Opinión

Los gobiernos de izquierda de América Latina en el siglo XX, de Juan Domingo Perón en Argentina, Getulio Vargas en Brasil, José María Velasco en Ecuador y Lázaro Cárdenas en México, fueron populistas e instrumentaron políticas para transformar de manera radical las estructuras sociales y económicas y consolidaron Estados más fuertes que intervinieron en la economía.

El populismo de izquierda fue la forma política utilizada para generar estas transformaciones, y el medio a través del cual las clases trabajadoras y los sectores medios fueron incorporados al sistema político. “El populismo en América Latina debe mirarse con los ojos de nuestra propia historia, a la luz de una región históricamente desigual—la más desigual del mundo— Sus formas autoritarias y la preeminencia de caudillos son una parte innegable de nuestra cultura política” escribe el periodista mexicano Hernán Gómez Bruera.

La presencia del populismo de izquierda es central también en el siglo XXI. Pero es importante decir primero que los gobiernos populistas de Chávez, Maduro, Cristina Fernández y Ortega fracasaron al utilizar un modelo que terminó en un “totalitarismo político”, en el cual se han desconocido las normas del Estado constitucional, como la división de poderes y el principio de representación, produjeron además un insignificante impacto social; destruyeron las bases estructurales de sus economías, y han servido, como imagen negativa, para que se propague el rechazo a la izquierda en América Latina. 

La situación ha cambiado en la última década. Ha triunfado electoralmente una nueva izquierda latinoamericana, un poco más moderna y con la intención de actuar colectivamente pero bajo premisas distintas, representada por Gabriel Boric en Chile, Xiomara Castro en Honduras, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en México y Gustavo Petro en Colombia. El caso de Pedro Castillo merece un comentario aparte.

AMLO inició su gobierno el 1 de diciembre de 2018 bajo el augurio de que produciría un desastre económico, endeudaría al país, quebraría al Estado al elevar indiscriminadamente el gasto, y produciría una ruptura con el sector empresarial. Los que presagiaron este desastre se han quedado sin palabras, cumplidos los primeros tres años, pues la economía, a pesar de la pandemia y la recesión económica mundial, mantiene un equilibrado nivel de crecimiento, la deuda externa se mantiene estable, y aunque el Estado interviene e invierte de manera importante en la política social para beneficiar a los más pobres, dispone de los recursos suficientes para desarrollar y cumplir sus políticas institucionales. Contra lo que predijo el pacto oligárquico, AMLO no convirtió a México en un país autoritario —una nueva Venezuela— porque ha preservado las estructuras institucionales de los poderes del Estado y respetado la Constitución. 

AMLO lidera un movimiento social y político que se ubica en la izquierda, aunque algunos de sus críticos dicen que es neoliberal y otros, como la influyente periodista Denisse Dresser, dice que representa una “postura de izquierda en lo social, pero derechizante en lo económico”. Sin discutir estas posiciones, considero, siguiendo a Gómez Bruera, que su gobierno es de izquierda (nacionalista y populista)  porque busca disminuir las desigualdades y aumentar los derechos y las libertades, especialmente de los más pobres. “Por el bien de todos, primero los pobres”, repite en sus discursos.

Esto se manifiesta básicamente en la clara orientación de sus políticas hacia el mejoramiento de la situación de las poblaciones excluidas del bienestar social. Duplicó el monto de la pensión para adultos mayores y le dio acceso, de forma universal, a todo este grupo. Ha creado programas para la juventud con el fin de darles condiciones para el empleo y apoyarlos en su educación hasta el nivel del bachillerato. Creó un programa para otorgarles seguridad social a las trabajadoras domésticas y darles un salario mínimo legal; lo mismo para los jornaleros agrícolas. Aumentó el salario mínimo en 60 por ciento durante los tres primeros años de gobierno sin impactar en la inflación. Ha regulado y, en casos extremos, desmontado la subcontratación laboral (outsourcing), que tanto ha precarizado los derechos de los trabajadores.

La reforma fiscal se ha focalizado en combatir la evasión y la elusión fiscales, lo cual ha permitido que las grandes empresas que no pagaban impuestos lo estén haciendo ahora. La reforma en la educación busca incrementar “la matrícula, la cobertura, la permanencia y la equidad en el acceso y el egreso de los grupos sociales tradicionalmente subrepresentados en la educación superior”, escribe Adrián Acosta Silva. Con el programa “Universidades para el Bienestar Benito Juárez” creo una red de universidades públicas federales con el fin de dar opciones de formación a jóvenes en las zonas marginadas del país. La construcción del Tren Maya y el Tren del Istmo, a pesar de los problemas ecológicos, tienen como fin básico ”cerrar la brecha de desigualdades entre regiones”, escribe Gómez Buera.  Y ha combatido con mucha fuerza la corrupción, aunque hay todavía problemas complicados como se revela en las denuncias de los periodistas Carmen Aristegui y Raúl Olmos.

Aunque ha avanzado mucho en su proyecto económico, de derechos, de consolidación de un Estado de bienestar, hay serias debilidades: el feminismo, pues no ha tenido ni la sensibilidad ni la comprensión para entender la fuerza del reclamo social de las mujeres; la pasividad ante la expansión del narcotráfico y el descontrol de la violencia que ha adquirido proporciones sin precedentes; el problema de la migración que se ha desbordado con 1.734.686 migrantes detenidos el año pasado en su intento por llegar a territorio estadounidense. Finalmente, es importante mencionar la forma personalista —el modo obradorista— de gobernar, que lo ha llevado a tomar decisiones importantes sin diagnóstico, y sin una planeación adecuada. 

En Chile, los movimientos sociales, estudiantiles, de las mujeres, los ecologistas, los defensores de las minorías indígenas que se iniciaron desde 2011 y que se radicalizaron en 2019, generaron dos hechos políticos fundamentales: la creación de una Convención Constitucional que propuso una nueva Constitución, la cual será sometida el próximo 4 de septiembre a un plebiscito ratificatorio, y el triunfo del candidato izquierdista Gabriel Boric.

La nueva Constitución busca dejar atrás la “Constitución de Pinochet” con sus “cerrojos”, construidos para cerrarle el camino a sus “enemigos” políticos. Es una Constitución que tiene una clara legitimidad democrática y que pone a Chile en línea con el constitucionalismo moderno, pues incluye los derechos sociales, económicos y ambientales, reconoce a los pueblos indígenas, y aboga por una organización territorial descentralizada y regionalista. El presidente Gabriel Boric, que asumió la presidencia apenas hace cuatro meses, delinea, en medio de una oposición feroz, el programa de construir un nuevo pacto social, para el cual es absolutamente necesario el “Apruebo” de la nueva Constitución. 

Gustavo Petro se posesiona el próximo 7 de agosto. Representa un proyecto de izquierda que busca superar la política de guerra y muerte que se impuso desde la época de Turbay Ayala, hasta la consolidación de la guerra contrainsurgente liderada por el expresidente Uribe Vélez y continuada por Iván Duque en la forma de una paralización de las instituciones que surgieron del Acuerdo de Paz. 

El programa de izquierda de Gustavo Petro y Francia Márquez busca superar la brecha entre ricos y pobres mediante el desarrollo de una política de igualdad de oportunidades. La izquierda aspira a hacer más iguales a los desiguales, a superar las condiciones limitantes que produce la pobreza en la vida de las personas. Aunque la ley consagre que cada uno es libre de hacer todo lo que quiera, siempre que no esté prohibido, en realidad dicha libertad no existe para los pobres. La pobreza deviene en una suerte de prohibición para ellos  del ejercicio de su libertad. En esto radica la conexión entre libertad y derechos sociales, que se buscará desarrollar en el nuevo gobierno.

La lucha contra la desigualdad supone un cambio en las orientaciones económicas, que se han basado en el neoliberalismo, hacia un sistema económico centrado en los intereses y necesidades de los más pobres. Colombia es uno de los países más desiguales de América Latina, en el que los grupos más ricos concentran el mayor nivel de patrimonio. Según el informe del World Inequality Report de 2022 el 1% más rico de Colombia concentra el 49,6% de la riqueza total del país (en Brasil concentra el 48,9%, en México el 46,9%). Petro se propone revertir esa situación para que los marginados, los que han sufrido la violencia y las consecuencias de la guerra, puedan encontrar las condiciones para poder vivir una “vida sabrosa”.

Esto implica el desarrollo de muchos programas que están en su proyecto, que no puedo exponer aquí. Petro y Francia representan el mundo de las víctimas que espera que se desarrolle plenamente el Acuerdo Final y se propongan y desarrollen otros procesos de paz hasta que Colombia puede salir de la guerra. Las decisiones tomadas en la escogencia de su gabinete muestran que es un político racional y razonable, que busca cumplirle al pueblo que lo eligió. ¡Libertas capitur! 

Los gobernantes de izquierda de América Latina tienen un gran reto frente a los cambios geopolíticos que se están dando como consecuencia de la crisis del modelo liberal cosmopolita y la irrupción de Rusia y China como actores que pretenden cambiar radicalmente el orden internacional. América Latina debe prepararse para enfrentar esas nuevas realidades y debe articularse para crear unas condiciones políticas transnacionales que permitan asegurar un cierto grado de autonomía económica y política frente a los grandes imperios.

Este texto fue publicado en la Silla Vacía el lunes 1° de agosto de 2022

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