Opinión

Actualmente la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas (FDCP) está experimentando una crisis desatada inicialmente por un “escrache” violento y, posteriormente, por una serie de denuncias en contra de diferentes profesores por actos de Violencia Basada en Género (VBG). Frente a estas denuncias, la Facultad programó un espacio denominado “Circulo de la palabra”, con el fin de escuchar a las estudiantes afectadas, a la comunidad de la FDCP en general y promover un espacio de diálogo crítico y reflexión transformadora.

Para quienes hemos asistido a este espacio, estos han sido días de confusión, dolor, desasosiego y tristeza que difícilmente pueden traducirse en palabras ni comprenderse desde categorías racionales, pero también nos ha quedado la sensación sobre la necesidad de profundizar los diálogos entre los diferentes sectores que integran la comunidad universitaria, incluyendo a los profesores involucrados.

Por más de veinte años he tenido la oportunidad de participar de un proyecto educativo, me refiero a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, que ha buscado la reivindicación de los derechos de las personas más vulnerables y la búsqueda de una sociedad justa y pacífica. Por ello resulta devastador saber que estudiantes, especialmente mujeres y disidentes sexuales, que han buscado construir un plan de vida mediante su formación en la universidad, hayan tenido que padecer en silencio un conjunto de violencias que no debían haber sufrido, y mucho menos en una institución educativa que se precia de su espíritu crítico y su compromiso social.  

Pero esta situación no es exclusiva de la facultad ni de la universidad. Durante los últimos años se ha hecho más visible la ocurrencia de VBG en muchas universidades nacionales e internacionales. Seguramente no es una forma nueva de violencia, pero sí se ha hecho más visible gracias al valor de quienes han denunciado y a la acción de los colectivos feministas y LGTBQ+ que se han atrevido a desafiar prácticas cotidianas que subordinan, maltratan, utilizan a las mujeres o a lxs disidentxs sexuales por razones de su identidad de género.

Sin embargo, a pesar de las denuncias de algunas personas afectadas, de las movilizaciones, de la creación de rutas institucionales que busquen responder a estas violencias, aún persisten las dificultades para quienes padecen la VBG, como por ejemplo, la soledad y vulnerabilidad de lxs estudiantes frente al poder del profesor o del compañero, la desconfianza ante una institucionalidad que lxs revictimiza y exige indolentemente pruebas imposibles de obtener, y, finalmente, la inacción institucional que reafirma el poder del agresor.

Tiene razón la antropóloga argentina Rita Segato cuando sostiene que el derecho, las instituciones jurídicas y los funcionarios, tienen una enorme incapacidad para escuchar y traducir el dolor, comprender a quien padece de un tipo de violencia que para el sistema de justicia termina siendo invisible o que se reduce a una violencia íntima, doméstica o menor. Es comprensible entonces que muchas veces los colectivos de mujeres hayan tenido que buscar otros repertorios de acción para hacer visible lo que para el derecho, las instituciones y la sociedad simplemente no es visible.  

Es el momento de decir ¡Basta!. Ningún espacio de la Universidad de Antioquia, ni de ninguna otra universidad, debería ser inseguro para las estudiantes ni las disidencias sexuales. Ninguna estudiante debería reprimirse, quedar en silencio o sentirse sola cuando sea maltratada o acosada. Ningún estudiante o profesor debería aceptar como normal un acto de maltrato o acoso en contra de sus compañeras o estudiantes. Hoy lxs estudiantes nos están llamando la atención y por eso, los profesores, en lugar de mantener un silencio cómplice o de dejarnos llevar por la actitud negacionista, debemos enfrentar el problema y escucharlxs con mucho respeto y humildad.

Ahora bien, en la FDCP con ocasión del diseño del “Círculo de la Palabra” ha surgido un falso dilema consistente en si se privilegia escuchar las voces de las mujeres y las víctimas, en detrimento del debido proceso; o si se opta por las formas jurídicas tradicionales, con el resultado probable de revictimización y la inacción.  Como bien lo han manifestado los comunicados de la Asamblea de Mujeres y Disidencias Sexuales de la FDCP, del Consejo de Facultad y de profesores profesoras de Ciencia Política, si bien el principio del debido proceso es irrenunciable, también debemos reconocer las enormes limitaciones de las formas jurídicas tradicionales para canalizar adecuadamente las VBG.  

Finalmente, es necesario que exploremos nuevas miradas, como el enfoque diferencial, la perspectiva de género y los principios de justicia restaurativa, así como de nuevos mecanismos que, sin renunciar a las garantías del debido proceso, permitan, por una parte, escuchar en condiciones de seguridad y protección a las víctimas de estas violencias, y por otra, buscar sanar, en lo posible, las heridas causadas.

Notas:

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