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La supervivencia de las organizaciones modernas se encuentra altamente ligada con la gestión del riesgo, y sistemas como SAGRILAFT, son clave para atender las necesidades actuales de supervisión, autogestión y regulación que requiere el sector real de la economía. 

Por: Lourdes Cruz Cárdenas  -Facultad de Ciencias Económicas-

El Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral para el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva LA/FT/PDADM –SAGRILAFT– busca que las empresas supervisadas por la Superintendencia de Sociedades, prevengan, detecten y corrijan cualquier situación de alto riesgo que materialice los delitos mencionados; implementando procedimientos internos basados en el análisis y control de riesgos.

Este sistema es importante por los riesgos a que se ve expuesta la economía y el sector real, toda vez que, las empresas resultan ser el medio para que las personas naturales, a falta de responsabilidad penal para personas jurídicas, lleven a cabo estos delitos.

Así lo expresó Santiago López Zuluaga, Superintendente delegado para asuntos económicos y societarios de la Superintendencia de Sociedades, e invitado al Seminario Financiero: SAGRILAFT y los programas de ética y transparencia empresarial en el marco de un buen Gobierno Corporativo, organizado por el Departamento de Ciencias Administrativas de la Facultad de Ciencias Económicas.

 “Colombia hoy en día carece de responsabilidad penal para personas jurídicas, eso no significa que las empresas sean ajenas a estas actividades, pero, cuando las empresas son el medio para cometer estos delitos, se generan riesgos de tipo operacional, legal, reputacional y de competencia desleal”.

En tal sentido, la Superintendencia de Sociedades –Supersociedades–, viene avanzando y adecuándose a las recomendaciones de organismos internacionales en esta materia como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico –OCDE–, Grupo de Acción Financiera Internacional –GAFI– y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica –GAFILAT–, que son aplicadas básicamente al sector financiero, pero que tienen implicaciones en empresas dedicadas al manejo de recursos, con el fin de que las necesidades actuales de supervisión, autogestión y regulación tengan un enfoque basado en riesgos.

De manera que, explicó el Dr. López, “hicimos una modificación integral al Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de 2017 o SAGRILAFT 3.0, buscando que la regulación tuviera un enfoque basado en riesgos, se concentrara en la política general de supervisión de la Supersociedades, y contará con una visión más pedagógica, de cumplimiento y prevención”.

La modificación, emitida el 24 de diciembre de 2020 y una nueva circular presentada el 9 de abril de 2021, con el objetivo principal de ampliar los plazos de cumplimiento, tiene entre sus cambios que, sin importar la actividad económica de las empresas vigiladas, son sujetos obligados a cumplir con el SAGRILAFT aquellas firmas con ingresos o activos totales iguales o superiores a 40 mil Salarios Mínimos Legales Vigentes –SMLV–. Asimismo, las empresas que reciban aportes en activos virtuales superiores a 100 SMLV y que no constituyen propiamente la aceptación de criptoactivos.

Este punto, señaló el Dr. López, se refiere a plataformas o servicios de activos virtuales para su custodia o administración, así como participación y provisión de servicios financieros relacionados con la emisión o venta de un activo virtual y el intercambio entre activos virtuales y monedas Fiat (dinero fiduciario), con ingresos anuales superiores a tres mil SMLV y activos totales por cinco mil SMLV.

Otros sectores llamados a cumplir con este sistema de autocontrol y gestión del riesgo son los agentes inmobiliarios, comercializadoras de metales y piedras preciosas, al igual que obras de ingeniería civil, servicios jurídicos, contables y de construcción. 

Ahora bien, las empresas vigiladas y supervisadas, también son sujetos obligados a adoptar Programas de Transparencia y Ética Empresarial –TEE– en el marco de un buen Gobierno Corporativo, donde las personas a cargo del autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, provienen de la junta directiva o el máximo órgano social de la empresa, pasando por el representante legal y el oficial de cumplimiento hasta el revisor fiscal y el auditor interno.

“La facultad de la Supersociedades está enfocada solo en aquellos programas de transparencia y ética empresarial que tienen como objetivo poder mitigar el riesgo de soborno transnacional y, en tal sentido, los objetivos están orientados a prevenir y detectar estas conductas, incentivar una cultura de legalidad y cumplimiento y aplicar criterios de graduación en materia de sanción”, sostuvo López.

Es así como todas las partes involucradas en el esquema de gobernanza corporativa, deben tener en cuenta el régimen de medidas mínimas y los elementos del SAGRILAFT, así como sus etapas (control, gestión, medición, evaluación y monitoreo), que permita tener un sistema efectivo, eficiente y oportuno para prevenir y mitigar los riesgos a que está expuesta la empresa. 

“La importancia de los programas de transparencia y ética empresarial surgen con la ley 1778 de 2016 – art. 7, criterio de graduación, seguido de otras resoluciones y circulares para identificar los sujetos obligados, que permita mejores herramientas para gestionar el riesgo de soborno transnacional. Asimismo, desde el año 2020 se trabaja en el proyecto de Ley Anticorrupción para mitigar conductas vía responsabilidad administrativa de las sociedades”, expresó el Dr. López.

Finalmente, si bien el SAGRILAFT está dirigido al sector real, las empresas que estén sujetas a inspección, vigilancia y control de otra entidad de supervisión, también deben cumplir con instrucciones, como por ejemplo, las dadas en el SARLAFT que cobija a las empresas vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia.

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