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En el actual contexto, el tiempo es decisivo en las intenciones del gobierno por enfrentar el problema de la evasión fiscal mediante una mayor fiscalización de los recursos por parte de la DIAN, pues el fortalecimiento de la entidad debe ir atada a la creación de una cultura de pago y condiciones favorables hacia una economía más formalizada. 

Por: Lourdes Cruz Cárdenas  -Facultad de Ciencias Económicas-

Recaudar ingresos anuales por $2.7 billones en la lucha contra la evasión fiscal, como propone el nuevo proyecto de reforma tributaria, es poco frente a los más de $40 billones que pierde el país por evasión del IVA y el impuesto de renta a las empresas, sin embargo corresponde a uno de los esfuerzos más grandes que se han hecho en materia de fiscalización de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN–, o por lo menos ese es el argumento del Ministerio de Hacienda en su propuesta, así el camino hacia la modernización de la autoridad tributaria comenzará a anunciarse desde la Ley de Crecimiento de 2018.   

Esto en el entendido de que la evasión tributaria en el país sea cercana al 30% del recaudo total, como se estima en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2019, pues ya la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios había señalado las dificultades que tiene la DIAN para calcular y medir los ingresos no percibidos por contribuyentes naturales, por ejemplo.

De manera que, expresó Wilmar Campo Balbín, profesor de la Especialización en Gestión Tributaria de la Facultad de Ciencias Económicas, “claramente la entidad requiere una modernización tecnológica e institucional a nivel de recurso humano para luchar contra la evasión, así como mejorar la información reportada, pues en todo caso la fiscalización de la DIAN sigue siendo muy precaria para el gran grueso de la población y ahí estamos hablando de una importante fuente de recursos tributarios y no tributarios con que debería contar el país para hacer frente a las necesidades de inversión”.

Sin embargo, la aplicación del Capítulo II –Lucha contra la evasión– todavía tomará tiempo, no sólo porque los ingresos provenientes de la propuesta de ley comenzarán a materializarse en 2023, sino porque Colombia, agregó el académico, Magíster en Tributación y Política Fiscal, no cuenta con políticas de Estado asociadas a fortalecer la cultura tributaria, que tampoco es un tema de un día para otro o de un gobierno, afirmó, por el contrario, “es un asunto de largo alcance y que debe considerarse de carácter prioritario a nivel educativo, lo mismo que acabar con la corrupción, que parece imposible”.

Muestra de la tendencia cultural que tiene Colombia a evadir responsabilidades en materia tributaria y anticorrupción, es el incumplimiento de las leyes y los mecanismos existentes para enfrentar dichos problemas, por lo tanto, sostuvo el profesor Campo, no se trata de sacar más leyes, sino crear una cultura del cuidado de los recursos públicos y cumplir responsabilidades, así como fortalecer los mecanismos de lucha contra la evasión y la aplicación de las normas penales en materia tributaria, lo mismo que las normas anti-abuso que están contempladas en el actual ordenamiento tributario.

Ahora, si bien la propuesta de reforma tributaria contempla medidas anti-evasión como la transformación de la factura electrónica, cobertura del registro RUT y georreferenciación para la venta de bienes inmuebles, la alta informalidad empresarial dificulta el trabajo de fiscalización de la DIAN en los dos primeros casos y, en consecuencia, la recaudación de impuestos, ante lo cual, no sólo se hace necesario modernizar la DIAN, sino buscar mecanismos para una economía más formalizada.

Así lo explicó el profesor Campo, “desafortunadamente, la informalidad tiene un efecto negativo sobre el desarrollo económico del país y el recaudo tributario. Pero de la mano de la formalidad también debe ir el Estado con políticas para la generación de empleo en condiciones dignas de trabajo, tener una infraestructura responsable para atender la demanda que impone una economía más formalizada y sobre todo, muy importante, las oportunidades que brinde y los beneficios que se puedan dar para la creación de empresa”.

Asimismo, otro asunto importante y que requiere de una economía más formalizada, es la medida que plantea el proyecto de reforma tributaria relacionado con la factura electrónica y el impuesto de renta.  

En este punto, aclaró el profesor Campo, el proyecto espera lograr la facturación del impuesto de renta a través de la información exógena que recibe la DIAN de todo lo reportado por las empresas y así, hacer una determinación tributaria a cargo de los sujetos pasivos, es decir, que desaparecerían las declaraciones tributarias y sería reemplazado por una factura electrónica.

Sin embargo, es otra disposición que no considera sea tan inmediata, en la medida que no todas las empresas reportan información, y en ese sentido, insistió el académico, socio fundador de Campo Tributario S.A.S, “si bien el gobierno va por la ruta señalada, hay que priorizar y delimitar la decantación de información, así como mejorar la cobertura tecnológica y fortalecer los sistema de control de las entidades del Estado”.

Finalmente, el gobierno proyecta un crecimiento de los ingresos tributarios entre 2021 y 2024, vía los ingresos adicionales que se deriven del fortalecimiento de la capacidad de fiscalización de la DIAN (1,4% del PIB a partir de 2023), según el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2020, para tratar de permanecer el recaudo estable en un promedio de 14,5% hacia 2031. Dicho fortalecimiento tiene ya aprobada una inversión de USD 250 millones.   

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