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viernes, 21 de enero 2022
21/01/2022
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Desafíos de las mujeres rurales en Colombia

La ruralidad en Colombia corresponde al 60% de sus municipios, donde el 22,9% de la población, es decir, 10’057.390 personas habitan el sector rural y un poco más de la mitad son mujeres, de acuerdo con la Misión de Transformación del Campo (2015).

 

Por: Lourdes Cruz Cárdenas  -Facultad de Ciencias Económicas-

Para la profesora y economista Yady Barrero Amórtegui, “la comprensión de las dinámicas relacionadas con las mujeres rurales es en sí un reto importante porque implica el reconocimiento de una realidad compleja en términos de su heterogeneidad, multidimensionalidad y el contexto sectorial”.

yady-barrero-amorteguiSegún la profesora Barrero, invitada al ciclo de conferencias Economía y Género, una alianza entre la Red Cultural del Banco de la República y el Grupo de Estudios RegionalesGER– de la Facultad de Ciencias Económicas, al cual pertenece la economista, este reto implica analizar la situación del agro desde lo general y sectorial considerando temas como crecimiento económico, la producción agrícola y pecuaria, y las situaciones relacionadas con pobreza y empleo, pero también considerar aspectos como la participación de las mujeres rurales en desafíos como la posesión de activos productivos y el trabajo de cuidado. 

En la foto: la profesora del Departamento de Economía, Yady Barrero Amórtegui

En general, podemos decir que Colombia es un país de pequeños productores, pues un 87% de la población rural está dedicada a la agricultura familiar y aporta entre el 45% y el 68% a la producción agrícola total.  Sin embargo, estos pequeños productores sufren de una situación más precaria que los habitantes urbanos en términos de mayores índices de pobreza monetaria y monetaria extrema. 

De hecho, la pobreza multidimensional afecta al 37.1% de los hogares rurales, mientras que sólo el 12.5% de los hogares que habitan en las cabeceras municipales según el último informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE– (ECV, 2020).

Esta situación se relaciona con el acceso y tenencia de la tierra por parte de los pequeños productores agrícolas, pues sólo el 36% de los hogares rurales cuenta con predios propios y el 70% de las unidades agrícolas, que son propiedad de los campesinos, no superan las cinco hectáreas, limitando así la capacidad de producción, tecnificación y en otros casos acceso al crédito.

Frente a este panorama, datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la AgriculturaFAO–, citados por la economista, indican que para 2017 en Colombia había seis millones de mujeres rurales, las cuales representaron el 9,7% de la población nacional y el 47,2% de la población en las zonas rurales. 

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Adicional, las cifras muestran que la participación femenina en el empleo rural es inferior, con un 39% frente al 72% en el grupo de los hombres, pero las cifras cambian a nivel urbano con una participación   de los hombres en el mercado laboral de 41% frente al 57.2% de las mujeres.  Esto se explica por las labores de apoyo a la producción y las actividades de cuidado por parte de la mujer rural que no son contabilizadas en términos económicos.

De otro lado, si bien la tenencia de la tierra para las mujeres rurales en Colombia no muestra graves dificultades en términos de brecha de género, las diferencias de género se evidencian en el tamaño promedio de los predios y en el acceso a recursos productivos para mejorar su productividad. 

Según el Censo Nacional Agropecuario, el 79% de las mujeres propietarias de predios agrícolas poseía menos de cinco hectáreas, y sólo el 7,3% de las mujeres productoras hacia 2017 recibieron asistencia técnica y sólo el 12,9% de las unidades de producción agrícola controladas por mujeres contaba con maquinaria para desarrollar su actividad productiva frente al 22% de las unidades manejadas por hombres.

mujer-trabajandoEn tal sentido, la profesora Barrero insistió en la necesidad de asegurar que las mujeres rurales accedan a programas de capacitación, educación y extensión agrícola, no sin antes contar con la provisión de bienes públicos para optimizar su tiempo y el apoyo para reducir o redistribuir el trabajo de cuidado, pues si bien estas y otras necesidades de la población femenina rural están contenidas en la ley 731 de 2002, denominada Ley de Mujer Rural, orientada a mejorar la calidad de vida de las mujeres rurales, a casi 20 años de su promulgación, las directrices aún no han sido reglamentadas.

De hecho, entre los retos que deben asumir las políticas públicas dirigidas a la mujer rural, expresó la académica, es visibilizar su heterogeneidad a partir de reconocerlas como Mujeres Rurales (en plural), entendiendo la diversidad de etnias, territorios, edades y actividad económica, así como condiciones de violencia, conflicto y vulnerabilidad de derechos que sufren en los territorios. 

Finalmente, un aspecto de gran relevancia en el contexto rural es la disparidad en la dedicación a las actividades de cuidado, que generalmente están a cargo de las mujeres, a falta, por ejemplo, de provisión de servicios de cuidado como guarderías y centros de desarrollo y que reduce su participación en la asistencia escolar, afectando notoriamente su acceso a niveles de educación media, técnica, tecnológica y universitaria. 

Para 2018, mientras el 26% las mujeres urbanas habían terminado su educación media y 17.5% culminó su formación universitaria o técnica, en el caso de las mujeres rurales estos porcentajes sólo llegaron al 17% y 3% respectivamente.

A pesar de este panorama y sus desafíos, es necesario reconocer que hay oportunidades importantes para las mujeres rurales, resaltó la profesora Barrero. En primer lugar, el mayor acceso a la educación de las jóvenes rurales y la expansión de su formación profesional puede implicar transformaciones en sus capacidades y en la toma de decisiones para ellas y sus familias, así como mayor generación de ingresos para su autonomía económica.   

Por otro lado, las mujeres rurales colombianas cuentan con una gran capacidad organizativa y de gestión en sus territorios, desde las acciones de reconocimiento de sus derechos, la constitución de redes y las reivindicaciones de su identidad. Si bien, éstos son procesos informales, el fortalecimiento de estos y su vinculación efectiva al fortalecimiento de gobiernos locales y regionales puede constituirse en una oportunidad de desarrollo. 

 

Imágenes tomadas de: www.pexels.com - www.pixabay.com/

 
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