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Con la quiebra de Electricaribe, el Estado colombiano quedó con un hueco fiscal importante y, además, perjudicó los servicios de energía de la región caribe colombiana. A raíz de esto, el Gobierno decretó en el año 2019 un cobro de cuatro pesos por Kilovaltio /hora (kW/h) para los estratos cuatro, cinco y seis, del mismo modo para locales comerciales e industrias. Esta medida que se tomó para solventar los problemas financieros que dejó esta compañía, tuvo afectaciones en el bienestar de los hogares los cuales costeaban este cargo.

Por: Sebastían Zapata Urrea -Facultad de Ciencias Económicas-

Electricaribe fue una empresa dedicada a la distribución de los servicios de energía eléctrica en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Cesar, Magdalena y La Guajira. La empresa que funcionó desde 1998 y hasta el año 2020, fue declarada en quiebra y liquidada, esto debido a sus millonarias deudas y el no pago de los servicios por parte de los usuarios.

No obstante, estos usuarios se quejaban constantemente de la labor prestada por la empresa energética, argumentando constantes apagones y fallos en el servicio, además de un excesivo cobro en las facturas; razón por la cual, en muchas ocasiones, los habitantes de los departamentos donde operaba Electricaribe preferían no realizar el pago de estas.

Por tanto, dado que esta compañía prestaba el servicio a siete departamentos, son más de 2,7 millones las personas que se vieron afectadas, por tal razón el Gobierno Nacional tuvo que tomar medidas desesperadas para mitigar la crisis y responder por los problemas financieros causados por la quiebra de esta organización.

Debido a esto, y como previamente se mencionó, se estipuló un cargo en las facturas de energía a los estratos cuatro, cinco y seis; dicho cargo se decretó que sería de cuatro pesos por kW/H, lo que representó un incremento del 1% en el costo de servicios públicos en estos hogares. Adicionalmente, los locales comerciales y las industrias también fueron incluidos en este cobro.

Es importante mencionar que, en Colombia, el pago de los servicios públicos representa aproximadamente el 6% de la participación presupuestaria, razón por la cual el aumento en el cobro de los servicios de energía eléctrica propuesto por el Gobierno, repercute negativamente en los bolsillos de las familias colombianas de estrato medio-alto y en el comercio nacional.

En la foto, el profesor Hassan, investigador invitado al Seminario de Economía

El pasado dos de marzo durante el Seminario de Economía el profesor Andrés Ramírez Hassan de la Universidad EAFIT, expuso su investigación titulada: “Semi-parametric estimation of the EASI model: Welfare implications of taxes identifying clusters due to unobserved preference heterogeneity”.  En la investigación, se analizó la situación del cargo a las facturas de energía y sus consecuencias.

Asimismo, se realizaron estudios econométricos donde se analizaron los consumos de servicios públicos en los hogares de los estratos antes mencionados; con base en información suministrada por el Sistema Único de Información (SUI), sistema que recoge la información de los servicios públicos domiciliarios, y de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

De este modo, se pudo hallar que el cargo en el cobro de energía influyó, en gran medida, en el consumo de los demás servicios públicos. Igualmente, se analizaron variables en el consumo de energía de los hogares de distintas ciudades y estratos. A raíz de esto, se encontró que no hay mucha heterogeneidad en los consumos de servicios públicos, pues las familias presentaron comportamientos muy similares.

Como conclusión de la investigación, se encontró que el cobro del cargo al servicio de energía produjo una pérdida del bienestar del 1% mensual como porcentaje del ingreso de las familias. Es así, como se puede evidenciar que las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para solventar la situación de Electricaribe estaba generando dificultades económicas en los hogares colombianos.

Para cerrar, a finales de 2020 la Corte Constitucional declaró inexequible el artículo donde se expedía el cobro de este cargo, hecho que mejoró el bienestar de los hogares estrato medio-alto que se estaban viendo afectados con el incremento del 1% en cuanto al pago de los servicios públicos domiciliarios. 

Imágenes tomadas de www.pexels.com