son los únicos que saben tomar las decisiones correctas, se ha generado un serio problema. El problema es que las mayorías quedan excluidas de la posibilidad de vivir la experiencia básica de la democracia, que consiste en que nadie debe estar sujeto a normas o disposiciones normativas que no puedan justificarse adecuadamente para él o ella como agente libre e igual de justificación. Como seres racionales y agentes de justificación somos poseedores del derecho a ser autores y destinatarios de normas tanto morales como políticas, en los diferentes contextos de justificación. Ser agente de justificación quiere decir que como sujeto de justificación cada uno tiene el derecho de ser respetado en su dignidad de ser una persona que puede proporcionar y exigir justificaciones. En la UdeA no sólo no existe la posibilidad de exigir justificaciones, sino que se perdió la plata, y nadie puede dar cuenta de qué es la dignidad.

 

• Esta columna fue publicada en el sitio web La Silla Vacía, el 5 de octubre de 2024. 
   
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