Opinión

La democracia colombiana se debilita cada vez más, y este gobierno ha hecho una gran contribución para lograr este propósito, debido a que ha propiciado un aumento, por decir lo menos, destacadísimo de la corrupción. Como se ha demostrado en diferentes estudios empíricos, la corrupción aumenta con el grado de discrecionalidad de las regulaciones y la ineficiencia de la administración pública.

Esto se pudo apreciar claramente en el reciente escándalo de la ministra Abudinen. Desde que este se inició fue claro para la opinión pública que en el proceso de adjudicación de la licitación a la Unión Temporal Centros Poblados se dieron evidentes irregularidades y hechos de corrupción. Hubo negligencia y descuido en su gestión en el Ministerio, soberbia y arrogancia en su defensa, y abudineo en su reclamo a la Real Academia de la Lengua.

Como ministra tenía la responsabilidad de inspección y control de lo estipulado en el contrato. Ante las primeras alertas producidas por los retrasos, la evidencia de que los contratistas presentaron pólizas falsas y el hecho de que gran parte de la plata del anticipo había sido sacada del país, no actúo con la diligencia debida y la responsabilidad que tenía para garantizar el uso adecuado de los $70.000 millones destinados a llevar internet a las regiones más apartadas del país. 

Se puede apreciar en este proceso que las regulaciones existentes para establecer las relaciones contractuales entre el Estado y los agentes fueron usadas de acuerdo con la discrecionalidad de Abudinen. El presidente usó igualmente su poder de manera discrecional al apoyarla hasta las últimas consecuencias. Le pidió la renuncia solamente cuando la Cámara de Representantes buscaba la moción de censura. 

De esta manera, él, como máxima autoridad del Estado, que recibió del pueblo la tarea de buscar el interés público en la formación y aplicación de las políticas públicas, ha desconocido nuevamente la voluntad del mandante primario. Permitió que su ministra actuara desconociendo la legalidad. Desconoció el peso histórico de las protestas contra la reforma tributaria de Carrasquilla al nombrarlo y premiarlo en la junta del Banco de la República. 

La ilegalidad es un atributo esencial de la corrupción. Las normas jurídicas, y en concreto las normas que prohíben a un ministro o a un alto funcionario público aceptar sobornos o dejar que los dineros públicos se pierdan o se desvíen, definen los límites de sus actividades que han de enmarcarse en los intereses que debería representar el presidente.

Se equivoca Luis Guillermo Vélez en su última columna en la Silla Vacía cuando para defender a la Mintic de haber incurrido en actos de corrupción afirma que “el gabinete ministerial puede que tenga su dosis de inexpertos e incompetentes, pero ninguno luce ser un bandido”. Cuando hablamos de corrupción en este nivel hay que recordar casos emblemáticos de bandidaje como Agro Ingreso Seguro, Reficar, Odebrecht, y los famosos bonos de agua del premiado Carrasquilla. ¿Ingenuos y bandidos? o ¿ineptos y corruptos? La señora Abudinen debe rendir cuentas ante la justicia. Tanta ingenuidad no debe recompensarse.

Este texto fue publicado en el periódico El Colombiano el martes 14 de septiembre de 2021

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