Opinión

El campo colombiano lleva casi un siglo esperando una justicia que nunca llega. Cada vez que el país se ha acercado a crearla, intereses poderosos han logrado frenarla. Hoy, con una reforma constitucional aprobada y una Corte que avala su implementación, el Congreso tiene en sus manos resolver una de las deudas más antiguas del Estado con su población rural.

En 1936, cuando Alfonso López Pumarejo creó los primeros jueces de tierras bajo la premisa de que la propiedad tiene función social, pocos imaginaron que esa conquista duraría apenas siete años. La Ley 4 de 1943 los eliminó, alegando austeridad fiscal. En realidad, como han documentado los historiadores, fueron los intereses de terratenientes enquistados en el Legislativo quienes se encargaron de enterrar ese primer intento. Así comenzó un patrón que se repetiría una y otra vez.

El segundo intento serio llegó en 1989 con el Decreto 2303, que ordenó crear 115 juzgados agrarios y 23 salas especializadas en tribunales superiores. ¿El resultado? Solo tres juzgados funcionaron, en una suerte de plan piloto que nunca despegó. En 1996, la Ley 270 suspendió esos despachos y delegó su reinicio al Consejo Superior de la Judicatura, que simplemente nunca cumplió. Para 2012, el Código General del Proceso le dio el tiro de gracia: derogó completamente la normativa agraria. Colombia quedó, otra vez, sin justicia especializada para el campo.

Los números son contundentes. La Agencia Nacional de Tierras tiene represados 37 105 procesos agrarios sin resolver. El 95 % corresponde a dar claridad sobre la propiedad, ese trámite que define si una tierra es baldío de la nación o propiedad privada. Al ritmo actual, según cálculos del propio Gobierno, se necesitarían 256 años para evacuar esa demanda. Mientras tanto, más de 700 000 hectáreas permanecen en disputa solo en casos de extinción de dominio.

Colombia ostenta el triste récord de ser el país con mayor concentración de tierra en América Latina. El 1 % de las fincas de mayor tamaño acapara el 81 % del territorio rural. El coeficiente Gini de tierras supera el 0.89, una cifra que escandalizaría a cualquier economista. Y detrás de esos números hay una tragedia humana: 7.4 millones de personas desplazadas por la violencia, entre 6 y 8 millones de hectáreas despojadas o abandonadas forzadamente, y un campesinado que representa el 45.5 % de las víctimas de violaciones de derechos humanos documentadas por la Comisión de la Verdad.

El Acuerdo de Paz de 2016 reconoció lo que muchos ya sabían: la inequitativa distribución de la tierra es causa estructural del conflicto armado colombiano. Por eso incluyó el compromiso explícito de crear una jurisdicción agraria con cobertura territorial adecuada y mecanismos de acceso ágil a la justicia.

En julio de 2023, tras décadas de intentos fallidos, el Congreso aprobó el Acto Legislativo 03, que por primera vez eleva a rango constitucional la Jurisdicción Agraria y Rural. En agosto de 2025, la Corte Constitucional avaló la ley estatutaria que define su estructura mediante la Sentencia C-340. Los cimientos están puestos. Falta la ley ordinaria que establecerá competencias y procedimientos específicos.

Esa ley lleva más de un año de trámite. Fue aprobada en comisiones conjuntas en diciembre de 2024, pero desde entonces permanece estancada. La sesión del 18 de noviembre de 2025 en la Cámara fue saboteada cuando sectores de oposición al gobierno abandonaron el recinto, rompiendo el quórum. En el Senado ni siquiera ha sido agendada.

Los argumentos para frenar la jurisdicción agraria no han cambiado mucho desde 1943. Hoy se habla de «riesgos para la propiedad privada» y «viabilidad fiscal». Algunos gremios como la Sociedad de Agricultores de Colombia —SAC— y voceros de la oposición advierten sobre supuestos modelos de «expropiación judicial». Son temores que, aunque comprensibles en un país donde la seguridad jurídica es frágil, no se sostienen ante el análisis técnico.

La nueva jurisdicción no otorga facultades para expropiar. Sus jueces conocerán conflictos sobre posesión, tenencia, servidumbres, linderos y clarificación de propiedad: asuntos que hoy resuelve mal la justicia ordinaria, sin especialización ni celeridad. Lo que sí cambiará es que habrá jueces itinerantes que lleguen al territorio, facilitadores agrarios que orienten gratuitamente a campesinos, y centros de apoyo técnico con expertos en
catastro y contexto rural.

La reforma no está exenta de críticas legítimas. Expertos de Dejusticia señalan que no se creó una Corte Agraria de cierre, lo cual fragmentará la jurisprudencia entre la Corte Suprema y el Consejo de Estado. Otros advierten que se trata más de una «especialidad» que de una verdadera jurisdicción autónoma. Son debates técnicos importantes que deberán resolverse con el tiempo. Pero la perfección no puede ser enemiga de lo necesario. El catastro multipropósito avanza apenas al 26.8 % del territorio. Solo el 4 % de las decisiones judiciales en restitución de tierras se profieren en el término legal. Las mujeres rurales, que sostienen buena parte de la economía campesina, poseen apenas el 30 % de la propiedad de la tierra y acceden a solo el 4 % del crédito agrario.

Colombia se comprometió ante el mundo, al firmar el Acuerdo de Paz, a crear esta jurisdicción. La Defensoría del Pueblo exige su implementación urgente. Cien académicos y organizaciones sociales han enviado cartas al Congreso pidiendo que se tramite. El gobierno ha declarado mensaje de urgencia.

No es momento para que intereses particulares vuelvan a imponerse sobre una deuda histórica con el campo. Noventa y nueve años después de la Ley 200, Colombia tiene la oportunidad de demostrar que esta vez sí va en serio con su ruralidad. El Congreso decidirá si la aprovecha o si, una vez más, le da la espalda al campesinado.

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