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La Universidad atraviesa por una crisis financiera y política innegable que ha llevado a la administración central a publicar una circular y una resolución con medidas de austeridad. Las decisiones vinculantes, aunque necesarias, suelen presentar problemas, en cuanto las mismas implican que alguno o algunos deciden por y para otros, sin que esto signifique que lo dispuesto sea en interés o beneficio de los destinatarios y, a su vez, las consecuencias recaen sobre todos. Por esto mismo, las decisiones tienen costes externos que van desde los opresivos, como la injusticia o la arbitrariedad, hasta los de dispendio, como la incompetencia, ineficacia o ineptitud. 
 
Luego de un proceso deliberativo acucioso con los estamentos profesoral y estudiantil, el Consejo de Facultad consideró que, dada la situación de cohortes represadas y la referida crisis de la Universidad, no era oportuno ofertar la admisión del pregrado de Derecho en Medellín para la cohorte 2025-I. Esto atendiendo, además, a nuestra profunda convicción de que el derecho a la educación superior debe garantizarse en condiciones de calidad. 
 
Para nuestra sorpresa, la administración central desconoció esta consideración al ofertar el pregrado de Derecho en la sede Medellín, para el 2025-I. Decisión que pone en duda la autonomía administrativa de nuestra dependencia académica, la legitimidad del Consejo frente a los estamentos y el peso real de la toma de decisiones colectivas a través de procesos democráticos y deliberativos.  
 
Es por ello que nos preguntamos si romper con este tipo de prácticas que nos han caracterizado como universidad pública representa una medida adecuada para afrontar la crisis o, si la misma, está agudizándola en los términos de costes externos que rayan en la arbitrariedad o el dispendio, en tanto desconocen la situación de la Facultad respecto a sus capacidades y recursos para garantizar de manera adecuada la calidad de la educación de quienes ingresarían en el 2025-I. 
 
El Consejo de Facultad rechaza esta decisión de la administración central de ofertar el pregrado de Derecho en la sede Medellín, para el 2025-I, considerando que esta medida vulnera nuestra autonomía académica y administrativa y, además, genera una expectativa de inicio en el ciclo de formación a quienes aspiran a este pregrado, que solo podrá materializarse, en el mejor de los casos, en el mes de noviembre de 2025. 

Medellín, agosto 27 de 2024