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El Consejo de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia expresa de manera pública su rechazo a la invitación realizada por el Consejo Superior Universitario -CSU- al Consejo Académico para reglamentar la normativa referida a los planes de trabajo de los profesores vinculados y ocasionales en función de resolver el problema financiero de la Universidad.

Como Consejo reconocemos y aceptamos que las disposiciones reglamentarias vigentes requieren de un proceso deliberativo y público de revisión y posible modificación; estamos convencidos de que la disparidad entre profesores de medio tiempo y tiempo completo, en términos de la cantidad de horas lectivas, debe ser discutida, así mismo que esta normatividad vigente fue generada en la década de los 80 y no responde a las realidades actuales. Pero no aceptamos el sentido político del mensaje que se está enviando desde el CSU, de que la causa de la actual crisis está en los planes de trabajo (y en los salarios) de los profesores vinculados, y con ello en la contratación de los profesores de cátedra.

Para justificar este nuevo señalamiento de responsabilidades al estamento profesoral, actuales autoridades del CSU hablan ahora de una pérdida del sentido misional de nuestra Alma Mater. Argumento cuya falacia se evidencia con una simple revisión de los procesos de autoevaluación y acreditación en dependencias como la nuestra: un pregrado de Derecho que ha recibido una reacreditación de alta calidad por 8 años; un pregrado de Ciencia Política que ha finalizado de manera exitosa su proceso de reacreditación; la única Maestría en Derecho con modalidad en investigación en todo el departamento de Antioquia que cuenta con acreditación de alta calidad, entre otros.

Pero más allá de estos indicadores, este argumento es falaz desde el sentido ético de los procesos de enseñanza-aprendizaje que, no solo en la Facultad en particular, sino también, en la UdeA en general, aprendimos de Carlos Gaviria: antes de formar conciencias con la aprehensión de conceptos, formamos seres humanos con proyectos plenos de la vida buena, así como ciudadanos críticos para la construcción de democracia. Desde tal sentido ético y en contra del mensaje del CSU, afirmamos que, los profesores no somos ni el problema, ni un simple costo económico, ni mucho menos máquinas reemplazables por la inteligencia artificial -IA-. Somos parte del núcleo esencial de la Universidad y, como tal, exigimos respeto por nuestra autonomía, así como por la conservación de los medios que garantizan nuestras capacidades en la construcción de conocimiento y transformación de realidades. 

Es innegable que la Universidad atraviesa una crisis múltiple que no puede reducirse al problema financiero y que implica volver a preguntarse por el sentido de los estudios universitarios. Gestionar y tramitar los problemas exige tener claridad sobre las causas de estos en sus diversos niveles, logrando así diagnósticos más claros e integrales para plantear soluciones, como, por ejemplo, la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992. Nos preocupa la coincidencia entre varios de los representantes en el CSU en señalar que la causa de la crisis de la Universidad somos los profesores. En ese sentido, asumen que la crisis financiera es un proceso exógeno a ellos y a quienes representan, pues no se están involucrando como causa del problema. La crisis de la Universidad está condicionada por disputas políticas, transformaciones en el marco del modelo neoliberal, falta de planeación, problemas de gestión, desfinanciamiento histórico, entre muchas otras situaciones, que indican que reglamentar los planes de trabajo no es lo central ni la única solución. 

Medellín, mayo 28 de 2025

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
Espíritu Crítico y Compromiso Social
Correo electrónico: derechoypolitica@udea.edu.co
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